La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que impone una prohibición absoluta a la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y “dispositivos análogos”, además de reforzar diversas facultades sanitarias para enfrentar riesgos emergentes. El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales, donde continuará el debate.
La modificación legal plantea que la fabricación y el comercio de estos aparatos no podrán realizarse en el país y establece sanciones administrativas y penales severas para quienes los produzcan o trafiquen con fines de lucro. Entre las penas contempladas figuran multas cuantiosas y prisión para los responsables de la cadena de comercialización. Los impulsores sostienen que la medida busca cerrar un mercado que ha crecido con rapidez y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes ante productos cuya seguridad a largo plazo sigue siendo cuestionada.
En los pasillos legislativos, la discusión fue áspera. Legisladores del bloque oficialista defendieron la reforma como una decisión indispensable de salud pública frente a dispositivos que afirman han sido promovidos bajo la idea de que representan “alternativas seguras”, pese a la falta de evidencia concluyente sobre sus efectos. En contraste, partidos de oposición y especialistas en políticas regulatorias advirtieron que la inclusión de sanciones penales corre el riesgo de criminalizar cadenas de suministro y abrir espacios para abusos o extorsiones por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Ante estas críticas, los promoventes precisaron que el objetivo es sancionar la comercialización ilícita y no al consumidor individual.
Señalaron que el paquete legislativo no se limita a la prohibición de vapeadores. Entre las adiciones aprobadas se encuentran medidas que fortalecen la coordinación y las facultades de la Secretaría de Salud en materia de vigilancia sanitaria, así como disposiciones destinadas a combatir el tráfico de precursores químicos relacionados con drogas sintéticas, un asunto que ha ganado centralidad en la agenda pública por su impacto en la seguridad. Durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre la exclusión explícita de ciertos dispositivos, como los calentadores de tabaco, en momentos del proceso, lo que generó reproches sobre posibles excepciones regulatorias con efectos comerciales.
El origen de las propuestas es múltiple. A la discusión llegaron iniciativas de distintas bancadas, algunas de corte técnico y otras motivadas por preocupaciones de salud pública. Con el tiempo, estos planteamientos convergieron en un dictamen único. La diversidad de iniciativas mostró cómo el tema transitó de ser una discusión especializada a un asunto de alto perfil político, con implicaciones que rebasan el campo sanitario y alcanzan terrenos comerciales, legales y de seguridad.
Más allá del debate jurídico y político, la reforma representa un viraje importante en la estrategia mexicana frente a productos relacionados con la nicotina. Si el Senado ratifica la propuesta, México avanzará hacia una prohibición amplia como respuesta a riesgos percibidos, optando por restringir completamente la oferta en lugar de regular su comercialización. Para la población, el cambio podría traducirse en la desaparición del mercado visible de vapeadores y en una ampliación de facultades para que las autoridades sanitarias actúen con mayor firmeza. Para el sistema político, el dictamen evidencia la permanente tensión entre la protección de la salud pública y la preocupación por fomentar mercados clandestinos que suelen acompañar cualquier prohibición.
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