La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó este fin de semana la salida de Pablo Gómez Álvarez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en el país, al dejar el cargo pasará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La noticia no fue acompañada de un mensaje institucional ni de una presentación pública del nuevo encargado de la UIF, sólo de un boletín de la Presidencia, lo que ha despertado suspicacias en sectores políticos y financieros. ¿Por qué sale Pablo Gómez justo cuando se discuten reformas clave y tras señalamientos internacionales de posibles omisiones en investigaciones financieras? ¿Y por qué el relevo ocurre de forma tan discreta?
Pablo Gómez Álvarez nació en la Ciudad de México en 1946, es un economista con una larga trayectoria en la izquierda mexicana. Fue dirigente estudiantil en el movimiento de 1968, preso político durante tres años, líder partidista y legislador en múltiples periodos. Militó en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que llegó a presidir de forma interina y desde 2017 se integró a Morena.
En noviembre de 2021 fue nombrado titular de la UIF en sustitución de Santiago Nieto. Con este nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó colocar a un político leal, con experiencia legislativa y discurso anticorrupción, al frente de un organismo que comenzaba a ganar visibilidad por su papel en el combate a delitos financieros de alto impacto.
Durante su gestión, Gómez impulsó investigaciones contra exfuncionarios del PRI y del PAN, figuras del Poder Judicial y organizaciones civiles. También denunció transferencias millonarias desde el extranjero hacia Organizaciones No Gubernamentales (ONG) mexicanas, lo que generó confrontaciones con jueces y activistas. No obstante, su administración también fue criticada por no detectar oportunamente operaciones señaladas por agencias extranjeras, como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera, creada en 2004 como parte de la estructura de la Secretaría de Hacienda, es responsable de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de rastrear flujos financieros vinculados a delitos como corrupción, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
Su poder reside en la capacidad de analizar reportes de operaciones sospechosas provenientes de bancos, casas de bolsa, notarios, aseguradoras y otras entidades financieras. Con esos datos, la UIF elabora reportes confidenciales que pueden derivar en denuncias penales, congelamiento de cuentas o colaboraciones con autoridades nacionales e internacionales.
Aunque no tiene facultades para acusar directamente ante jueces, sí puede ejercer una presión significativa al bloquear recursos y colaborar con fiscalías. En gobiernos recientes, se convirtió en una herramienta de alto perfil político, usada tanto para combatir la corrupción como, según lo aseguran críticos, para exhibir o presionar adversarios.
Por esa razón, el titular de la UIF no es un operador técnico cualquiera: tiene acceso a información financiera delicada, puede influir en decisiones de alto nivel y opera en una delgada línea entre la autonomía y la subordinación política.
¿Lealtad con México?
Durante casi cuatro años, Pablo Gómez mantuvo una gestión combativa, con un tono más político que técnico. Denunció públicamente a jueces que consideraba “proteccionistas” con el crimen financiero, defendió investigaciones contra figuras de oposición y transparentó operaciones con organismos de la sociedad civil.
Sin embargo, sectores financieros y diplomáticos han señalado que, bajo su liderazgo, la UIF fue menos efectiva frente a grandes estructuras de lavado de dinero. Un ejemplo reciente es el caso documentado por autoridades estadounidenses que involucra a grupos financieros mexicanos y posibles vínculos con empresas offshore. Pese a los indicios, la UIF no había reportado avances en esas investigaciones, lo que generó críticas sobre su eficacia o, incluso, su independencia.
Además, la cercanía política de Gómez con el obradorismo generó dudas sobre el uso imparcial de la unidad. Aunque él defendió que actuó con autonomía, la oposición lo vio como un funcionario ideologizado y, en ocasiones, más interesado en la narrativa que en los resultados procesables.
La salida de Pablo Gómez no pasó desapercibida en círculos políticos. Dirigentes del PAN y el PRI cuestionaron la forma en que fue removido: sin anuncio oficial, sin balance de gestión y sin nombramiento inmediato de un sucesor. Para ellos, esto revela una decisión repentina y posiblemente derivada de presiones internas o externas.
Legisladores opositores también interpretan su nuevo cargo como coordinador de la Comisión para la Reforma Electoral, como un “ascenso simbólico”, sin funciones reales de decisión. Aseguran que se trata de una “salida decorosa” que busca alejarlo de una unidad incómoda, justo cuando hay investigaciones delicadas en curso.
En contraste, desde Morena se ha insistido en que Gómez será clave en el rediseño institucional del sistema electoral y que su experiencia será fundamental para construir consensos. Sin embargo, no se ha explicado por qué deja la UIF sin cerrar públicamente los procesos en los que participaba.
Sheinbaum da a conocer a sustituto
En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF.
Reyes Colmenares es abogado y se ha desempeñado en puestos como la oficina central de la Interpol en México, de la Fiscalía General de la República (FGR), además es un personaje a quien se le identifica como muy cercano a Omar García Harfuch.
Sheinbaum Pardo aseguró que se trata de un “especialista en inteligencia y es un muy buen perfil”.
Además, señaló que “es un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de Centros Penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo como responsable de los centros penitenciarios”.
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