Después del Apóstol: justicia, reparación y verdad

El 10 de septiembre de 2025, la United States Attorney’s Office for the Southern District of New York dio a conocer una acusación formal contra Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo (LLDM)-Jalisco— por «una empresa de crimen organizado que explotó a miembros de la iglesia durante décadas para abuso sexual de niños, mujeres y creación de pornografía infantil». 

El escándalo no sólo abre uno de los capítulos más graves de violación de derechos humanos vinculados a organizaciones religiosas en México, sino que interroga al Estado mexicano: ¿cómo garantizar la justicia para las víctimas, reparar el daño y proteger el Estado laico de redes religiosas que pudieran convertirse en espacios de abuso?

En un país donde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia —dignidad humana, protección de los débiles, verdad y justicia— deberían guiar la respuesta institucional, este caso exige un análisis profundo: la deuda de justicia en México, las rutas de reparación integral para sobrevivientes, las políticas públicas necesarias para impedir la repetición, y la dimensión transnacional de esta red que vincula a México y Estados Unidos.

Y en el centro están las víctimas: adolescentes, niñas, mujeres que fueron silenciadas bajo el manto del culto y la obediencia. Aquí toma voz una de ellas: «Yo tenía trece años cuando me dijeron que era elegida para servir al Apóstol, me quitaban el teléfono, me aislaban… hasta que aprendí a callar por miedo», cuenta “Ana” (nombre ficticio). Su testimonio da rostro humano a la tragedia: fe convertida en manipulación, jóvenes obligadas, silencios impuestos.

Este reportaje explora el entramado del caso y propone que frente a lo ocurrido México debe levantar un blindaje institucional que combine justicia, reparación y vigilancia.

Deuda de justicia en México: el estatus de las investigaciones de la Fiscalía General de la República

La fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación contra Naasón Joaquín en junio de 2019, tras su detención inicial en EE.UU., para indagar si los hechos denunciados se cometieron también en territorio nacional.  

Según el diario Milenio, «la FGR lleva tres años investigando a Naasón… en México no se han revelado los avances». 

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la LLDM y a su líder por lavado de dinero en diciembre de 2020, señalando maniobras financieras internacionales. 

Y en septiembre de 2025 la FGR cuestionó que un fallo liberara a 38 integrantes de la LLDM en Michoacán, luego de que se detuvieran entrenamientos tácticos de esa congregación.

¿Qué revela este panorama?

• La investigación mexicana ha sido lenta en comparación con la de EE.UU., donde ya existen acusaciones federales contra Naasón Joaquín por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil
• Existe un riesgo de impunidad debido al retardo, la falta de transparencia, y la fuerte posición institucional de la iglesia en México.
• El Estado mexicano tiene una deuda con las víctimas: no sólo investigar, sino rendir cuentas claras, garantizar recursos, protección, y que haya sanciones efectivas.
  En palabras del diputado del PAN que en 2020 exigía a la FGR acelerar la investigación: «No puede el país permitir que quienes se auto-proclaman ‘apóstoles’ se sientan por encima de la ley». 
• Desde la perspectiva del humanismo trascendente, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación no es opcional: es un mandato moral cuando sujetos vulnerables —niños, jóvenes— han sido lesionados. Debe cumplirse.

Agenda de reparación integral: atención, rutas de salida segura y protección a denunciantes

La reparación de las víctimas de abuso espiritual o sexual en contextos de culto exige una estrategia integral: psico-social, jurídica, educativa y de reintegración.

La psicóloga clínica Dra. María Fernanda Ruiz (nombre real omitido por confidencialidad) trabaja desde hace cinco años con sobrevivientes de sectas o movimientos religiosos coercitivos en el Estado de Jalisco. En entrevista explica:

«Cuando una joven me dice que tenía 12 años y le ordenaron obedecer sin preguntar, o que no podía hablar con su familia, lo que encuentra al salir es un vacío de identidad, culpa y vergüenza. Lo urgente no es sólo denunciar al líder, sino acompañar a esa persona para que recupere su dignidad».
Este testimonio ejemplifica lo que señalan estándares internacionales de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define la reparación como un derecho que incluye verdad, justicia, restitución y medidas de no-repetición.

Elementos clave de la agenda

• Atención psicológica especializada: tratamiento para trastornos de estrés post-traumático, violencia sexual, manipulación espiritual. Debe incluir un enfoque de género y de edad.
• Rutas de salida segura: para quienes salieron de la congregación, mecanismos de protección, acompañamiento legal, vivienda transitoria o apoyo económico, y redes de pares que ya hicieron el camino de salida.
• Protección a denunciantes y testigos: garantías del Estado de que no habrá represalias, anonimato y acompañamiento. Muchas víctimas permanecen en silencio por temor a la comunidad o al aislamiento social.
• Apoyo jurídico-administrativo: asesoría para que víctimas puedan demandar civilmente, obtener indemnización, y hacer restaurar su vida. En el caso de Naasón Joaquín, en California cinco jóvenes presentaron una demanda civil por agresión sexual, negligencia y violencia de género. Univision
• Educación y formación comunitaria: campañas que sensibilicen sobre abuso espiritual, manipulación sectaria y empoderamiento de los jóvenes para decir “no” a líderes que abusan de su autoridad.
  Sin una reparación real, decimos a las víctimas: “sufriste, pero sigue adelante sin que importe lo que pasó”. Eso no basta. El país debe asumir que esa reparación es parte de su dignidad colectiva.

Políticas públicas: supervisión a asociaciones religiosas, transparencia financiera, incompatibilidades en cargos públicos

Este caso pone en relieve la necesidad de reformar el marco institucional para que ninguna organización —religiosa o no— quede al margen del Estado de derecho.

Aunque México es un Estado laico, con libertad de culto, esa libertad no significa inmunidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos a la libertad religiosa deben ejercerse “sin menoscabo de los derechos de terceros, incluyendo niños”.
Propuestas concretas:

• Registro público transparente de asociaciones religiosas con obligaciones de rendición de cuentas.
• Supervisión estatal-civil sobre prácticas que vulneren derechos humanos o exploten la obediencia.
• Mecanismos independientes de denuncia y supervisión dentro de congregaciones.

La UIF y la FGR ya han identificado operaciones sospechosas de la LLDM por lavado de dinero y transacciones internacionales. Se requieren políticas tales como:

• Obligación para asociaciones religiosas de declarar ingresos, donaciones, bienes inmuebles, en paralelo al sector privado sin perder su carácter de autonomía.
• Auditorías aleatorias y mecanismos de sanción para quienes incumplan.

El cruce de líderes religiosos con cargos públicos —o penetración de ciertas congregaciones en ámbitos públicos— puede generar conflictos de interés e influencias indebidas.
Una política eficaz exige:

• Prohibición o regulación estricta para que líderes con prácticas opacas no tengan influencia política.
• Evaluación estricta de candidaturas a cargos públicos en las que exista vinculación con movimientos religiosos que hayan sido objeto de denuncias.

El Estado mexicano debe garantizar que ninguna confesión —por grande o influyente que sea— ejerza funciones propias del orden público, judicial o político. Cuando una organización funciona como Estado dentro del Estado, vulnera la igualdad, la legalidad y los valores de una sociedad democrática.
En suma, la respuesta pública no puede limitarse a investigar el caso particular: debe transformar el marco estructural para que no haya “apóstoles” por encima de la ley.

Alcance transnacional y cooperación México–Estados Unidos

El caso de Naasón Joaquín atraviesa fronteras. En Estados Unidos, las acusaciones federales contra él incluyen organización delictiva, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la LLDM.  Esto implica:

• Cooperación jurídica y de inteligencia entre el sistema de justicia de México y el de EE.UU. para extradición, investigación conjunta, decomiso de bienes, seguimiento de víctimas que cruzaron fronteras.
• Coordinación de políticas para la protección de víctimas que residen en EE.UU. y México, incluyendo atención psico-social y rutas de salida segura binacionales.
• Monitoreo de redes financieras internacionales vinculadas a la congregación, que habrían realizado transferencias entre México, EE.UU., Hong Kong y Polonia.
  Es una dimensión que vuelve más urgente la acción estatal mexicana: no basta investigar localmente; las redes son globales. Por ello la reparación también exige mirar más allá del territorio nacional.

El caso del líder de la LLDM, Naasón Joaquín García, marca un punto de inflexión. No sólo por la magnitud de los abusos denunciados, ni por la fama de la congregación, sino porque revela grietas en el Estado mexicano: en la justicia, en la protección de los más vulnerables, en la supervisión de organizaciones religiosas y en el blindaje del Estado laico.

Para que no haya una repetición, México tiene que actuar en tres frentes de manera simultánea: justicia efectiva, reparación integral y servicio público con transparencia.

• Justicia efectiva significa que la FGR avance sin dilación, que los casos lleguen a sanción, y que las víctimas sientan que el Estado está de su lado.
• Reparación integral significa acompañamiento psico-social, rutas de salida segura, protección de denunciantes, y una mirada humana que restituya la dignidad de quienes fueron manipulados.
• Políticas públicas con transparencia, rendición de cuentas y supervisión harán que ninguna organización —sea religiosa, cultural o colegiada— quede al margen de la ley o de los valores compartidos.

Finalmente, desde el humanismo trascendente : reconocer que la fe, la congregación, la espiritualidad pueden y deben ser espacios de dignidad, no de opresión; deben ser lugares de encuentro, no de abuso. Como mexicanos, como sociedad joven, millennial y centennial, tenemos la voz y el derecho de exigir que se cumpla la ley, que se proteja a los más débiles y que ninguna comunidad quede al margen del criterio moral que nos hermana.

Porque esta no es sólo la reparación de un escándalo: es la reparación de un pacto social. Es decir: yo sí influyo para que el pasado no se repita.

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