En México, las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos lo hacen sin garantías de seguridad, sin reconocimiento institucional y en medio de un entorno hostil que las criminaliza y pone en riesgo sus vidas. Así lo advirtió esta semana el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al presentar su más reciente análisis sobre la situación de las mujeres mexicanas, en el marco de su sesión celebrada en Ginebra, Suiza.
El informe no sólo reconoce la importancia de estas mujeres como agentes clave en la lucha por la verdad y la justicia, sino que también lanza una alerta grave: México no está cumpliendo con su deber de protegerlas. La desaparición sistemática de personas en el país —que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas— ha dado origen a un movimiento ciudadano encabezado principalmente por madres, hermanas y esposas que se organizan para buscar a sus seres queridos. Sin embargo, su labor se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
“Estas mujeres recorren campos, hospitales, fosas clandestinas y morgues, enfrentando amenazas, agresiones, desplazamiento forzado y asesinatos”, denunció el Comité. Entre 2010 y 2024, al menos 22 mujeres buscadoras fueron asesinadas, lo que refleja un patrón sistemático de violencia y desprotección institucional. A ello se suman constantes actos de hostigamiento, estigmatización y criminalización de su labor, sin que se sancione a los responsables.
El CEDAW fue enfático: sin castigo para los agresores, el Estado mexicano expone deliberadamente a estas mujeres a una violencia estructural e injusticia cotidiana. La impunidad, subrayó, no es un accidente sino una consecuencia directa de la falta de voluntad política.
El documento recomienda que las buscadoras sean reconocidas de manera formal como defensoras de derechos humanos, y que sean integradas al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, no como respuesta tardía a una agresión, sino como medida preventiva ante los riesgos que enfrentan por su labor. “Sólo así se avanzará hacia la eliminación de la impunidad”, sentenció el Comité.
Además, urgió a diseñar protocolos colectivos de protección, que respondan específicamente a las condiciones de búsqueda: traslados a zonas de riesgo, exhumaciones de restos en fosas clandestinas, ingreso a instalaciones forenses o visitas a hospitales. Estas medidas, argumentó, deben contar con enfoque de género y coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
El CEDAW también hizo un llamado a investigar de forma exhaustiva y rápida todos los abusos cometidos contra las buscadoras, tanto por parte de organizaciones criminales como de agentes del Estado. La falta de seguimiento y sanción ha alimentado la impunidad y el abandono.
Este año, diversas colectivas de buscadoras llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acusaron a las autoridades mexicanas de negarles protección, ignorar sus denuncias y mantener una actitud de simulación ante su tragedia. Exigieron, entre otros puntos, transparencia en las investigaciones, sanción para los agresores y resultados concretos por parte del Mecanismo de Protección.
Si bien el Comité reconoció algunos avances en materia de igualdad formal, como leyes y programas orientados al reconocimiento de derechos de las mujeres, señaló que los resultados son todavía limitados, y que muchas de las recomendaciones internacionales siguen sin cumplirse.
Entre las más urgentes, se encuentran: una tipificación penal uniforme de la desaparición forzada, la mejora y simplificación de los protocolos de alerta temprana, y el desarrollo de registros y estadísticas confiables que permitan evaluar la magnitud del problema y diseñar políticas públicas eficaces.
El informe concluye que mientras persista la falta de rendición de cuentas y seguimiento efectivo a estas recomendaciones, la impunidad seguirá reinando y las mujeres buscadoras seguirán pagando con su vida el precio de buscar a los suyos.
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