En Venezuela, la disputa no es sólo por el poder: es por la verdad, por la dignidad y por el derecho elemental de que cada voto cuente. Tras arrasar en la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, María Corina Machado (MCM) se convirtió en emblema de un movimiento cívico que desafió la estructura autoritaria del Estado. Días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los resultados y exigió los registros de votantes, reviviendo el fantasma de la “Lista Tascón” y encendiendo alarmas de persecución. La ruta quedó clara: si no podían derrotarla en las urnas, la sacarían de la boleta. El 27 de enero de 2024, el TSJ ratificó su inhabilitación por 15 años.
La elección presidencial del 28 de julio de 2024 profundizó la grieta: el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro mediante un boletín oral y sin publicar las actas mesa por mesa. La Unión Europea respondió que, “sin evidencia que la respalde”, no podía reconocer esos resultados; semanas y meses después, las actas completas siguieron sin aparecer. Estados Unidos, citando “abrumadora evidencia”, reconoció al opositor Edmundo González como ganador. A la par, se desató una represión sistemática documentada por organismos de derechos humanos. En 2025, el Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz a Machado, subrayando el valor cívico de su lucha y colocando un reflector internacional sobre la deriva autoritaria.
Este reportaje reconstruye los hechos claves y los examina desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) —dignidad, solidaridad, subsidiariedad, justicia y bien común—, y plantea escenarios de futuro para un país que hoy vive entre el exilio masivo y la esperanza tercaHechos verificados que cambiaron el tablero
1) La primaria y la suspensión exprés. Machado obtuvo un mandato abrumador en la primaria opositora de 2023 (reportes independientes hablaron de >90% de respaldo). Al poco tiempo, el TSJ suspendió “todos los efectos” del proceso y pidió datos sensibles de votantes, en una acción percibida como amedrentamiento.
2) La inhabilitación ratificada. El 27 de enero de 2024, el TSJ confirmó la inhabilitación de MCM, cerrando de facto su participación en la elección presidencial pese al Acuerdo de Barbados.
3) La noche de las actas que no llegaron. El 28-J de 2024, el CNE proclamó a Maduro sin exhibir resultados desagregados. La UE advirtió el 4 de agosto que, sin actas, “no puede reconocer” lo anunciado por el CNE. La OEA y expertos independientes señalaron “opacidad total” y “manual de manipulación” del resultado.
4) Reconocimiento internacional al resultado alterno. El 2 de agosto de 2024, Reuters reportó que el Departamento de Estado de EE. UU. reconoció a Edmundo González como ganador, con base en actas recopiladas por la oposición; en noviembre, Blinken lo llamó “presidente electo”.
5) Represión poselectoral. Human Rights Watch documentó desde abril de 2025 asesinatos de manifestantes, detenciones masivas, torturas y desapariciones forzadas; Amnistía Internacional concluyó que las desapariciones constituyen crímenes de lesa humanidad en un patrón de represión.
6) Éxodo y emergencia humanitaria. Para 2025, la diáspora venezolana se acerca a 7.9 millones de personas, la mayoría acogidas en América Latina, según la plataforma R4V/ACNUR.
7) Nobel de la Paz a MCM. En octubre de 2025, el Comité Noruego reconoció a María Corina Machado por su defensa pacífica de derechos democráticos y su papel en la búsqueda de una salida negociada a la crisis.
Una visión humanista
La dignidad implica que el voto sea respetado y que la autoridad no humille, torture o empuje al exilio a sus ciudadanos. La negativa a publicar actas —y el recurso a la violencia estatal— violenta esa dignidad. “Sin evidencia que la respalde, [la publicación del CNE] no puede ser reconocida”, afirmó la UE, recordando que el respeto al sufragio no es retórica, sino verificabilidad.
La red de voluntarios que montó la primaria de 2023, los vecinos que ofrecieron sus casas como centros de votación y las comunidades que hoy asisten a migrantes venezolanos encarnan la solidaridad. Pero esta virtud exige más: corredores humanitarios, regularización migratoria y financiamiento sostenido para países receptores. Los datos de R4V evidencian la magnitud del desafío.
Cuando el Estado asfixia a la sociedad civil, ésta busca caminos propios: veeduría ciudadana, redes barriales, documentación de abusos, articulación territorial de movimientos como Vente Venezuela. La subsidiariedad reclama no suplantar esas iniciativas, sino protegerlas.
Sin verdad no hay reconciliación. La publicación de actas, el esclarecimiento de desapariciones y la rendición de cuentas por torturas son exigencias éticas, no concesiones. HRW y Amnistía han documentado patrones graves y sistemáticos que demandan mecanismos de justicia —incluida la cooperación internacional— para restaurar confianza.
El bien común no es compatible con la perpetuación del poder a costa de la legalidad y de la huida de millones. La ética pública exige instituciones creíbles, elecciones íntegras y una economía que permita a las familias quedarse y proyectar su futuro.
“Mi hermano fue detenido la noche de las protestas. Pasaron ocho días sin decirnos dónde estaba. Lo encontré por fin en un tribunal, esposado, sin abogado. No quiero venganza: quiero las actas, la verdad y que lo dejen vivir en paz.” — María Eugenia, 32 años, enfermera en Valencia (testimonio recabado por este medio; nombre modificado por seguridad).
Este relato coincide con los patrones descritos por organizaciones internacionales: detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y uso del sistema judicial para intimidar.
Cuatro escenarios (2025–2027)
1) Negociación con garantías y apertura gradual.
La presión internacional —reforzada por el Nobel— podría empujar a una nueva ronda de diálogo, con pasos verificables: publicación de actas, liberación de presos políticos, observación robusta (UE/OEA), y renovación parcial del CNE. El alivio de sanciones sería condicionado al cumplimiento. Señales tempranas: retorno de misiones técnicas, cronogramas públicos y cese de detenciones por motivos políticos. (La UE y la OEA han pedido justamente eso desde 2024).
2) Endurecimiento autoritario e aislamiento.
El régimen podría optar por cerrar aún más el espacio público, judicializar protestas, ilegalizar organizaciones y “blindarse” con apoyo de aliados extrarregionales. Consecuencia: mayor aislamiento diplomático, reactivación/agravamiento de sanciones y más éxodo. HRW y AI advierten que la represión ya es amplia; en este escenario se haría rutina.
3) Transición pactada o implosión interna.
Una crisis económica/energética o fracturas en la coalición de poder podrían abrir una salida negociada: garantías para sectores del chavismo, calendario electoral limpio y reinstitucionalización progresiva. Señales: fisuras públicas en mandos medios, gobernadores/municipios que piden auditorías, y contactos discretos con garantes internacionales.
4) Estancamiento crónico.
La “normalización” del fraude y la represión: economía semi-dolarizada, sobrevivencia vía remesas y ninguna reforma institucional. Riesgo principal: anestesia social y fuga continua de capital humano. Los datos de R4V muestran que la presión sobre países receptores ya es crítica.
¿Qué exige la legalidad democrática hoy?
- Publicación íntegra y auditoría independiente de actas del 28-J. Es el punto cero de la verdad electoral. (UE/OEA lo han solicitado de forma explícita).
- Cese a la represión: libertad a detenidos por motivos políticos y garantías al debido proceso. (HRW, AI).
- Observación internacional robusta en próximos comicios, con facultades de verificación técnica. (Panel de Expertos ONU; Carter Center).
- Protección y fortalecimiento de la sociedad civil (subsidiariedad): que municipios, parroquias, ONG y redes ciudadanas puedan funcionar sin asfixia.
El caso venezolano muestra con crudeza la tensión entre voluntad popular y voluntad de poder. La primaria de 2023 otorgó a MCM un mandato social que la inhabilitación y el ocultamiento de actas no lograron borrar. El Nobel de la Paz de 2025 no resuelve la ecuación, pero sí eleva los costos de la represión y refuerza el clamor por verdad y justicia. Para jóvenes que miran con escepticismo la política, esta historia recuerda que democracia no es trending topic: es instituciones que rinden cuentas, votos que se cuentan, vidas que se respetan.
Desde el humanismo, el camino ético se sintetiza así: dignidad (no más tortura ni mentiras oficiales), solidaridad (nadie sobra: ni dentro ni fuera del país), subsidiariedad (empoderar comunidades), justicia (verdad y reparación) y bien común (instituciones y economía para que las familias puedan quedarse). Ese plexo moral —no una consigna— puede guiar a Venezuela fuera del laberinto.
Mientras tanto, la voz de quienes resisten —en Caracas, Valencia, Maracaibo, o en Lima, Bogotá y Ciudad de México— sigue repitiendo una petición sencilla y radical: “Muestren las actas.” La legalidad comienza por ahí.
Fuentes citadas (selección)
UE (04/08/2024), OEA (30/07 y 23/08/2024), Reuters (02/08 y 19/11/2024), HRW (30/04 y 28/07/2025), Amnistía (15/07/2025), R4V/ACNUR (2025), AP/ONU (agosto-octubre 2024), Comité Noruego del Nobel (octubre 2025).
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