México inicia 2026 con una economía que, aunque se exhibe mejor preparada que en años recientes, sigue enfrentando tensiones profundas que comprometen el bienestar de millones. Un plan de inversión pública y privada por 5.6 billones de pesos presentado por el Ejecutivo promete acelerar el crecimiento económico más allá del modesto 0.7 % reportado para 2025, con proyecciones oficiales de entre 2.5 % y 3 % para este año.
Sin embargo, ese optimismo encuentra límites en cifras que transmiten la fragilidad de la recuperación. El envío de remesas, pilar del consumo y sostén de miles de hogares, mostró en 2025 una caída de 4.56 %, su descenso más pronunciado desde 2009, un reflejo tanto de un mercado laboral estadounidense debilitado como de políticas migratorias más estrictas.
Organismos internacionales y estudios especializados dibujan un panorama de crecimiento contenido, con la CEPAL estimando un avance de apenas 1.3 % del PIB en 2026 y otros pronósticos similares alrededor de 1.5 %. Este débil impulso se explica por la persistencia de limitaciones estructurales que reducen el dinamismo de la inversión privada, la demanda interna y la productividad. Las cifras de empleo formal y de ingreso real, aunque positivas en algunos tramos, no han generado aún una expansión robusta ni niveles sostenidos de bienestar.
La política de inversión pública del gobierno es ambiciosa y transversal, apuntando a sectores como infraestructura, energía, transporte y educación. Publicitada como un motor para revertir años de estancamiento, encarna la aspiración de un crecimiento que no deje a nadie atrás. Pero esta apuesta está atravesada por un contexto internacional que sigue siendo incierto: tensiones comerciales, fluctuación de capitales, cambios en la demanda global y riesgos derivados del entorno geoeconómico mundial. En este escenario, cualquier política nacional requiere prudencia y visión estratégica.
Más allá de cifras, lo que está en juego es la vida de las personas. Un crecimiento económico moderado no garantiza la creación sostenida de empleos de calidad ni la reducción de brechas de desigualdad. La caída de las remesas, por ejemplo, afecta directamente a familias que dependen de esos recursos para educación, alimentación y salud. El estancamiento en la inversión privada limita las oportunidades laborales fuera del sector informal, lo que, a su vez, repercute en la cohesión social y la confianza en las instituciones.
Desde una perspectiva humanista, toda política económica debe ser medida no solo por sus proyecciones de crecimiento, sino por su capacidad de expandir capacidades, dignificar el trabajo y sostener la seguridad material de la población. La economía no es un mar de guarismos abstractos, sino el terreno donde se libran las batallas cotidianas de millones de mexicanos que aspiran a un horizonte de oportunidades y justicia social.
2026 debe ser el año en que la economía mexicana encuentre no solo cifras de crecimiento más altas, sino rutas claras para traducir ese crecimiento en bienestar compartido. La apuesta por la inversión pública es plausible, pero su éxito dependerá de su integración con políticas que fortalezcan la demanda interna, expandan el empleo formal y promuevan condiciones que permitan a todos participar con dignidad en la vida económica. En un mundo cada vez más interdependiente e incierto, México no solo necesita crecer: necesita crecer bien.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
