Aprueba Senado reformas para impulsar contratación de adultos mayores

Con la intención de fomentar la contratación de personas adultas mayores y que las empresas cuenten al menos con cinco por ciento de este sector poblacional en su plantilla laboral, el pleno del Senado avaló modificaciones a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.

En nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la senadora Patricia Mercado explicó que el proyecto fue remitido al Senado por el Congreso de Baja California, a quien reconoció el interés por dar oportunidades laborales a todas las personas adultas mayores para obtener ingresos.

Destacó que actualmente el mercado laboral es muy limitado para la llamada tercera edad, ya que no se abren espacios dentro de las plantillas laborales en que se puede aprovechar su experiencia y sus habilidades; cuando ocurre, suele ser en condiciones precarias.

Apuntó que de acuerdo a la reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay dos tercios de las personas adultas mayores económicamente activas que perciben entre cero y dos salarios mínimos. “Sí, tenemos a dos de cada tres personas adultas mayores trabajando para sobrevivir”, resaltó.

Asimismo, señaló que siete de cada 10 personas adultas mayores ocupadas están en la informalidad, lo que es un enorme problema para que puedan contar con instrumentos de protección social, especialmente en una edad en que son más necesarios por la prevalencia de distintos padecimientos.

“Vivir el desempleo no es lo mismo en la juventud que en la vejez”, pues para los adultos mayores hay demasiadas solicitudes de trabajo rechazadas o ignoradas y ante esa desesperación se ven obligadas a aceptar cualquier cosa, enfatizó Patricia Mercado.

La legisladora dijo que este problema es más crítico para la población de 70 años, ya que el 43 por ciento de las personas de entre 60 y 69 años están dentro de la población económicamente activa.

La legisladora indicó que el dictamen proponía un porcentaje de contratación de mínimo cinco por ciento de personas adultas mayores en los centros laborales con más de 20 personas trabajadoras.

Destacó que actualmente existen 17 millones de personas mayores de 60 años; de ellas, casi seis millones se encuentran trabajando y cerca de 85 mil buscando alguna oportunidad de empleo.

Esta propuesta sería aplicable a menos del cinco por ciento de las empresas del país, pues como sabemos la gran mayoría, el 95 por ciento son empresas pequeñas de menos de 20, entonces estamos hablándole a ese cinco por ciento de también pequeñas empresas, pero no micros, medianas y grandes empresas. Podría tener impacto en un máximo de 245 mil empresas, muchas de las cuales ya emplean a un porcentaje significativo de personas adultas mayores”, aclaró.

Finalmente, destacó que con esta reforma no se aumentará la carga para las empresas, sino que promoverá una distribución más pareja de los empleos.

Por su parte, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, mencionó que a pesar de que México ha firmado diversos instrumentos internacionales, en el país existe un problema grave de desempleo para las personas adultas mayores, pues por su condición física muchos empleadores ya no los contratan. 

La senadora del PAN indicó que de acuerdo con cifras oficiales en México hay más de 15 millones de personas de 60 años o más, de los cuales, un porcentaje muy importante de ellos vive en condiciones desfavorable y sólo 41 por ciento son económicamente activos.

“En nuestro país, la edad del retiro laboral oscila entre los 60 y 65 años de edad; sin embargo, en muchas ocasiones las personas se ven en la necesidad de continuar laborando, en algunos casos porque no cuentan con un régimen de pensión o seguridad social y en otros porque aun cuando la tengan, esta resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas”.

Finalmente, señaló que la gran importancia de esta reforma, radica en garantizar oportunidades laborales para las personas adultas que les permita cubrir sus gastos mínimos, tener vestido, alimentación, acceso a la salud y muchos otros derechos que requieren.

El proyecto se turnó a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.

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