La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses la madrugada del 3 de enero marcó un punto de quiebre en la historia reciente de Venezuela y reavivó los debates sobre soberanía, intervención militar y transición democrática en América Latina.
La operación, precedida por meses de tensiones diplomáticas y maniobras militares, desató una oleada de reacciones internacionales, posturas encontradas en la región y una profunda polarización social entre comunidades venezolanas dentro y fuera del país. Mientras algunos gobiernos respaldaron la acción como un paso hacia el fin del régimen chavista, otros la condenaron como una violación al derecho internacional, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre política y geopolítica.
Escalada militar y captura de Nicolás Maduro
Después de tres décadas sin una intervención directa de gran escala en América Latina, Estados Unidos desplegó una operación militar en la región que culminó con la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, la madrugada del sábado 3 de enero. La acción se produjo tras meses de tensiones diplomáticas, amenazas públicas y maniobras militares en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental.
En septiembre, el gobierno estadounidense inició una campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales, denominada posteriormente Operación Lanza del Sur. Paralelamente, el presidente Donald Trump comenzó a insinuar públicamente la posibilidad de una acción directa contra el territorio venezolano, reforzando su discurso en noviembre al declarar que los días de Maduro en el poder estaban contados, luego de que Washington lo señalara como líder del llamado Cártel de Los Soles.
Lo que inicialmente se presentó como una demostración de fuerza —con el envío de una flotilla naval y más de 2 mil soldados— derivó en una intervención militar directa, interpretada por diversos actores internacionales como una operación de cambio de régimen. Durante la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses bombardearon zonas militares venezolanas y posteriormente capturaron a Maduro en su residencia, junto con su esposa, Cilia Flores.
La operación evocó comparaciones con la invasión de Panamá de 1989, cuando Estados Unidos derrocó a Manuel Noriega. Según las primeras explicaciones de la administración Trump, la acción no constituyó el inicio de una guerra, sino la ejecución de una orden de arresto por delitos relacionados con narcotráfico.
Hasta el momento, no existe un balance oficial de víctimas. Un alto funcionario venezolano citado por The New York Times elevó la cifra de fallecidos a 80 personas entre civiles y militares, mientras que la vicepresidenta designada, Delcy Rodríguez, confirmó víctimas mortales sin precisar números. Trump, por su parte, aseguró que no hubo bajas estadounidenses, aunque sí heridos.
Condena y respaldo internacional tras la intervención
La captura de Nicolás Maduro provocó una inmediata reacción de la comunidad internacional, evidenciando una profunda división geopolítica. Rusia, considerado el principal aliado de Venezuela en Sudamérica, condenó la operación estadounidense y calificó de “insostenibles” los argumentos utilizados para justificarla. En diciembre de 2025, el presidente Vladimir Putin ya había reiterado su respaldo al gobierno venezolano y, tras la captura, Moscú reiteró su rechazo al uso de la fuerza.
Irán también condenó de manera firme el ataque militar. Ambos países han mantenido una relación estratégica durante años, particularmente en momentos de crisis energética venezolana. China, otro aliado clave de Caracas, se sumó a la condena, argumentando que la acción amenaza la paz y la seguridad regional. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó el ataque como un uso “flagrante” de la fuerza contra un Estado soberano.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó alarma por la escalada militar y advirtió sobre posibles repercusiones regionales. Reiteró la vigencia del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela solicitó formalmente una reunión urgente del Consejo de Seguridad, denunciando bombardeos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Corea del Norte calificó la operación como un “acto déspota” y responsabilizó a Washington del deterioro del escenario geopolítico regional.
En contraste, aliados de Estados Unidos respaldaron la intervención. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó apoyo a la “acción enérgica” de Washington. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó la operación como “legítima” bajo el argumento de combatir amenazas como el narcotráfico, aunque reconoció que la vía militar no es la más adecuada.
El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la caída del régimen de Maduro y expresó su respaldo a una transición liderada por Edmundo González Urrutia. Finalmente, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que su país no lamenta el fin del régimen y destacó la necesidad de avanzar hacia una transición pacífica.
Celebración, protesta y confrontación social
Las reacciones sociales tras la captura de Nicolás Maduro se manifestaron de manera contrastante en distintas regiones del mundo. En Europa, comunidades venezolanas celebraron el hecho en espacios públicos. En Madrid, decenas de personas se congregaron en la Puerta del Sol con consignas como “Venezuela libre”. En Barcelona, se registraron concentraciones tanto de opositores como de simpatizantes del chavismo, lo que derivó en enfrentamientos verbales.
En América Latina, las celebraciones se replicaron en países con importantes comunidades venezolanas. En Chile, particularmente en zonas como Toro Mazzote, se registraron reuniones espontáneas con música y banderas. En Argentina, también se observaron manifestaciones de júbilo. En Estados Unidos, especialmente en Florida, la captura fue celebrada desde la madrugada.
En México, el escenario fue distinto. Cientos de personas se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para repudiar la intervención militar y exigir respeto a la soberanía venezolana. Paralelamente, se registraron confrontaciones verbales entre manifestantes pro y anti-Maduro, reflejando la polarización también presente en redes sociales.
En plataformas digitales, el debate se intensificó. Usuarios de izquierda denunciaron un supuesto interés estadounidense por el petróleo venezolano, mientras que ciudadanos venezolanos y sectores de derecha respondieron señalando la histórica influencia de Rusia, Irán y China en la explotación de los recursos del país.
América Latina vs América Latina
La región latinoamericana mostró posiciones divididas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la operación como una “afronta gravísima” a la soberanía venezolana y solicitó una reacción inmediata de la ONU. En Colombia, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques y ordenó el despliegue de fuerzas en la frontera, además de solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad.
En contraste, gobiernos alineados con la derecha celebraron la intervención. El presidente argentino Javier Milei calificó la captura como el fin de una dictadura y un hecho positivo para la región. El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa respaldó la operación y llamó a una recuperación democrática en Venezuela. Bolivia expresó su apoyo al pueblo venezolano y consideró inevitable una transición democrática.
México, a través de su cancillería, condenó la acción militar estadounidense y advirtió sobre el riesgo para la estabilidad regional. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la intervención como una violación a la Carta de la ONU y pidió el cese de cualquier agresión contra el pueblo venezolano. Las declaraciones posteriores de Donald Trump sobre México y el combate al narcotráfico intensificaron la tensión bilateral.
Transición incierta y control internacional
Tras la captura de Nicolás Maduro, el principal desafío es la ausencia de un marco institucional claro para una transición democrática. Durante más de dos décadas, las instituciones venezolanas fueron debilitadas, politizadas o cooptadas, lo que dificulta una transferencia inmediata del poder.
Donald Trump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela de manera interina hasta que se concrete una transición “segura y adecuada”. En este contexto, Washington tendría control sobre los canales económicos, particularmente el sector energético. Trump confirmó que empresas petroleras estadounidenses ingresarán al país para rehabilitar infraestructura y reactivar la producción.
Analistas señalan que el uso del poder económico podría estabilizar funciones básicas del Estado o, en caso contrario, generar nuevas tensiones. Entre las opciones planteadas se encuentra la conformación de un gobierno de transición que combine sectores del antiguo régimen con fuerzas democráticas, bajo supervisión internacional.
La comunidad internacional enfrenta ahora el reto de coordinar incentivos, alivio de sanciones y garantías de seguridad para sostener un consenso frágil en un país marcado por décadas de polarización, corrupción institucional y crisis humanitaria.
Entre la caída del régimen y el vacío institucional
La detención de Nicolás Maduro no representa, por sí sola, el inicio automático de una transición democrática en Venezuela. Más allá del impacto simbólico de la captura, el país enfrenta un escenario complejo marcado por la ausencia de instituciones sólidas, un aparato estatal profundamente politizado y una sociedad fracturada tras más de dos décadas de autoritarismo. La administración interina anunciada por Estados Unidos, junto con su control económico y energético, plantea interrogantes sobre los límites entre estabilización, tutela externa y dependencia prolongada.
La reacción internacional evidenció una reconfiguración del mapa político global, con bloques claramente definidos entre quienes privilegian el principio de soberanía y quienes justifican la intervención bajo argumentos de seguridad y combate al narcotráfico. En este contexto, el reto central no es únicamente la salida de un líder, sino la construcción de un consenso interno e internacional que permita una transición legítima, sostenible y aceptada por la población venezolana, sin reproducir dinámicas de control ni prolongar el conflicto regional.
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