La relación comercial entre México y Estados Unidos volvió a colocarse bajo la lupa durante la audiencia pública organizada por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés), en Washington. Representantes empresariales, sindicatos, académicos y organizaciones civiles expusieron sus evaluaciones sobre el funcionamiento actual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los desafíos que enfrentan las cadenas de suministro que comparten ambos países. La discusión forma parte del proceso de consulta y diagnóstico que antecede a la revisión formal del tratado, programada para 2026.
El tono general de la audiencia fue el de una relación madura, pero con tensiones marcadas. Por un lado, los sectores industriales reconocen que el tratado ha permitido consolidar una integración económica sin precedentes. Por el otro, insisten en que la falta de inversión en infraestructura, la demora en aduanas y las diferencias regulatorias entre ambos países hacen que la región pierda competitividad frente a Asia y Europa. Algo tan simple como una carga detenida varias horas en la frontera puede terminar por encarecer productos y afectar cadenas productivas como la automotriz, la electrónica o la agroindustrial.
Uno de los puntos más destacados fue el debate en torno al cumplimiento de los compromisos laborales. Desde que el T-MEC entró en vigor, se incorporaron mecanismos de respuesta rápida para atender denuncias de violaciones a la libertad sindical y negociación colectiva, sobre todo en México. Durante la audiencia, sindicatos estadounidenses y organizaciones sociales señalaron que aún existen diferencias entre la norma y su ejecución en la práctica. Solicitaron reforzar la supervisión y agilizar las sanciones cuando se identifiquen abusos. La preocupación central es que condiciones laborales desiguales pueden traducirse en competencia desleal.
Del lado empresarial, la preocupación se orientó hacia la certidumbre regulatoria. Representantes de sectores manufactureros y agroindustriales pidieron reglas más estables y menos cambios repentinos que alteren costos, permisos o tiempos de operación. Para muchos empresarios, la relación comercial funciona, pero todavía hay espacios de mejora en la coordinación entre aduanas, requisitos técnicos y armonización de normas.
La energía fue otro de los asuntos que generó intercambios importantes. Grupos estadounidenses han presionado para que México garantice condiciones de inversión claras en el sector energético, mientras que México defiende su derecho a regular recursos estratégicos. Aunque el tema no dominó la sesión, quedó claro que será uno de los puntos más sensibles cuando inicie formalmente la revisión del T-MEC.
También se mencionaron casos recientes de disputas comerciales, como investigaciones antidumping o restricciones a importaciones específicas. Estos ejemplos mostraron que, aunque el tratado ofrece rutas para resolver conflictos, los desacuerdos continúan y pueden afectar empleos en ambos lados de la frontera. La audiencia sirvió para recordar que el equilibrio comercial es frágil y requiere mecanismos efectivos de diálogo.
Más allá de los argumentos técnicos, la audiencia reflejó el contexto político actual. En Estados Unidos, grupos sindicales buscan proteger empleos industriales; en México, la prioridad es fortalecer cadenas productivas y asegurar que la inversión extranjera respete la legislación nacional. Ambos países reconocen la interdependencia, pero cada uno enfrenta sus propias presiones internas.
El resultado inmediato de la audiencia no es una decisión, sino una fotografía del estado de ánimo político, económico y social alrededor del T-MEC. Los testimonios recopilados alimentarán informes que guiarán las negociaciones formales a partir de 2026, cuando se revisará si el tratado se mantiene sin cambios, se modifica o se reestructura. Lo que está en juego no es menor: la forma en que dos economías vecinas, profundamente integradas, definirán su futuro industrial y laboral.
Para la población en general, lo que se decida en este proceso puede afectar desde los precios de productos básicos hasta la estabilidad del empleo en sectores clave. Por eso, aunque se trate de audiencias técnicas, su impacto terminará sintiéndose en fábricas, supermercados, carreteras y ciudades a lo largo de toda la frontera.
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