Para evidenciar las irregularidades del proceso electoral judicial y demostrar que por sus graves deficiencias nunca debieron implementarse, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) junto con las organizaciones civiles Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C., instaron a la ciudadanía a vigilar los comicios que se celebrarán el próximo domingo 1 de junio.
En conferencia de prensa conjunta, los representantes de los organismos de la sociedad civil coincidieron en calificar como “error histórico” la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular bajo los parámetros actuales, toda vez que ponen en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México.
El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, aseguró que “México necesita un Poder Judicial confiable pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos. No estamos en contra de modernizar el Poder Judicial; estamos en favor de un sistema de impartición de justicia basado en el mérito, la legalidad y la independencia”.
Asimismo, condenó que muchos de los inscritos como observadores electorales aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) estén ligados a partidos políticos, pues destacó que la figura de observadores electorales es una herramienta ciudadana, “no un instrumento de simulación” que pueda utilizarse por intereses partidistas para beneficiar a determinados candidatos, por lo que exigió a las autoridades competentes aplicar las sanciones y acciones que correspondan conforme a la ley.
Por su parte, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, expuso las deficiencias del marco normativo electoral entre las que denunció la existencia de candidatos con antecedentes que incumplen los requisitos de idoneidad, resaltó la complejidad de las reglas para conocer los perfiles de los aspirantes a los puestos judiciales, además de que indicó que las reglas se han elaborado sobre la marcha generando incertidumbre sobre el proceso.
Ante ello, aseguró que las elecciones han perdido legitimidad. “Creemos que ha habido cambios sustanciales: la modificación en los topes de gastos, las cantidades, los recursos que tienen que aportar los propios candidatos, que genera una gran inequidad”, recalcó.
En tanto, Alejandra Quezada, coordinadora de investigación de la organización Juicio Justo, explicó cómo desde la sociedad civil impulsa herramientas concretas para fortalecer la vigilancia ciudadana el día de las elecciones, en este sentido informó que Juicio Justo desarrolló formatos para la observación de la jornada electoral y del cómputo de los votos, con el fin de que las personas interesadas en sumarse a este esfuerzo sepan qué observar para que sea posible contar con un número significativo de observaciones homogéneas, que, idealmente, nos permitan realizar comparaciones entre estados y casillas.
A su vez, Miguel Alfonso Meza, activista y presidente de Defensores, A.C., hizo un llamado a la ciudadanía para no permanecer al margen frente al deterioro institucional “como ciudadanos, aunque no estemos de acuerdo con esta situación, tenemos que hacer una resistencia moral activa, una resistencia política activa”.
Apuntó que hasta ahora esta asociación civil se ha enfocado en detectar a las candidaturas riesgosas, lo que reconoció que ha sido posible solo gracias a los ciudadanos.
Improvisada y con parches
Los participantes en la conferencia de prensa coincidieron en afirmar que la reforma judicial ha sido acompañada de un proceso sin precedentes, en el que la improvisación, la falta de filtros y la ausencia de transparencia configuran un escenario de riesgo para la democracia. Con una reducción del 50 por ciento de casillas, una boleta técnica compleja y fallas persistentes en la plataforma del INE, el contexto electoral impide a la ciudadanía votar con información suficiente y limita su capacidad de elección informada.
Adicionalmente, el conteo de votos se realizará en consejos distritales, sin cadena de custodia efectiva ni participación de representantes de las candidaturas, lo que abre la puerta a la manipulación de resultados. El periodo de revisión de 10 días, sin vigilancia efectiva, puede ser aprovechado para alterar el resultado final y vulnerar la voluntad ciudadana.
Indicaron que por los riesgos que implica el proceso electoral en ciernes, Coparmex, Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C. se comprometieron a desplegar observadores en todo el país, documentar cada etapa del proceso, evaluar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades electorales y analizar la idoneidad de los perfiles ganadores. Su misión será proponer iniciativas que fortalezcan un sistema judicial profesional, imparcial e independiente, alejado de intereses políticos o criminales.
Subrayaron que el objetivo compartido es claro: proteger la independencia judicial como pilar de la democracia y motor de la inversión. A través de la observación activa, buscarán prevenir el surgimiento de jueces capturados por intereses ilegítimos, frenar sentencias populistas y evitar que la justicia se convierta en un instrumento de presión política o mediática.
Añadieron que en esta elección en la que no habrá representación en casillas, la observación ciudadana será la única línea de defensa de la legalidad electoral. La historia recordará si la sociedad actuó con firmeza o si permitió que la justicia fuera tomada por intereses ajenos al derecho.
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