Después de casi cuatro años, este mes de septiembre el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) notificó el inicio de un procedimiento administrativo contra seis consejeros electorales –tres titulares y tres exconsejeros– por haber votado, el 17 de diciembre de 2021, en favor de aplazar temporalmente los preparativos de la Revocación de Mandato promovida por Morena, debido a un recorte presupuestal de tres mil 830 millones de pesos al árbitro electoral.
El 17 de diciembre de 2021, el Consejo General del INE votó a favor de posponer temporalmente los trabajos de organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión fue tomada por seis de los 11 consejeros presentes: Lorenzo Córdova (presidente en funciones), Ciro Murayama, Roberto Ruiz Saldaña, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera. Argumentaron que el recorte presupuestal de tres mil 830 millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados para 2022 impedía garantizar la certeza y cobertura territorial del ejercicio.
La decisión generó una inmediata reacción política. Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados y legislador por Morena, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros que votaron a favor del aplazamiento. La denuncia fue retirada poco después por Gutiérrez Luna, quien reconoció que la acción había sido precipitada.
Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, fue la consejera Dania Ravel quien hizo público que el 18 de septiembre de 2025 recibió notificación del Órgano Interno de Control (OIC) del INE sobre el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en su contra. Este procedimiento está relacionado con su voto en la decisión colegiada del Consejo General del INE en diciembre de 2021, en la que se pospuso temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato.
Ravel destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la actuación del INE en ese proceso. La consejera expresó su preocupación por el precedente que podría sentar este procedimiento, al considerar que podría inhibir la independencia de criterio de los miembros del órgano colegiado del INE.
Destacó que “cuatro años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada”.
Además, la consejera consideró que perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los Acuerdos y Resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”.
En tanto, el consejero Jaime Rivera calificó la apertura del expediente como un acto irregular y señaló que el procedimiento administrativo se originó por el voto que él y otros cinco consejeros emitieron en diciembre de 2021 para posponer temporalmente los trabajos de organización del proceso de consulta de revocación de mandato.
Por otro lado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió al expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que retire la demanda que interpuso en 2021 en contra de los consejeros que votaron por suspender temporalmente la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna dijo que aunque en la ley no existe la figura de desistimiento a las denuncias que interpuso ante seis consejerías, enviaría un escrito al Órgano Interno de Control exponiendo que sus quejas ya no tienen sentido.
La SCJN y el TEPJF validaron la actuación del INE en ese proceso. La audiencia para presentar alegatos está programada para el 8 de octubre de 2025, esta situación podría sentar precedente y ser un factor para inhibir la independencia de criterio de los miembros del órgano colegiado del INE.
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