En el marco del más reciente periodo extraordinario de sesiones del Congreso mexicano, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —conocida como Ley Antilavado— fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en junio de 2025. Esta reforma tiene un objetivo crucial: actualizar la legislación mexicana en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, alineándose con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa responde a una creciente presión de organismos internacionales y de la realidad económica mexicana, donde el uso de criptomonedas y los flujos financieros no regulados se han convertido en canales utilizados por el crimen organizado y por redes terroristas.
¿Qué dice la iniciativa?
La reforma a la Ley Antilavado, aprobada con amplio consenso parlamentario el pasado 18 de junio de 2025, amplía el espectro de actividades consideradas vulnerables e introduce nuevas disposiciones específicas para el manejo de activos virtuales, particularmente las criptomonedas.
Entre los principales puntos destacan:
- Inclusión de criptomonedas como objeto de supervisión y regulación financiera.
- Endurecimiento de sanciones: multas más altas y mayor penalización por incumplimiento.
- Fortalecimiento de las medidas de debida diligencia en instituciones financieras y empresas que operen con activos digitales.
- Establecimiento de nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
- Reforzamiento de los mecanismos de reporte e identificación de operaciones sospechosas.
“La reforma busca cerrar las grietas por donde el crimen organizado y los terroristas financian sus operaciones. El uso de activos virtuales sin regulación había dejado un vacío legal enorme”, explicó la senadora Minerva Hernández Ramos, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado.
¿Por qué fue impulsada?
El detonante principal de esta reforma fue el informe de evaluación del GAFI de 2022, donde México fue calificado como un país con deficiencias significativas en la regulación de criptomonedas y en el combate al financiamiento al terrorismo. La inclusión de estos temas en la agenda legislativa se volvió urgente para evitar sanciones económicas y la posibilidad de ser incluido en la “lista gris” del organismo, lo que habría dañado la inversión extranjera y la reputación internacional del sistema financiero mexicano.
“La falta de controles sobre activos virtuales nos exponía a riesgos reales, no solo de lavado de dinero, sino de que esos recursos terminen financiando actos de violencia y desestabilización”, señaló Mauricio Merino Huerta, experto en políticas públicas y anticorrupción.
Riesgos, críticas y consecuencias negativas
A pesar de la buena acogida institucional, diversos expertos han levantado alertas sobre los posibles riesgos e impactos colaterales de esta reforma:
- Impacto en la innovación financiera: algunos empresarios del ecosistema fintech advierten que la sobrerregulación podría desincentivar la innovación tecnológica y la adopción de criptomonedas legítimas.
- Riesgo de excesivo control gubernamental: organizaciones civiles han manifestado su preocupación sobre el potencial uso de estas herramientas para espiar transacciones de ciudadanos sin orden judicial.
- Costo de cumplimiento: para muchas pequeñas empresas, los requisitos adicionales de reporte y diligencia podrían representar un incremento en sus costos operativos.
“La clave está en un equilibrio: perseguir el delito sin estrangular la innovación ni vulnerar derechos fundamentales”, advirtió en entrevista Paulina Gómez Robles, directora de la ONG México Transparente.
Fortalezas y beneficios
Por otro lado, las ventajas de la reforma son también claras y relevantes:
- Cumplimiento internacional: con esta reforma, México se ajusta a las 40 recomendaciones del GAFI y evita sanciones multilaterales.
- Fortalecimiento del Estado de Derecho: se busca combatir no solo el narcotráfico sino también las redes de trata de personas y tráfico de armas, que frecuentemente usan sistemas financieros opacos.
- Mayor seguridad para usuarios legítimos de criptomonedas, quienes podrán operar en un entorno más transparente y confiable.
El crimen avanza con la tecnología y las leyes deben avanzar a la par. Esta reforma era impostergable, según algunos expertos relacionados con la ABM
¿Cómo afectará a los ciudadanos comunes?
Una de las grandes preocupaciones sociales es cómo esta reforma impactará en la vida cotidiana de las personas. Los cambios que los ciudadanos podrían notar incluyen:
- Usuarios de criptomonedas deberán verificar sus identidades ante plataformas locales, eliminando el anonimato total.
- Transferencias mayores a ciertos montos estarán sujetas a revisión, lo que podría implicar retrasos o bloqueos si no se cumplen requisitos.
- Las empresas que operen con activos digitales tendrán que cumplir estrictos controles de identificación de clientes (KYC) y de origen de recursos, lo que podría traducirse en comisiones más altas o mayores exigencias documentales para los consumidores.
- Sanciones penales más severas para personas involucradas en operaciones de financiamiento ilícito, lo que podría incluir no solo criminales sino personas que presten cuentas o datos a terceros sin saberlo.
Un caso ejemplar es el de Luis Eduardo Martínez, joven emprendedor de Querétaro, quien opera una tienda en línea que acepta pagos en criptomonedas. “Por un lado está bien que haya control, pero el temor es que se vuelvan tan engorrosos los requisitos que terminen ahuyentando a los clientes o limitando las ventas”, comenta preocupado.
La Reforma a la Ley Antilavado representa un paso significativo para que México cumpla con los estándares globales en la lucha contra los delitos financieros y el terrorismo. Sin embargo, el desafío radica en implementar estas medidas sin caer en excesos que puedan frenar la innovación, restringir libertades o aumentar la burocracia.
El paquete de leyes aprobadas en este periodo extraordinario refleja un Estado mexicano que busca mayor control y profesionalización de los sistemas de seguridad y justicia, pero también plantea interrogantes sobre el balance entre seguridad, privacidad y dinamismo económico.
La participación ciudadana, el seguimiento crítico de estas reformas y la vigilancia de su implementación serán fundamentales para garantizar que estas leyes sirvan realmente a la sociedad y no se conviertan en herramientas de control o de estancamiento económico.
Como concluye Paulina Gómez Robles: “La seguridad no puede comprarse al precio de la libertad ni de la innovación. La vigilancia ciudadana será tan importante como la propia ley”.
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