En México, las cifras de violencia no se miden solo en promedios: se leen en la vida diaria de regiones enteras que han aprendido a desconfiar del teléfono, a cerrar temprano los negocios y a mirar el reloj antes de salir a carretera. En ese paisaje, el gobierno de Claudia Sheinbaum colocó la seguridad como eje y presumió un dato potente: entre septiembre de 2024 y julio de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó de 86.9 a 64.9, una reducción de 25.3 por ciento y el nivel mensual más bajo en una década. El dato proviene del reporte diario del Gabinete de Seguridad y fue ratificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en mensajes oficiales. El propio gobierno lo presentó como evidencia del desempeño de su Estrategia Nacional de Seguridad.
La paradoja es que, mientras esa “foto” de los homicidios mejora en 2025, la “película” que capta el registro de muertes por homicidio de 2024 –la estadística de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más estable y con rezago– muestra un ligero deterioro respecto de 2023: 33 mil 241 homicidios y una tasa preliminar de 25.6 por cada 100 mil habitantes (24.9 el año previo). Es decir, 2024 no fue el punto de inflexión; la caída aparece en 2025 y habrá que esperar la confirmación demográfica para saber si es estructural.
¿Qué cambió? La nueva estrategia apostó por una combinación de inteligencia, investigación y despliegue territorial de la Guardia Nacional, con ajustes institucionales: la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, subsecretarías de Inteligencia e Investigación Policial y de Prevención en la SSPC, y la priorización de municipios críticos. El gobierno complementó con acciones de alto perfil –como la entrega a Estados Unidos de 26 presuntos narcotraficantes bajo garantías de no aplicar la pena de muerte–, movida que envió un mensaje político y de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
Pero la violencia se desplaza. La extorsión, el delito que más erosiona la vida económica de barrios y micro, pequeñas y medianas empresas, alcanzó niveles históricos. Organismos empresariales que monitorean datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan cinco mil 887 víctimas en el primer semestre de 2025, el registro más alto para un periodo similar y por encima de 2024. El crecimiento en una década ronda 80 por ciento. El diagnóstico coincide con análisis periodísticos y ejercicios de verificación que, con base en cifras del Secretariado, ubican a la extorsión como prioridad nacional.
No es un matiz menor: una política que logra contener homicidios, pero permite que la extorsión crezca, desplaza el costo de la violencia del conteo de cadáveres al cierre de persianas. Comerciantes, transportistas y familias pagan “cuotas” que rara vez se denuncian: la “cifra negra” en extorsión es proverbialmente alta, lo que subestima su verdadera magnitud. Incluso con campañas federales y estatales para incentivar la denuncia, la percepción de riesgo y de impunidad sigue bloqueando los reportes.
Los números tampoco son lineales por territorio. La concentración de homicidios en entidades como Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México y Guerrero sugiere dinámicas criminales arraigadas, disputas locales y capacidades institucionales desiguales. La reducción nacional convive con focos rojos que presionan las medias.
A la vez, los registros civiles y hemerográficos recuerdan que otros indicadores no ceden. El conteo de policías asesinados –termómetro de riesgo institucional– sumó al menos 237 en lo que va de 2025, 22 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, según Causa en Común. La persistencia de agresiones contra agentes locales habla de capacidades policiales frágiles, especialmente en municipios que siguen sin recursos ni profesionalización suficientes.
Desde la perspectiva de las víctimas, la ENVIPE 2024 ya colocaba el problema en otra coordenada: alta prevalencia delictiva, baja denuncia y una confianza institucional que no despega. Ese telón de fondo ayuda a entender por qué, aun con caídas en homicidio, la sensación de inseguridad y las prácticas de autoprotección no cambian al ritmo de las gráficas.
¿Entonces, funciona la estrategia? La respuesta corta: parcialmente, y con cautelas. Los datos del Gabinete de Seguridad –preliminares por definición– muestran un descenso consistente del homicidio en 2025. El reto es sostenerlo hasta que el INEGI lo confirme en el registro de defunciones 2025 y 2026, y que la baja no dependa de operativos coyunturales, sino de capacidades investigativas replicables en todo el país. A favor del gobierno pesa la construcción de un andamiaje de inteligencia y la coordinación interinstitucional; en contra, un mapa de ministerios públicos saturados, fiscalías estatales desiguales y policías municipales débiles, como advierten documentos oficiales y centros de estudio.
La otra mitad del examen está en la extorsión. El propio gabinete lanzó una cruzada específica y el Congreso discute una legislación general; aun así, los registros marcan máximos y hay evidencia de desplazamientos desde modalidades “virtuales” a presenciales. Si la estrategia no logra romper el incentivo económico de la extorsión, la violencia seguirá cobrándose en efectivo y miedo. La métrica de éxito ya no podrá ser solo cuántos homicidios se evitan, sino cuántas llamadas de cobro se desactivan, cuántas denuncias prosperan y cuántas cadenas productivas dejan de pagar.
En suma: 2025 ofrece, por primera vez en años, señales duras de contención del homicidio. Es una buena noticia que debe ponerse a prueba en el tiempo y en el territorio. Pero el “nuevo mapa” de la violencia también exhibe un poder de cobro mafioso en expansión y un Estado que todavía llega tarde al mostrador de la extorsión. La eficacia real de la estrategia de seguridad se medirá cuando ambos gráficos –homicidio y extorsión– bajen al mismo tiempo. Hasta entonces, el país seguirá viviendo entre el alivio de una curva descendente y la asfixia de un delito que, sin disparar, vacía las ciudades.
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