En México se abre la puerta hacia un cambio significativo en la legislación laboral: la propuesta de reducir la jornada máxima semanal de 48 a 40 horas. Una modificación que, de concretarse, tendría implicaciones profundas para los trabajadores jóvenes, las MiPyMEs, el tejido productivo nacional y el equilibrio entre vida personal y laboral. No se trata solo de ajustar el reloj de entrada o salida, sino de replantear lo que significa producir, vivir y convivir en el mundo del trabajo.
La iniciativa tiene, además, un trasfondo moral: desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se plantea con énfasis en la gradualidad, en el respeto a los sectores y realidades particulares, y en evitar que el trabajador, en su tiempo libre, tenga que buscar otra “chamba” para compensar ingresos.
En este artículo abordaremos el origen del debate, el contexto actual, las voces implicadas (trabajadores, empresarios, especialistas), los retos reales —sobre todo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)— y las implicaciones desde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia: dignidad del trabajo, bien común, subsidiariedad y solidaridad.
Contexto histórico y actual
Actualmente en México, la jornada máxima ordinaria —según la interpretación vigente del Ley Federal del Trabajo y la práctica empresarial— ronda las 48 horas semanales. De hecho, diversas investigaciones señalan que cerca del 27 % de los trabajadores mexicanas laboraban más de 48 horas a la semana.
Durante el segundo trimestre de 2025, la población ocupada trabajó en promedio 41.8 horas por semana.
Esta realidad coloca a México entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más horas se trabajan por persona al año.
Ante ese panorama, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció foros de diálogo para llevar la semana laboral a 40 horas como máximo hacia 2030.
La transición se plantea de forma gradual: por ejemplo, una hoja de ruta estimada sugiere 2025 = 48 horas; 2027 = 46; 2028 = 44; 2029 = 42; 2030 = 40.
Coparmex se ha pronunciado insistiendo en la gradualidad, en que se respeten las condiciones particulares de cada sector, y en que no se abra un frente donde el trabajador tenga que buscar otro empleo en su tiempo libre solo porque la jornada fue reducida. En ese sentido, ha advertido sobre riesgos concretos para las MiPyMEs, la informalidad y el empleo formal.
“Llego a casa y siento que mi día no termina; trabajo seis días, a veces más de 48 horas, y el fin de semana trato de recargar, pero siento que el tiempo libre no lo es”, dice Juan Pérez (nombre ficticio por confidencialidad), de 28 años, operario en una empresa de manufactura en el Estado de México. “La idea de que podamos trabajar 40 horas me entusiasma, pero me preocupa que signifique menor salario o que la empresa me pida más productividad sin apoyo.” Su voz da cuerpo a una realidad que muchos jóvenes comparten.
Para Salvador García, propietario de una pequeña empresa de comercio en Jalisco, “la idea suena bien en lo moral: más tiempo para la familia, para la salud, para vivir. Pero en la práctica, si no tengo apoyo, si la inversión es poca, si la productividad no se mejora, reducir las horas podría significar que tenga que despedir gente o que aumenten los costos y eso termine siendo malo para todos.” Esta preocupación coincide con los argumentos de la Coparmex.
El doctor en Derecho laboral, Manuel Fuentes Muñiz, advierte: “El verdadero reto no es solo cambiar el número de horas, sino fortalecer la inspección laboral, dignificar el salario y reducir la informalidad. Si la estrategia se centra únicamente en horas, sin proceso productivo, sin preparación, el riesgo es que haya menos empleo formal o más horas extras no remuneradas”.
Análisis de los retos y obstáculos
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas constituyen el 99.8 % de las unidades económicas en México y generan más del 70 % del empleo formal.
Coparmex señala que más de 7.3 millones de personas que laboran más de 40 horas están en MiPyMEs.
Si la jornada de 40 horas se implantase rápidamente sin apoyos específicos, podrían verse incrementos de costos, necesidad de contratar más personal o reducción de turnos, lo cual podría generar despidos o informalidad.
Reducir horas no es suficiente. Para que las empresas mantengan o mejoren su producción, deben invertir en tecnología, capacitación, mejor organización y procesos más eficientes. De lo contrario, menos horas podrían traducirse en menos resultados. Coparmex lo ha señalado con claridad: “Reducir la jornada laboral sin mejoras en eficiencia… podría derivar en menor producción y mayores costos”.
La tasa de informalidad se sitúa en torno al 54.9 % de la población ocupada (septiembre de 2025 representa esta tasa).
En este escenario, una reforma mal instrumentada podría agravar esa informalidad, pues las empresas podrían optar por esquemas fuera de la ley para evitar costos adicionales. Por eso, los mecanismos de adaptación —apoyos fiscales, incentivos, plazos diferenciados— son fundamentales.
Las voces empresariales insisten en que la reducción debe hacerse con plazos claros, escalonados y diferenciados según tamaño de empresa y sector. Para dar un ejemplo: grandes empresas podrían adaptarse más rápido, mientras que microempresas necesitarían mayores márgenes de transición.
Coparmex lo sintetiza: “Cualquier medida que omita su realidad estructural podría traducirse en pérdida de empleo, incremento de la informalidad o alzas en los precios”.
Desde la perspectiva humanista, el trabajo tiene una dignidad propia: no es solo un medio de subsistencia, sino una participación en el desarrollo humano, familiar y comunitario. La reducción de la jornada laboral, bien instrumentada, encaja con ese principio al brindar más tiempo para la familia, la formación, la comunidad y la vida personal.
Pero también es necesario cuidar el principio del bien común: que las reformas laborales no comprometan la estabilidad del empleo, la salud de las empresas que generan empleo y de la economía nacional. Aquí entra la subsidiariedad: las MiPyMEs deben ser acompañadas, no dejadas de lado.
La legalidad pide que los cambios se hagan dentro del marco del Estado de derecho, del diálogo social (trabajadores, empresarios, Estado), de transparencia, y con plazos que permitan el ajuste. La iniciativa de las 40 horas cumple con esa lógica, siempre y cuando se realice con responsabilidad.
Propuestas para una transición ordenada y justa
- Implementación escalonada diferenciada: Plazos distintos para grandes, medianas, pequeñas y micro empresas. Revisiones anuales del avance en productividad.
- Apoyos específicos para MiPyMEs: incentivos fiscales (deducibilidad de prestaciones, subsidio al empleo), programas de capacitación y acceso a crédito para modernización. Coparmex lo plantea como piedra angular.
- Agenda de productividad: inversión en tecnologías, revisión de procesos, impulso a la capacitación, colaboración entre empresas y sector académico para mejorar la productividad por hora trabajada.
- Protección al trabajador: garantizar que la reducción de horas no implique reducción salarial, que se respete el pago de horas extras, que se fortalezca la fiscalización laboral para evitar abusos.
- Diálogo social permanente: mesas tripartitas (Estado, trabajadores, empresarios) para evaluar avances, revisar impactos, hacer ajustes y garantizar transparencia. Coparmex lo propone como mecanismo de monitoreo.
- Educación al ciudadano: que los jóvenes trabajadores conozcan sus derechos, sepan cómo negociar horas, tengan conciencia de sus condiciones laborales, y que exista una cultura de eficiencia y calidad en el trabajo.
La propuesta de una semana laboral de 40 horas en México representa una oportunidad histórica para dignificar el trabajo, mejorar la calidad de vida de los jóvenes (18–35 años) y avanzar hacia un modelo laboral más humano. Pero, y esto es clave, el éxito de esa transición depende del cómo, no solo del qué.
Si la reducción de horas viene sin mecanismos de apoyo, sin productividad, sin apoyo real a las MiPyMEs, sin garantía salarial, sin inspección y sin gradualidad, la reforma puede convertirse en problema: más informalidad, menor empleo, presión para que los trabajadores busquen otra “chamba” en su tiempo libre, que precisamente se busca combatir.
Desde los valores humanistas—dignidad del trabajo, solidaridad, bien común— se tiene que ver como una reforma que cuide al trabajador pero también al empleador, que respete la legalidad y que construya un México más justo y eficiente.
La voz de la Coparmex, insistiendo en la gradualidad y en la realidad estructural de las MiPyMEs, es una señal de que el diálogo tiene que ser real, no un trámite simbólico. Así lo expresó: “Estamos listos para sumar, con argumentos y propuestas, a un proceso que debe incluir a todas las voces y visibilizar la realidad de los distintos sectores económicos”.
En últimas, lo que se pone en el centro no es solo cuántas horas trabajamos, sino cómo trabajamos, qué hacemos con nuestro tiempo libre, cómo se concilian nuestras responsabilidades familiares y personales, y cómo México construye un modelo de trabajo que sea sostenible, justo y eficiente para las nuevas generaciones. Si lo hacemos bien, todos ganamos.
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