Durante décadas, el empleo fue sinónimo de estabilidad, autonomía y progreso. Trabajar significaba, al menos en teoría, poder cubrir las necesidades básicas, planear el futuro y sostener una vida digna. Sin embargo, esa promesa se está rompiendo en una de las principales economías de Europa. España no sólo encabeza las tasas de desempleo entre los países occidentales; hoy también se consolida como uno de los países donde tener trabajo no garantiza salir de la pobreza.
Los datos más recientes de Eurostat revelan una realidad incómoda: 11.2% de las personas ocupadas en España viven en riesgo de pobreza, una cifra que supera por tres puntos porcentuales el promedio de la Unión Europea (8.2%). En otras palabras, más de uno de cada diez trabajadores españoles, aun cumpliendo con una jornada laboral, no logra cubrir de manera suficiente sus necesidades básicas.
Este fenómeno no es exclusivo de España, pero sí particularmente grave. Sólo Luxemburgo (13.4%) y Bulgaria (11.8%) presentan cifras más altas, mientras que países con crisis económicas recientes como Grecia, Rumanía o Malta muestran mejores indicadores. En las grandes economías europeas, la comparación es aún más dura: Italia (10.2%), Francia (8.3%) y Alemania (6.5%) están por debajo del nivel español.
Detrás de estos porcentajes hay historias concretas, familias que ajustan cada gasto, jóvenes que encadenan contratos precarios y adultos que trabajan sin lograr seguridad. El trabajo, pilar de la dignidad humana según la Doctrina Social de la Iglesia, está dejando de cumplir su función esencial.
España y la normalización del empleo precario
España es el único país de la Unión Europea que mantiene una tasa de desempleo superior al 10%, una cifra que golpea con especial fuerza a los jóvenes. Según Eurostat, el desempleo juvenil sigue duplicando la media europea, y quienes logran incorporarse al mercado laboral lo hacen, en muchos casos, bajo condiciones de temporalidad, bajos salarios y escasa protección social.
La economista española María Pazos, especialista en mercado laboral, ha señalado en diversos foros que “España ha construido un modelo donde el empleo se genera, pero no se consolida. Se trabaja mucho, pero se gana poco y se vive con incertidumbre permanente”. Esta estructura explica por qué el fenómeno del trabajador pobre ha dejado de ser una excepción para convertirse en tendencia.
Organizaciones sociales coinciden en el diagnóstico. Save the Children, en su informe sobre pobreza laboral, advierte que el riesgo se dispara en hogares con hijos, especialmente cuando uno o ambos padres tienen empleos temporales o a tiempo parcial involuntario. Intermón Oxfam, por su parte, elevó la cifra de trabajadores pobres hasta 13%, subrayando que el salario mínimo, aunque ha aumentado en los últimos años, no siempre compensa el alza del costo de vida.
Laura Martínez tiene 29 años y vive en las afueras de Madrid. Es licenciada en comunicación y trabaja como asistente administrativa con contratos renovables cada seis meses. “No estoy desempleada, pero tampoco estoy tranquila”, cuenta. “Pago renta, transporte y comida, y cuando llega el día 25 ya estoy contando monedas”.
Laura no es un caso aislado. Según Eurostat, el riesgo de pobreza laboral es mayor entre jóvenes, mujeres y personas con contratos temporales, sectores que concentran buena parte del empleo generado en los últimos años. “Mis padres trabajaron toda su vida y pudieron comprar una casa. Yo trabajo igual o más horas, y no puedo ni pensar en eso”, añade.
Este testimonio ilustra una fractura generacional profunda: la promesa de movilidad social asociada al trabajo se está diluyendo, afectando directamente el tejido social y la confianza en las instituciones.
El contraste europeo: ¿por qué otros países lo hacen mejor?
La comparación con otras economías europeas resulta reveladora. Alemania, con sólo 6.5% de trabajadores en riesgo de pobreza, combina salarios más altos, mayor estabilidad contractual y una red sólida de protección social. Francia, aunque enfrenta tensiones sociales, mantiene mecanismos de apoyo a las familias trabajadoras que reducen el impacto de los bajos ingresos.
El sociólogo francés Thomas Piketty ha insistido en que “el problema no es sólo cuánto se trabaja, sino cómo se distribuyen los frutos del trabajo”. En España, el peso del empleo temporal y de sectores de bajo valor añadido limita esa redistribución, mientras que el encarecimiento de la vivienda y los servicios básicos erosiona el poder adquisitivo.
Desde una perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, esta situación contradice el principio del salario justo, reiterado desde Rerum Novarum hasta Laudato Si’. El trabajo debe permitir una vida digna, no sólo la supervivencia.
Políticas públicas y responsabilidades compartidas
El debate político en España, encabezado por el gobierno de Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha puesto énfasis en la reforma laboral y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, los datos muestran que estas medidas, aunque necesarias, no han sido suficientes para revertir la pobreza laboral.
Expertos como el economista Santiago Niño-Becerra advierten que “sin un cambio estructural en el modelo productivo, cualquier mejora será parcial”. La apuesta por sectores de mayor valor añadido, la reducción de la temporalidad y políticas de conciliación real son claves para romper el ciclo.
La corresponsabilidad: Estado, empresas y sociedad civil deben actuar juntos. No se trata sólo de crear empleo, sino de crear empleo digno, estable y compatible con la vida familiar, uno de los valores más arraigados en la cultura española.
España enfrenta una paradoja dolorosa: miles de personas cumplen con su jornada laboral y aun así viven al borde de la pobreza. Esta realidad no sólo es un problema económico, sino una herida social y moral. El trabajo, entendido como participación en la construcción del bien común, está perdiendo su capacidad de sostener proyectos de vida… ¿nos suena conocido? ¿de verdad hablamos de España o estamos hablando de México?
Para los jóvenes, el mensaje es especialmente devastador: estudiar y trabajar ya no garantiza estabilidad. Si no se corrige el rumbo, el riesgo es una generación desencantada, desconectada y sin confianza en el futuro.
Recuperar la dignidad del trabajo exige políticas públicas valientes, empresas comprometidas y una sociedad que no normalice la precariedad. Porque, como recuerda la tradición social cristiana y la experiencia histórica, una sociedad que empobrece a quien trabaja, se empobrece a sí misma.
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