La violencia se ha convertido en una de las principales causas de muerte y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe: entre 2015 y 2022, al menos 53 mil 318 menores de edad fueron víctimas de homicidio en la región, de acuerdo con un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF, que advierte que el fenómeno no solo persiste, sino que se transforma y profundiza, con impactos diferenciados por sexo, edad y contexto social.
El documento, validado por autoridades de más de 30 países durante una consulta ministerial regional realizada en octubre de 2025, y publicada en enero de 2026, muestra que la violencia letal sigue afectando de manera desproporcionada a adolescentes, especialmente en territorios marcados por el crimen organizado, el acceso extendido a armas de fuego y la desigualdad estructural. Aunque algunos indicadores muestran reducciones parciales, el balance general revela una región incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad para su población más joven.
Los datos más recientes, centrados en adolescentes de 15 a 17 años, exhiben tendencias contrastantes por sexo. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 1.63 a 10.68 muertes por cada 100 mil habitantes en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta reducción convive con niveles que siguen siendo de los más altos a nivel mundial y muy por encima del promedio global.
En sentido opuesto, la violencia letal contra adolescentes mujeres mostró un repunte alarmante. En el mismo periodo, la tasa de homicidios se duplicó, al pasar de 2.13 a 5.1 muertes por cada 100 mil, una tendencia que los organismos internacionales vinculan con el incremento de la violencia de género, la normalización de agresiones contra mujeres jóvenes y su creciente exposición a contextos armados y criminales.
El informe subraya que los homicidios juveniles no ocurren de manera aislada, sino dentro de un entorno marcado por la expansión de la violencia armada, particularmente en zonas donde operan redes de crimen organizado. El fácil acceso a armas de fuego, la debilidad institucional, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales configuran un escenario en el que niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas directas o colaterales de dinámicas violentas.
Más allá de la violencia letal, el diagnóstico regional revela que la exposición a la violencia comienza desde edades tempranas. En América Latina y el Caribe, seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años han sido sometidos a algún tipo de disciplina violenta en el hogar, una práctica que continúa ampliamente normalizada en amplios sectores sociales. A ello se suma que una de cada cuatro personas adolescentes entre 13 y 17 años ha experimentado acoso escolar.
La violencia sexual representa otro de los focos críticos. Casi una de cada cinco mujeres en la región reporta haber sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años, un dato que refleja la persistencia de relaciones de poder desiguales y fallas estructurales en los sistemas de protección. Los organismos advierten que estas formas de violencia suelen coexistir y reforzarse entre sí, incrementando el riesgo de daños físicos, emocionales y sociales a largo plazo.
El informe también alerta sobre la expansión de la violencia en entornos digitales. Aunque los datos disponibles aún son limitados, UNICEF y la OPS reconocen un aumento de agresiones, acoso y explotación en línea, particularmente entre adolescentes, en contextos donde la conectividad avanza más rápido que las capacidades de regulación, prevención y respuesta institucional.
Para Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, la magnitud del problema exige respuestas integrales y sostenidas. El funcionario subraya que millones de niños y adolescentes viven expuestos a la violencia en el hogar, la escuela y comunidades con presencia de pandillas, lo que compromete su derecho a crecer en entornos seguros y limita seriamente sus oportunidades de desarrollo.
Desde el ámbito de la salud pública, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que la violencia tiene efectos profundos y duraderos en la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, destaca el papel de los servicios de salud en la detección temprana de riesgos, la atención a víctimas y la prevención de ciclos de violencia que se perpetúan de generación en generación.
Además del diagnóstico, el informe plantea soluciones basadas en evidencia. Entre ellas, fortalecer y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia, garantizar el control efectivo de armas de fuego, capacitar a policías, docentes y personal de salud, promover modelos de crianza libres de violencia y ampliar los servicios de atención y justicia para las víctimas.
La consulta ministerial regional de octubre de 2025 concluyó que frenar la violencia contra la niñez y la adolescencia no es solo un desafío de seguridad, sino una prioridad de desarrollo y derechos humanos. Sin cambios estructurales y políticas públicas sostenidas, advierten los organismos, la región corre el riesgo de normalizar una violencia que sigue cobrando miles de vidas antes de llegar a la adultez.
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