La nueva etapa del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ha convertido la vida de millones de migrantes indocumentados en una experiencia marcada por el miedo, la persecución y la incertidumbre. Redadas más agresivas, detenciones masivas y operativos federales dentro de ciudades han endurecido el ambiente social y político, en medio de denuncias por abusos, muertes bajo custodia y un discurso oficial que ha legitimado el uso de la fuerza como instrumento de control migratorio.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha impulsado una política de choque basada en el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. Este organismo federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, tiene como función localizar, detener y deportar a personas que se encuentran sin autorización legal en el país. Sus divisiones operativas, principalmente las encargadas de arrestos y expulsiones, han sido el eje de la estrategia migratoria de la administración.
Las cifras dan cuenta de la dimensión del giro. En los primeros 50 días del nuevo gobierno se registraron más de 32 mil detenciones relacionadas con inmigración, incluyendo miles de personas cuyo único delito fue violar las leyes migratorias. Funcionarios federales reconocieron que el objetivo era liberar a la agencia de restricciones previas para incrementar las capturas y deportaciones.
La retórica presidencial ha acompañado esa política. Trump declaró en entrevistas que las redadas del ICE “no han ido lo suficientemente lejos” y defendió el uso de tácticas agresivas como gas lacrimógeno y operativos de choque para detener migrantes. Ese discurso se ha traducido en acciones concretas. En febrero de 2026, el propio mandatario admitió públicamente que su administración ha aplicado un enfoque duro en los operativos migratorios, aunque deslizó que podría buscar medidas “un poco más suaves” tras las críticas crecientes.
La oposición política ha sido constante. Legisladores demócratas, alcaldes y gobernadores han cuestionado la presencia de agentes federales en sus ciudades y el despliegue de operativos sin coordinación local. Las críticas se han intensificado tras incidentes violentos que han colocado a la agencia en el centro del debate nacional. Incluso figuras del entretenimiento han condenado públicamente el actuar del ICE, generando tensiones con la Casa Blanca, que ha salido a defender a los agentes y su papel en la seguridad nacional.
Los casos más recientes han profundizado el rechazo social. En enero de 2026, una mujer murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Minneapolis durante un operativo; el hecho desató protestas y fue calificado por el propio Trump como “una tragedia”. El episodio detonó una ola de manifestaciones y una huelga general en varios estados, donde organizaciones civiles exigieron el fin de las operaciones de la agencia.
No es un caso aislado. Reportes periodísticos han documentado al menos cinco muertes bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, lo que ha generado reclamos de comunidades migrantes y organizaciones civiles por la falta de transparencia y rendición de cuentas. En 2025, otro migrante murió tras ser baleado por un agente durante un operativo en Illinois, en uno de los primeros episodios letales de esta nueva etapa.
La presión se ha incrementado con operativos masivos en zonas urbanas. En Nueva York, el gobierno federal anunció el despliegue de acciones especiales contra presuntas redes criminales, lo que implicó mayor presencia de ICE en comunidades con alta población migrante y un aumento de arrestos. Al mismo tiempo, las redadas al interior del país han provocado el crecimiento de deportaciones de personas sin antecedentes penales, una práctica que organizaciones civiles consideran un cambio radical frente a administraciones anteriores.
El impacto humano ha sido profundo. Familias que evitan salir de sus casas, niños que dejan de asistir a la escuela y trabajadores que viven con temor constante a ser detenidos forman parte del nuevo panorama social. En varias ciudades, comunidades religiosas han denunciado que las operaciones migratorias incluso se han acercado a templos y centros comunitarios, generando una sensación de persecución permanente.
La crítica internacional tampoco ha tardado. Organismos de derechos humanos han advertido sobre retrocesos graves. Reportes recientes señalan que el endurecimiento de las redadas, la limitación del asilo y la detención de personas en lugares considerados sensibles reflejan un deterioro en la protección de derechos básicos y un clima de criminalización generalizada hacia quienes migran.
En ese contexto, la voz más contundente ha sido la del papa León XIV. El pontífice ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el trato a los migrantes en Estados Unidos y ha llamado a la comunidad internacional a no normalizar políticas que deshumanizan a quienes huyen de la pobreza o la violencia. Sus mensajes han advertido sobre el peligro de convertir la migración en un problema de seguridad antes que en una crisis humanitaria, y han insistido en que las personas migrantes deben ser tratadas con dignidad y compasión.
Las palabras del líder de la Iglesia católica han resonado especialmente entre comunidades latinas y organizaciones civiles que ven en el endurecimiento migratorio un escenario de criminalización generalizada. En Estados Unidos, el debate ha escalado a un nivel político y moral que divide al país: por un lado, quienes respaldan el control fronterizo; por otro, quienes denuncian que la estrategia está rompiendo familias, generando miedo colectivo y normalizando la violencia institucional.
En apenas un año, el segundo mandato de Trump ha transformado el paisaje migratorio en un territorio de confrontación permanente. ICE se ha convertido en el rostro visible de esa política: una agencia que, para el gobierno, representa la defensa de la ley; para sus críticos, el símbolo de un sistema que ha endurecido hasta niveles inhumanos el trato a quienes buscan una oportunidad de vida.
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