En México, millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, sin contratos escritos, sin vacaciones, sin horarios definidos ni salarios dignos. Esta es la realidad de la informalidad laboral, un fenómeno que persiste como uno de los mayores desafíos estructurales del país y que, a pesar de los discursos oficiales, mantiene en la precariedad a más de la mitad de la población ocupada.
La informalidad laboral en México no es una rareza: es la norma. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al primer trimestre de 2025, el 55.1 por ciento de las personas ocupadas –más de 32 millones de trabajadores– laboran en condiciones informales. Es decir, no cuentan con prestaciones de ley ni con protección laboral efectiva. Del otro lado, apenas el 44.9 por ciento tiene un empleo formal, con acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en teoría, con derechos laborales garantizados.
Pero incluso entre los empleos registrados, la precariedad sigue presente. Tener un trabajo formal no siempre significa tener un salario suficiente. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al cierre de 2024, el 38.5 por ciento de los trabajadores mexicanos no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. En otras palabras: el salario mínimo no alcanza para comer.
“Formales” en el papel, informales en la práctica
Una de las estrategias más comunes de evasión patronal es simular legalidad. Empresas que emiten recibos de honorarios, otorgan contratos temporales que se renuevan cada mes o “registran” al trabajador con un salario menor al que realmente perciben, para reducir sus aportaciones al IMSS e Infonavit. Aunque están registradas, operan con las mismas lógicas de la informalidad.
Esta situación beneficia a los empleadores. El sistema legal y fiscal mexicano ha permitido durante décadas que quienes contratan puedan deslindarse de sus responsabilidades con facilidad. Las inspecciones laborales son mínimas y las sanciones, raramente ejemplares. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2023 sólo se realizaron poco más de 40 mil inspecciones a centros laborales en todo el país, una cifra muy pequeña frente a los más de cinco millones de unidades económicas registradas.
La debilidad de las autoridades laborales se acentúa con la falta de defensa real para los trabajadores. Aunque México emprendió una reforma laboral en 2019 que pretendía democratizar los sindicatos y fortalecer la negociación colectiva, en la práctica muchas organizaciones sindicales continúan actuando como brazos de las empresas. Son los llamados “sindicatos blancos”, que firman contratos colectivos sin consultar a los trabajadores y actúan como freno en lugar de defensa.
Además, hay una forma de explotación que poco se visualiza, y está precisamente en el salario. En México el salario mínimo en México es de 248.93 pesos diarios en la zona general. Aunque se han registrado aumentos anuales por decreto, aún está lejos de garantizar una vida digna. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, una familia promedio necesita más de 500 pesos diarios para cubrir alimentación, vivienda, transporte y salud.
Además, muchas empresas informales pagan incluso por debajo del salario mínimo, sin ningún tipo de regulación. Jornadas de más de 10 horas, sin pago de horas extra ni días de descanso, son comunes. Y lo más alarmante: muchas veces estas condiciones son vistas como “normales”.
Frente a este panorama, la autoridad laboral queda rebasada. Las juntas de conciliación y arbitraje –aunque reformadas– siguen siendo lentas, burocráticas y muchas veces están capturadas por intereses empresariales. Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo están subfinanciadas y saturadas, y los inspectores laborales son insuficientes.
La desigualdad de poder entre patrón y trabajador es abismal. Mientras los empleadores cuentan con recursos legales, despachos especializados y tiempo, los trabajadores enfrentan un sistema hostil que no los protege, sino que los agota.
La situación laboral en México exige una transformación profunda, no solo en leyes, sino en su cumplimiento. La informalidad no es sólo un problema económico, es un mecanismo de exclusión social. Cada trabajador sin contrato, sin seguro y sin derechos es un ciudadano en situación de vulnerabilidad. Y mientras las empresas continúen operando sin consecuencias, la explotación seguirá siendo negocio.
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