En un episodio controvertido que ha trascendido la política energética y diplomática, México —a través de la filial Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. de Petróleos Mexicanos (Pemex)— ha enviado a la isla de Cuba más de 3 000 millones de dólares en combustibles subsidiados entre mayo y agosto de 2025.
El dato no es menor: representa cerca de 60 mil millones de pesos mexicanos —una cifra comparable al presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2026.
El embarque ocurre además bajo la utilización de un buque sancionado por los Estados Unidos —el Sandino, incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) desde 2019—.
Este reportaje busca desgranar esa relación aparentemente clandestina entre México y Cuba, analizar sus implicaciones legales, éticas y diplomáticas, y evaluar desde la perspectiva huanista y los valores mexicanos qué significa que recursos públicos sean destinados a un país extranjero sin que se haya informado de modo claro al público.
Contexto histórico y energético
La crisis energética de Cuba
Para entender por qué ocurre este flujo de combustible, es indispensable mirar la situación energética de Cuba. El país depende en más del 95 % de combustibles fósiles para la generación eléctrica. Su producción local ronda los 40 000 barriles diarios, frente a una demanda estimada en 125 000.
En 2025 los apagones se han vuelto crónicos, con hasta el 57 % del país sin electricidad simultáneamente en determinados momentos. Esta vulnerabilidad energética convierte a Cuba en un demandante urgente de combustible importado.
México como proveedor emergente
Según informes, México comenzó a incrementar sus exportaciones de crudo y productos petrolíferos a Cuba en 2023-24: en 2024, la filial de Pemex exportó cerca de 20 100 barriles diarios de crudo y 2 700 de productos derivados, valorados en alrededor de 600 millones de dólares. En 2025 esa cifra se disparó.
Por su parte, Gasolinas Bienestar fue creada por Pemex el 25 de febrero de 2022 con el objetivo específico de exportar hidrocarburos a Cuba.
Así, lo que en principio pudo entenderse como ayuda humanitaria, se convierte en una operación sistemática con implicaciones tanto domésticas como internacionales.
Los datos duros de las exportaciones
Entre mayo y agosto de 2025:
- 58 cargamentos de hidrocarburos con destino a Cuba.
- Valor estimado: 3.002 millones de dólares.
- Detalle mensual: mayo ≈ 24,6 M USD; junio 826 M USD (38 envíos); julio 1 425 M USD (11 envíos); agosto 726,7 M USD (8 envíos).
- Los puertos de embarque: mayormente la terminal marítima de Pemex en la Laguna de Pajaritos (Coatzacoalcos, Veracruz) y algunos desde Tampico, Tamaulipas.
- La importadora en Cuba registrada mayoritariamente es la empresa estatal cubana Coreydan, S.A., con domicilio en La Habana donde también está la sede de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET).
En otras palabras: recursos públicos mexicanos que podrían haber sido destinados a las prioridades nacionales —educación, infraestructura, seguridad— están siendo utilizados para sostener el sistema energético de un país extranjero.
Buque sancionado y la legalidad en juego
El buque Sandino, de bandera cubana, figura en la lista de sancionados de la OFAC desde 24 de septiembre de 2019 por transportar petróleo de Venezuela a Cuba.
La investigación documenta que el 20 de agosto zarpó de la Laguna de Pajaritos para la refinería cubana “Camilo Cienfuegos”.
Esto plantea preguntas relevantes:
- ¿Qué implicaciones tiene que México utilice un buque sancionado en operaciones con recursos públicos?
- ¿Se expone México a sanciones diplomáticas o financieras por parte de EE.UU.? Algunos medios advierten que la transacción con entidades en la lista negra puede generar “castigos económicos, financieros y/o diplomáticos”.
- ¿Cuál es el grado de transparencia de la operación? Según la investigación, Pemex se negó a presentar comprobantes detallados, alegando “asunto de seguridad nacional”.
Desde la óptica de la legalidad y los valores públicos —transparencia, rendición de cuentas, respeto al bien común— esta situación genera alarma.
Los recursos públicos tienen como fin principal el bien común de la sociedad. En su Compendio, afirma que «el gobierno, en su función primordial, tiene el deber de proteger y promover el bien común, permitiendo que todos los ciudadanos alcancen un desarrollo integral».
En este caso surge una tensión: recursos mexicanos se canalizan hacia otro país. Aunque la solidaridad internacional es valorable, el primer deber del Estado mexicano es hacia sus ciudadanos. ¿Se respetó ese principio? Cuando la cifra enviada es equivalente al presupuesto de una gran secretaría, vale preguntarse si la solidaridad se hizo una responsabilidad compartida o un compromiso sin consenso público.
Además, el principio de legalidad exige que las operaciones del Estado estén sometidas a la ley, la transparencia y el escrutinio público. Si se utilizó un buque sancionado, y la operación carece de información detallada, se debilita el principio de rendición de cuentas.
Por otro lado, el valor de la fraternidad entre naciones no puede ignorar que la pobreza, la educación o la seguridad interna de México también requieren atención. Que la asistencia a Cuba se realice sin una estrategia clara y sin informar a la ciudadanía genera desalineación con los valores mexicanos de democracia, participación y justicia social.
Para ilustrar el impacto real de este tipo de decisiones, conversamos con Ana Sánchez (nombre ficticio por seguridad), docente en una secundaria pública de Veracruz:
“Aquí, en Coatzacoalcos, vemos cómo el puerto se emplea para grandes embarques a la isla. Mis alumnos preguntan por qué no se invierte más en la escuela, cuando esos recursos podrían arreglar techos, comprar equipo de cómputo o mejorar internet. Me preocupa que tanta exportación ‘solidaria’ pase sin que nosotros sepamos los detalles”.
Ana representa la voz de muchos ciudadanos que perciben la desconexión entre decisiones de gran escala en materia energética y las necesidades locales de inversión pública. ¿Qué tan democrático es que los recursos públicos sean movilizados sin un debate amplio en la sociedad?
Implicaciones diplomáticas, económicas y de política energética
Para México
- Financiero: aunque la filial Gasolinas Bienestar reportó pérdidas en su primer año —endeudamiento por 5 836 millones de pesos (≈ 324 M USD) debido al combustible que “regaló” a la isla—.
- Transparencia: la ausencia de información clara sobre quién paga, en qué condiciones, afecta el escrutinio ciudadano.
- Diplomático: la utilización de buque sancionado y el gran monto exportado pueden tensar las relaciones con EE.UU. y plantear cuestionamientos internacionales.
Para Cuba
- Esta inyección de combustible ayuda a paliar su crisis energética, caracterizada por apagones, dependencia externa y escasez.
- Pero cabe preguntarse: ¿qué se espera a cambio? ¿Se trata de un donativo, de un subsidio, de un favor diplomático? La opacidad crea preguntas legítimas.
Para la comunidad internacional
- Esto podría interpretarse como un giro en la geopolítica energética de Cuba: de proveedor principal Venezuela, a un nuevo aliado nacional en México.
- También plantea la tensión entre sanciones internacionales, solidaridad entre naciones y la autonomía de política exterior mexicana.
¿Por qué ahora? ¿Y qué viene después?
El acelerado aumento de envíos entre mayo y agosto de 2025 coincide con una gestión renovada en el gobierno mexicano bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Según la investigación, en solo cuatro meses se triplicó lo que se había enviado en los dos años previos.
¿Significa esto una política deliberada de apoyo al régimen cubano? ¿Se trata de una decisión estratégica para reforzar la diplomacia mexicana hacia el Caribe?
El futuro plantea varios escenarios:
- Que haya mayor exposición mediática y auditoría ciudadana sobre estas operaciones.
- Que puedan derivar sanciones o repercusiones internacionales si se demuestra que se empleó buque sancionado de forma irregular.
- Que México revise su papel como proveedor energético externo y lo contraste con sus necesidades internas de inversión social y energética.
La relación de México con Cuba en el envío de combustible subsidizado representa un cruce complejo entre solidaridad internacional, política energética, finanzas públicas y legalidad. Las cifras de más de 3 000 millones de dólares en cuatro meses, el uso del buque sancionado Sandino y la falta de transparencia plantean preguntas esenciales: ¿Para quién gobierna el Estado? ¿Cómo se equilibra el deber hacia los ciudadanos con la fraternidad internacional? ¿Se respeta la legalidad en los hechos?
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, especialmente cuando se destinan a un país extranjero en condiciones opacas.
Finalmente, este caso pone de manifiesto que la política exterior, la energía y los recursos públicos no son ámbitos separados de la democracia, sino que están íntimamente vinculados al contrato social. Los jóvenes de 18 a 35 años, que representan una generación cada vez más exigente en transparencia y participación (#YoSiInfluyo), tienen un rol fundamental para demandar explicaciones y vigilancia. México está en una encrucijada: ¿continuará como proveedor discreto de combustible sin rendición de cuentas, o se abrirá al escrutinio ciudadano y al ajuste de sus prioridades internas?
Las próximas semanas serán clave para ver si se abre la caja negra o si todo seguirá bajo la manta de “ayuda” y “seguridad nacional”. Los jóvenes están atentos.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
