La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nació para servir como un contrapeso. Su mandato constitucional es claro: investigar violaciones de derechos cometidas por autoridades, acompañar a las víctimas, emitir recomendaciones y presionar al Estado para garantizar la reparación del daño y la no repetición. En su origen, se trataba de una institución pensada para incomodar al poder, no para alinearse con él. Sin embargo, en los últimos años su visibilidad pública y capacidad de incidencia se ha ido diluyendo, hasta el punto de que amplios sectores sociales la perciben como una institución “desaparecida en funciones”.
Este cambio ha sido particularmente evidente desde la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH en noviembre de 2019. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica: la votación en el Senado se realizó entre acusaciones de irregularidades en el conteo y con críticas inmediatas de organizaciones civiles que señalaron un conflicto de interés derivado de su cercanía política con el gobierno federal. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas” advirtió entonces que la designación comprometía la autonomía de la institución y abría la puerta a una CNDH subordinada al discurso gubernamental.
La autonomía, en efecto, es la pieza clave. La CNDH solo puede cumplir su función si actúa sin miedo a confrontar al poder, especialmente cuando ese poder es el responsable de violaciones. Pero en esta administración, diversos especialistas han observado lo contrario. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión ha optado por una estrategia de bajo conflicto, caracterizada por una disminución de recomendaciones dirigidas a instituciones federales y por una priorización de pronunciamientos políticos abstractos en lugar de investigaciones profundas sobre abusos documentados.
Uno de los casos más emblemáticos es Ayotzinapa. En 2022, la CNDH anunció que su propio informe sobre la desaparición de los 43 normalistas –emitido años antes– tenía deficiencias, pero no ha acompañado de manera consistente a las familias ni ha colaborado activamente con los mecanismos internacionales que coadyuvan en la investigación. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe, señaló la “ausencia de una presión institucional sólida desde organismos nacionales como la CNDH” para garantizar acceso a evidencias militares y responsabilidades de mando. Para las familias, la Comisión se ha convertido en una figura que “observa, pero no interviene”.
Otro eje crítico es la violencia contra mujeres. A pesar de que México vive una crisis de feminicidios que organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio califican como “sistemática”, la CNDH no ha liderado esfuerzos nacionales para coordinar diagnósticos, alertas o protocolos efectivos. De hecho, uno de los episodios más comentados de esta administración fue la ocupación de las oficinas centrales de la CNDH en 2020 por colectivas feministas que denunciaban precisamente la indiferencia institucional. Las activistas acusaron al organismo de dar la espalda a víctimas de violencia y convirtieron el edificio en una casa de refugio y protesta.
En materia de abuso de fuerza militar, tema central en un país donde las Fuerzas Armadas han adquirido crecientes tareas de seguridad pública, la Comisión ha tenido una postura que expertos consideran pasiva. Investigadores como Ernesto López Portillo, especialista en seguridad y colaborador de la UNAM, han señalado que la CNDH “no ha ejercido plenamente el control civil que debería representar frente al poder armado”, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en operativos de seguridad.
¿Qué ha hecho, entonces, la CNDH bajo Rosario Piedra? La presidenta ha defendido lo que llama una “nueva etapa” del organismo, basada en la cercanía con sectores tradicionalmente marginados y la transformación futura de la Comisión en una “Defensoría Nacional de los Pueblos”. Sin embargo, ha centrado parte de su actividad en debates políticos, como su posicionamiento a favor de la reforma judicial y críticas reiteradas a organismos autónomos, lo que ha reforzado la percepción de alineamiento con el gobierno federal.
La consecuencia más grave no es solo la pérdida de protagonismo institucional, sino la pérdida de confianza de las víctimas. Familias de desaparecidos, colectivos feministas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos han dejado de ver a la CNDH como un aliado y, en muchos casos, ni siquiera acuden a ella. Una institución creada para proteger a quienes enfrentan al poder ha terminado reducida a una presencia simbólica que rara vez exige cuentas.
Hoy, la pregunta central es si la CNDH puede recuperar su vocación original. Para ello tendría que volver a documentar con rigor, emitir recomendaciones que nombren responsables, sostenerlas incluso contra el gobierno y acompañar a víctimas con recursos, especialistas y voluntad política. En síntesis: tendría que volver a incomodar.
Mientras eso no ocurra, la Comisión seguirá existiendo en papel y en presupuesto, pero no en la vida real de quienes necesitan justicia.
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