La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos amicus curiae sobre las afectaciones que en diversos ámbitos ocasiona la publicación y entrada en vigor de diversas reformas en materia electoral, conocidas como el plan B.
De esta manera, estas instituciones de la sociedad civil confían en que la información y los argumentos aportados ayuden a que la SCJN suspenda de manera definitiva los efectos de las reformas electorales, revise las distintas demandas de controversia constitucional y acciones presentadas por diferentes actores y declare la inconstitucionalidad del plan B para evitar afectaciones al órgano electoral y a la democracia.
Luego de la entrega de los amicus curiae, la presidenta de la Anade, Nuhad Ponce Kuri, resaltó la importancia de que el máximo Tribunal del país cuente con los elementos técnico-jurídicos de carácter constitucional que le permitan proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, razón por la cual el organismo que encabeza decidió presentar un documento que deje de manifiesto las razones por las cuales el denominado plan B pone en riesgo la privacidad y la protección de datos personales y apuntó que “no puede haber bienestar social sin una democracia sólida”.
En tanto, Isabel Davara Fernández de Marcos, vicepresidenta del INCAM, aseguró que “como abogados, nos honramos en acudir en auxilio de la ciudadanía”, y que el vehículo de amicus curiae permite el ofrecimiento de argumentos técnico jurídicos, de fondo, en defensa del Estado de Derecho, sus instituciones y los derechos humanos, como única alternativa al Estado de la fuerza.
Por su parte José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, dijo que los tres organismos comparten una firme creencia en la democracia y en su rol desde la sociedad civil para defenderla.
Enfatizó que al acudir a presentar estos amicus curiae demostraban la confianza que estas instituciones tienen en la SCJN, al tiempo de respaldar el trabajo de las ministras y ministros quienes –aseveró– “estamos seguros que resolverán con independencia, profesionalismo y apego a la Constitución”.
Asimismo, señaló que a pesar de que hoy la separación de poderes está a prueba, “tenemos clara la certeza de que la vigencia de la ley va a prevalecer sobre cualquier presión externa o índole política”.
En un comunicado conjunto, Anade, INCAM y Coparmex recalcaron que confían en que la información y los argumentos aportados ayuden a que la SCJN suspenda de manera definitiva los efectos de la citada reforma electoral, revise las distintas demandas de controversia constitucional y acciones presentadas por diferentes actores y declare la inconstitucionalidad del “plan B” para evitar afectaciones al órgano electoral y a la democracia.
Explicaron que con una perspectiva jurídica-ciudadana, entre otras cosas, los amicus curiae destacan las graves infracciones al procedimiento legislativo, principalmente en lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de las reformas electorales.
Los escritos precisan, además, que el trámite de aprobación de ambos decretos fue atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática. “Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, se asegura en uno de ellos.
Además, se explica que aun cuando el plan A (es decir la reforma constitucional) fue rechazado por el Congreso, el gobierno federal le dio la vuelta a través de los cambios a las leyes secundarias -lo que conocemos como el plan B- que es en sí, un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país. “Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”.
Otro de los argumentos presentados se refiere a las violaciones a la autonomía constitucional, pues la reforma ordena decisiones que corresponden solo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y no al Poder Legislativo.
Adicionalmente, aborda la perspectiva de los costos del sistema electoral y advierte que los ahorros son inciertos, por lo que los argumentos de la exposición de motivos de la reforma, adolece de un estudio serio que permita cuantificarlos de forma real. Por ello, la desaparición de áreas o la contratación de terceros no necesariamente tienen como resultado la optimización de los recursos.
Dado que las juntas distritales y locales son las que organizan las elecciones y controlan la integridad de los procesos, poner en manos de trabajadores eventuales estas tareas implica un rompimiento con el principio constitucional de certeza jurídica. “La logística de la elección está en riesgo. Supone un retroceso a la confianza ciudadana que detonará problemas entre dirigencias políticas”.
En cuanto al voto de mexicanos en el extranjero, la reforma plantea que sea el Poder Ejecutivo -y no el Instituto Nacional Electoral (INE)- quien, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), maneje el padrón respectivo en los procesos electorales mediante un proceso de credencialización.
En ese sentido, en el escrito se explica que abrir la posibilidad de aceptar el pasaporte como una identificación sustituta para votar debilita el control de las listas nominales, aunado a que la reforma electoral no establece aspectos clave para la recepción de votos en los consulados, la instalación de casillas, el manejo de paquetes electorales ni la autoridad encargada del recuento sin representantes de partidos.
El plan B también vulnera el derecho humano a la protección de datos personales, previsto en el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, en virtud de que la figura del “flujo de información institucional” permite que toda la información institucional que obra en poder del INE sea consultada por organismos públicos y partidos políticos sin que se hayan previsto garantías de seguridad adecuadas.
La previsión de que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) se instalen en bienes de dominio público pone en riesgo la confidencialidad y seguridad de los datos personales. La previsión de que el tratamiento indebido de datos personales no dará lugar a sanciones, tal como lo es el caso de un ciudadano afiliado a un partido político sin su consentimiento, fomenta la existencia de múltiples afiliaciones originadas con motivo de un tratamiento ilícito de datos personales.
La posibilidad de inscripción en el Padrón Electoral de personas mexicanas que residan en el extranjero sin la necesidad de contar con credencial para votar vulnera el deber de seguridad de los datos personales. En tanto se afecta la integridad del Padrón Electoral y la autonomía presupuestaria y de gestión del INE, se compromete la implementación y mantenimiento de las medidas de seguridad adecuadas, necesarias y suficientes para proteger los datos personales bajo posesión del Instituto.
Los amicus curiae fueron firmados por Nuhad Ponce Kuri, presidente de la ANADE; Isabel Davara Fernández, vicepresidenta del INCAM; Arturo Pueblita Fernández, presidente del INCAM; Elsa Margarita Pazo González, presidenta del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex; Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, integrante del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex y José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación.
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