El tobogán que impulsa la cultura de la muerte en nuestro país, registra un nuevo paso. Esta vez, es la diputada Naty Jiménez, de Morena, quien da impulso a las acciones orientadas a acabar con la vida de una persona. La legisladora ha aprovechado el fin de año, donde con la Navidad se celebra la vida, para proponer que se legisle a favor de la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad.
Desde luego, la iniciativa se ha enviado a las comisiones que habrán de dictaminarla. Para ello, se le impulsa con el viejo truco de afirmar que existen encuestas según las cuales, la opinión pública mayoritaria está a favor de dichas medidas y que ya hay países donde se han adoptado disposiciones al respecto, y, también, que hay otros donde sin existir tal legislación, algunos jueces han dado luz verde para la aplicación de esos asesinatos llamados misericordiosos.
Independientemente de que existieran dichas encuestas, eso no significa que sea legítimo abrir una puerta más para quitar la vida a una persona, aunque ella esté de acuerdo o lo solicite. Nadie es dueño de su vida y, menos, de la de otro como para considerarse con derecho de disponer de ella.
La Ley General de Salud y el Código Penal Federal prohíben estas prácticas. Es una prohibición que responde a la Ley Natural que considera la vida, cualquier vida, como un bien en sí mismo y todo “argumento” favorable a esta disposición, está lleno de falacias, como ha ocurrido en el alegato a favor del aborto y que, sin embargo, lograron seducir las mentes de ministros de la Suprema Corte y de los legisladores que insistentemente han promovido la legitimidad de mujeres y médicos para acabar con los niños en el seno materno.
El aborto, hay que insistir una y otra vez, es el asesinato de un inocente. Legalizarlo en cualquier momento de la concepción, es desproteger por parte del Estado a un ser humano y generar una zona gris que busca tranquilizar conciencias e, incluso, establecer coerción sobre el personal de salud, negándoles, incluso, el derecho de objeción de conciencia. Disposición digna del III Reich que se condena de palabra, pero se autoriza de hecho.
La permisión del aborto, independientemente del momento en que ocurra, es una negación a un grupo poblacional, de su dignidad humana y, por lo tanto, la legislación que lo permite es digna de la barbarie. Constituye el primer paso para aceptar la muerte realizada por otro, como un sistema que forma parte aceptada de la vida social, ya que se trata de una acción que se realiza con premeditación, alevosía y ventaja en contra de quien no puede defenderse de ninguna manera y se le niega, siquiera, la mínima defensa que se concede a los criminales en juicio.
Ahora, de acuerdo con lo propuesto por la diputada Naty Jiménez, se despenalizaría la muerte asistida para personas mayores de 18 años de edad. Con ello nos encontramos con dos lapsos de vida en los cuales el asesinato contaría con el aval de la ley. Quedan a salvo, por el momento, los menores, el infanticidio. ¿Cuál es la diferencia que se establece al respecto? ¿No han encontrado la falacia para autorizar esto, cuando ya niegan a los padres la patria potestad en el caso de la ideología de género?
Paso a pasito, se pretende dotar al Estado, con leyes inicuas, de competencias que no le corresponden y que están por encima de los derechos humanos, que tienen sustento en el derecho a la vida para todos, independientemente de su condición. Derecho que es anterior y superior al Estado, cuya fuerza ha llevado a que hoy se busque la erradicación de la pena de muerte para los criminales.
Resulta muy peligroso que sea una legisladora de Morena, el partido con mayoría en el Congreso, la que presenta esta iniciativa que, probablemente, cuente con la venia de su grupo parlamentario, pues nos coloca –a todos- al borde de la muerte.
En México se ha extendido la cultura de la muerte. Cuenta entre sus aliados a numerosos comunicadores que inciden sobre la opinión pública. Ellos acogen las falacias que la impulsan y descartan y desprestigian a quienes estamos a favor de la vida, con calificativos que carecen de sustento y argumentación: reaccionarios, extremistas de derecha, etc. ¿Con qué argumentos van a poder acusar a quienes secuestran y matan a otros? ¿Acaso muchos de quienes realizan estas acciones no han ganado popularidad con los narcocorridos, por ejemplo?
La violencia del crimen organizado ya es un sistema habitual en nuestro país. De ello habla el cúmulo de muertes que se han acumulado a través del tiempo sin que se ejerza acción eficaz para perseguirlo, aunque las cifras hablen de su disminución o se disimulen, en tanto no se descubran los cadáveres, con los secuestros o desapariciones forzadas.
Es tiempo de decir ¡ya basta! al crimen, ya sea en los abortorios o los hospitales, ya sea al inicio de la vida, en la enfermedad o en la ancianidad. La etiqueta de legalidad con que se pretenden encubrir no modifica su naturaleza.
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