El Paquete Económico 2026 marca el inicio de una nueva etapa en la política fiscal mexicana, al ser el primero diseñado íntegramente por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este conjunto de instrumentos — que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal — no solo define cómo se obtendrán y distribuirán los recursos públicos, sino que también revela las prioridades estratégicas del nuevo gobierno: consolidación fiscal gradual, expansión del gasto social, impulso a la infraestructura ferroviaria y fortalecimiento de empresas productivas del Estado.
En un contexto de moderado crecimiento económico y presiones financieras, el paquete busca equilibrar estabilidad macroeconómica con inclusión social.
Una guía de política económica para el nuevo gobierno
El Paquete Económico 2026 representa el conjunto de políticas, estimaciones y disposiciones fiscales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso para definir la planeación económica del país.
Está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, elementos que en conjunto determinan cómo se obtendrán, distribuirán y administrarán los recursos públicos durante el ejercicio fiscal.
De acuerdo con el proceso legislativo, el documento se presenta el 8 de septiembre ante el Congreso de la Unión y debe ser discutido y aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, al ser esta instancia la única facultada para aprobar el presupuesto de egresos. Posteriormente, el decreto aprobado se envía al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El gasto público es uno de los instrumentos centrales del Estado mexicano para impulsar el desarrollo, proveer bienes y servicios esenciales y corregir desequilibrios sociales. Por ello, este paquete define las prioridades de inversión en programas sociales, infraestructura, salud y educación, así como la gestión de la deuda y la política tributaria nacional.
Presentación del Paquete Económico 2026
El Paquete Económico 2026 concentra una proyección de ingresos públicos por 10.20 billones de pesos, equivalente al 22.5% del PIB, con un aumento real del 5.9% respecto a 2025. Del total, 57.3% provendrá de la recaudación tributaria, 28.3% de ingresos petroleros y de organismos públicos, y 14.4% de endeudamiento.
Entre las medidas fiscales más destacadas se encuentran los ajustes a la Ley Aduanera y al Impuesto General de Importación, que impondrán aranceles de entre 10% y 50% a productos provenientes de países sin tratados comerciales, abarcando sectores como el automotriz, textil, siderúrgico y de electrodomésticos.
Asimismo, se incrementarán los impuestos a bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos, en línea con la estrategia de aumentar la recaudación y desincentivar el consumo de productos dañinos.
El gasto público total ascenderá a 10.1 billones de pesos, también con un incremento real del 5.9%. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) — una medida del déficit global — alcanzarán 4.1% del PIB, lo que indica una política de consolidación fiscal más gradual.
Por sectores, los programas sociales prioritarios recibirán 987 mil millones de pesos (mmdp), casi 10% del gasto total, con un aumento real de 14.1%. Destacan los incrementos en Pensión Mujeres del Bienestar (267%), Salud Casa por Casa (93.2%) y Beca Rita Cetina (58.6%).
En infraestructura, el presupuesto asciende a 960.1 mmdp, con 536.8 mmdp destinados a proyectos estratégicos, principalmente trenes de pasajeros y energía. Entre ellos, los nuevos trenes México–Querétaro, AIFA–Pachuca e Irapuato–Guadalajara recibirán 104.6 mmdp, mientras que el sector energético concentrará 327.6 mmdp.
Claves y proyecciones del Paquete 2026
El Paquete Económico 2026 es el primero diseñado completamente bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando el rumbo fiscal y político de su gobierno.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% para 2026, superior al promedio previsto por organismos internacionales, como el FMI (1.4%), Banco Mundial (1.1%) y OCDE (1.1%).
Los supuestos macroeconómicos contemplan una inflación de 3.65%, una tasa de interés promedio de 6.6%, un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar y un precio promedio del petróleo de 54.9 dólares por barril. La deuda pública ascendería al 52.3% del PIB, mientras que el costo financiero representará 4.1% del PIB, presionando el gasto de inversión en los próximos años.
Pemex y la CFE seguirán recibiendo importantes apoyos federales. La petrolera prevé ingresos por 971,600 mdp, de los cuales 263,500 mdp serán aportaciones patrimoniales.
La CFE, por su parte, reporta ingresos de 535,477 mdp, con 87,768 mdp en subsidios. Estas transferencias, aunque mantienen operativas a las empresas productivas del Estado, implican un alto costo de oportunidad para otros sectores.
En materia de salud, el presupuesto aumentará 55,551 mdp respecto a 2025, alcanzando 996,528 mdp, equivalentes al 2.6% del PIB. Pese al incremento, la cifra sigue lejos del estándar internacional del 6% del PIB recomendado por la OMS.
El gasto por persona con seguridad social será de $10,074, mientras que para quienes no cuentan con ella será de $4,412, una diferencia que refleja las desigualdades estructurales en el sistema.
Comparativo con el paquete 2025
En comparación con el Paquete Económico 2025, la propuesta de 2026 muestra un crecimiento generalizado, pero mantiene rezagos en rubros clave. El gasto total crece 5.9%, el gasto en salud 2.9%, y el de educación 6.4%, alcanzando 1.3 billones de pesos, equivalentes al 3.3% del PIB, aún por debajo del promedio de la OCDE (4.3%).
El servicio de la deuda es uno de los rubros con mayor aumento: pasa de 1.4 billones en 2025 a 1.6 billones de pesos en 2026, un incremento real del 10.4%.
Este monto representa 13.4% del presupuesto total, superando lo destinado a salud y educación. Por su parte, los programas sociales suben de 835 mmdp a 987 mmdp, con un crecimiento real del 14.1%, consolidándose como el eje central del gasto federal.
Prioridades gubernamentales y política social
El gasto social, la infraestructura ferroviaria y el pago de deuda pública constituyen las tres prioridades del presupuesto 2026. El gobierno federal busca garantizar los derechos sociales mediante apoyos directos y la expansión de servicios básicos como salud, educación y vivienda.
Además, el Paquete Económico 2026 introduce por primera vez el Anexo Transversal para la Consolidación del Sistema de Cuidados, con un presupuesto de 466 mil millones de pesos, y propone nuevas metodologías para anexos como igualdad de género, pueblos indígenas, cambio climático y transición energética.
Sin embargo, persisten reducciones en áreas de anticorrupción, justicia y seguridad. Cinco de las seis instituciones anticorrupción tendrán recortes, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción verá disminuido su presupuesto.
El gasto destinado a búsqueda e identificación de personas, atención a víctimas y materia forense permanece prácticamente igual al de 2025.
Impacto y expectativas
El Paquete Económico 2026 busca equilibrar la estabilidad macroeconómica con un enfoque de inversión social y fiscal progresiva. Entre sus principales metas destacan mantener la inflación cercana al 3%, un tipo de cambio promedio de 19.7 pesos por dólar y un crecimiento del PIB entre 1.5% y 2.5%.
Las reformas fiscales incluyen nuevos gravámenes a bebidas con edulcorantes y plataformas digitales de videojuegos para adultos, que deberán registrarse ante el RFC, retener el IEPS y cumplir con obligaciones fiscales nacionales.
Con ello, el gobierno busca incrementar los ingresos públicos, reducir la evasión fiscal y mantener la estabilidad económica, al tiempo que impulsa políticas de inclusión y fortalecimiento social a través del gasto público.
Entre la expansión social y los límites estructurales
El Paquete Económico 2026 refleja una apuesta decidida por el gasto social como eje articulador del desarrollo, con incrementos significativos en programas prioritarios y nuevas iniciativas como el Sistema de Cuidados.
Sin embargo, persisten desafíos estructurales que podrían limitar su impacto: el rezago en salud y educación frente a estándares internacionales, el creciente costo del servicio de la deuda, y los recortes en áreas clave como justicia y anticorrupción.
Aunque el paquete proyecta una economía más inclusiva, su sostenibilidad dependerá de la capacidad del gobierno para mejorar la eficiencia recaudatoria, contener presiones financieras y garantizar que el gasto público se traduzca en mejoras tangibles para la población.
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