Los altos niveles de inseguridad que se mantienen en el país, representan uno de los principales frenos para la inversión, la competitividad y la paz social, alertó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Durante el “Foro de seguridad, buenas prácticas en materia de seguridad por un México en paz”, Sierra Álvarez, reconoció que la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país.
Reveló que el año pasado, el 51 por ciento de sus socios reportó haber sido víctima de algún delito, pero enfatizó que la extorsión ha sido el más significativo, ya que afectó al 12.8 por ciento de los empresarios.
Al respecto, Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia del organismo patronal, aseguró que “el delito que no ha sido contenido y que reconoce el gobierno federal es el delito de la extorsión, que de enero a septiembre ha generado pérdidas de 21 mil millones de pesos.
“La extorsión telefónica y el cobro de piso se han convertido en un cáncer que amenaza no sólo las utilidades de las empresas, sino la estabilidad emocional de las familias. Este delito, además, golpea con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, esas que son el corazón productivo del país y las que generan más del 70 por ciento de los empleos formales en México”, apuntó.
Indicó que los empresarios invierten grandes cantidades en cámaras de seguridad, vigilantes y hasta eventualmente vehículos blindados.
Peñúñuri Pantoja, subrayó la urgencia de atender con determinación la violencia, delito que afecta directamente a la economía nacional. “La inseguridad, ha provocado otras afectaciones severas que se reflejan en los micro y pequeños negocios. El Inegi estimó que, en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Lo anterior equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país. Muchos de estos negocios, corren la gran infortuna de no poder hacer frente a los delitos y se ven obligados a cerrar, a realizar despidos y con ello, empujar una economía informal”, afirmó.
En su turno, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad del Senado aseguró que una de las reformas más trascendentes que recientemente se hizo fue en materia de extorsión. Con la reforma, la norma amplía la tipificación del delito, reconoce sus múltiples modalidades y protege a víctimas, comerciantes y empresarios que enfrentan esta forma de violencia económica.
“La extorsión no solo roba dinero: roba la paz, la confianza y el futuro de las comunidades. Por eso, la ley ahora establece mecanismos más efectivos para su persecución y sanción. Seguridad como corresponsabilidad social”, recalcó.
Al finalizar el encuentro, Juan José Sierra Álvarez, enfatizó que la seguridad es condición indispensable para el desarrollo.
“En los últimos años, la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal. En estos momentos, en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es fundamental para consolidar la economía de los tres países, urge que la atención a la inseguridad sea una prioridad. No podemos darnos el lujo de perder la oportunidad de que las inversiones lleguen a nuestro país porque quienes arriesgan su capital se sientan vulnerables”, afirmó.
Además, dijo que son necesarias acciones urgentes, inteligencia institucional y una colaboración real entre autoridades, empresarios y sociedad para recuperar la tranquilidad y garantizar un entorno seguro para la inversión y el desarrollo.
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