La nueva era judicial inició este 1 de septiembre, con nueva integración, nuevos ritos y nueva dinámica. Desde temprano, el país fue testigo de un despliegue de simbolismos inéditos que marcaron el arranque de una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovada y rodeada de expectativas, críticas y dudas sobre su independencia.
Como nunca antes en la historia de se llevó a cabo un ritual de purificación en las instalaciones de la Corte y la consagración de bastones de mando en la zona arqueológica de Cuicuilco. Los nueve ministros entrantes participaron en estas ceremonias que han sido cuestionadas por su teatralidad y por el uso político de emblemas indígenas. Así, desde su llegada, el nuevo Poder Judicial quiso enviar el mensaje de que el cambio no sólo es legal y político, sino también cultural.
Los ministros de la nueva Corte iniciaron su primer día de labores en la Zona Arqueológica de Cuicuilco con la celebración de una “ceremonia de Consagración de los Bastones de Mando, en la que participaron médicas tradicionales, marakame, caracolero y familiares de los ministros”, indica una tarjeta informativa de la SCJN.
Añade que el significado cultural y político de esta ceremonia “tradicional representa el reconocimiento solemne y ceremonial de los pueblos originarios hacia las ministras y ministros de la nueva integración de la SCJN; simboliza la confianza, esperanza y legitimidad que los pueblos originarios depositan en sus liderazgos.
“Se incorpora también un simbolismo espiritual y de cosmovisión, a través de la voz, la energía, la justicia, la unidad, la fuerza y la sabiduría colectiva. Representa la rectitud, el equilibrio, la vida y el tiempo. Esta ceremonia está vinculada con el árbol sagrado, los cuatro rumbos del universo y la cultura del maíz”.
Durante la ceremonia, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, aseguro a los integrantes de los pueblos originarios que participaron en el ritual que a los ministros “no los va a guiar el poder y el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes y hoy es una muestra palpa de que hay un compromiso en esa dirección”.
Horas antes de rendir protesta en el Senado, la SCJN publicó la fotografía oficial de sus nueve integrantes, todos vestidos con la tradicional toga negra, aunque la del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, destacaba por los coloridos atuendos indígenas nunca antes usados.
Alrededor del mediodía, las actividades se trasladaron al Zócalo capitalino, donde se llevó a cabo la entrega pública de los bastones de mando en una ceremonia que combinó discursos con danzas tradicionales, como sucedió en la toma de protesta tanto del anterior presidente como de la actual mandataria federal, un sello distintivo de su corriente política.
Las 881 personas juzgadoras entre los nueve flamantes ministros de la SCJN, magistrados y jueces electos fueron citados en el Senado de la República para tomar protesta formal de sus cargos, en sesión del pleno a la que previamente los integrantes de Grupo Parlamentario del PRI habían anunciado que no asistirían, mientras que los senadores de Movimiento Ciudadano confirmaron con antelación su asistencia, no sin antes aclarar que su presencia no implica un aval irrestricto.
En tanto, el PAN a través del coordinador de la bancada blanquiazul, Ricardo Anaya, informó que su bancada llegó a un acuerdo para solicitar formalmente a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva del Senado el uso de la palabra durante la ceremonia de toma de protesta de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás personas juzgadoras.
Nuevos y viejos rostros
La integración de la nueva SCJN está conformada por nueve ministros electos por voto popular el pasado 2 de junio, con cinco mujeres y cuatro hombres. Entre ellos, destacan nombres de amplia visibilidad como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas con vínculos estrechos con Morena. La excepción aparente es Giovanni Azael Figueroa, un académico con trayectoria independiente, aunque con escaso peso político frente a las figuras más experimentadas del bloque dominante.
El origen de este cambio se remonta a la reforma judicial de 2024, que redujo de 11 a nueve el número de ministros, eliminó las salas especializadas y estableció que todos los jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto ciudadano. Aunque el discurso oficial presentó la medida como un avance hacia la democratización del Poder Judicial, los críticos advierten que el resultado fue la captura total de la institución por el partido en el poder, Morena.
Más allá de los nombres y los simbolismos, los retos de esta nueva Corte son enormes. El Poder Judicial inicia esta etapa con más de ocho mil asuntos pendientes sólo en el máximo tribunal y más de 550 mil expedientes rezagados en los juzgados y tribunales federales. La eliminación de la carrera judicial, que garantizaba la preparación técnica de los juzgadores, ha generado vacíos en la operación y preocupación entre especialistas por la falta de experiencia en algunos nombramientos.
En una tarjeta informativa, la SCJN destacó que esta integración no sólo cumple con la paridad de género, sino que representa una oportunidad histórica para acercar la justicia al pueblo. Los discursos de los nuevos ministros insistieron en esa narrativa. Yasmín Esquivel habló de legitimidad democrática, Loretta Ortiz de justicia social, y Sara Irene Herrerías de una justicia ágil y cercana. Sin embargo, las palabras contrastan con la realidad de un Poder Judicial en el que la mayoría de sus integrantes llegaron impulsados por un mismo grupo político.
Esta nueva Corte no solamente es inédita por la manera que se conformó a través del voto popular, con una muy baja participación ciudadana, con cuestionamientos, por parte de la sociedad civil, de su integridad, conocimiento y probidad por los llamados “acordeones” y cercanías con grupos políticos que ponen en entredicho si en realidad actuarán con autonomía o serán controlados por el grupo mayoritario en el poder.
La verdadera prueba no será en los rituales ni en las fotografías oficiales, sino en las sentencias que emita y en su capacidad para demostrar que la independencia judicial sigue siendo posible en medio de un entorno cada vez más centralizado.
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