En un contexto demográfico marcado por un rápido envejecimiento de la población, el abandono de personas
adultas mayores ha pasado de ser un problema social invisibilizado a un foco de atención legislativa. Senadores
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa con un objetivo claro: endurecer las
sanciones penales contra quienes abandonen a sus familiares adultos mayores, con penas que podrían alcanzar
hasta los cuatro años de prisión. Esta propuesta busca traducir en consecuencias jurídicas una conducta que
afecta la dignidad, la salud y la seguridad de millones de personas en el país.
La iniciativa, presentada en el Senado de la República por la senadora Rocío Corona Nakamura, propone reformar
el Código Penal Federal para tipificar expresamente el abandono de personas adultas mayores como delito que se
persiga de oficio. Esto significa que las autoridades podrían iniciar la investigación sin necesidad de una denuncia
previa por parte de la víctima o su familia, ante la gravedad y vulnerabilidad del hecho.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México hay más de 17 millones de
personas de 60 años o más, de las cuales solo cuatro de cada diez son económicamente activas, y siete de cada
10 padecen algún tipo de discapacidad como hipertensión, diabetes o artritis, lo que potencia su vulnerabilidad
ante situaciones de abandono o maltrato. La demografía también apunta a que para 2030 el porcentaje de adultos
mayores será casi 15 por ciento mayor que el de jóvenes en el país.
Estas cifras muestran una realidad social ineludible: una proporción creciente de la población entra en edades
donde la dependencia y la necesidad de cuidados se vuelven centrales para su calidad de vida, y sin una red de
apoyo adecuada –familiar, comunitaria o institucional– muchos quedan expuestos a la omisión de cuidados
básicos.
Para los promotores de la iniciativa, no se trata de castigar fríamente a familiares o cuidadores, sino de reconocer
el daño profundo que produce el abandono de una persona que, con frecuencia, dedicó décadas a sostener a su
familia y a la sociedad. El abandono puede materializarse en dejar a una persona mayor sin alimentos, sin acceso
a medicinas, sin atención médica o, incluso, en la vía pública sin supervisión, situaciones que no solo vulneran su
integridad física, sino también su dignidad emocional.
La propuesta establece una pena de un mes hasta cuatro años de prisión para quien, teniendo la obligación de
cuidar a una persona adulta mayor, la abandone. La iniciativa busca que el delito se persiga de oficio y que los
juicios no dependan del ámbito familiar para activarse, un cambio importante si se considera que muchas víctimas
no tienen la capacidad de denunciar.
Según el propio documento legislativo, el objetivo es que “el abandono a un adulto mayor no sea un acto
recurrente, impune y sin una sanción ejemplar”, y que se deje de considerar como una conducta aceptable o menor
dentro del entramado de responsabilidades familiares.
Desde la Cámara de Diputados ya se habían presentado propuestas similares, aunque con diferencias en sus
alcances. Legisladores como Juan Luis Carrillo Soberanis, también del PVEM, abogaron por sanciones de uno
mes a tres años de prisión, dependiendo del daño que resulte del abandono, además de reconocer que muchas
veces los perpetradores son los propios hijos de las víctimas.
Este debate no surge de la nada. Diversos estudios oficiales han señalado que los derechos de las personas
adultas mayores, aunque reconocidos en la ley, no siempre se reflejan en protección efectiva. Por ejemplo, datos
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) muestran que tres de cada diez adultos mayores
han sufrido algún tipo de negligencia, abandono o desatención ya sea familiar o social.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que el abandono puede manifestarse de múltiples maneras:
desde la falta de acompañamiento, exclusión social y omisión de cuidados básicos, hasta la ausencia de apoyo
para acceder a servicios de salud o a una vivienda digna. Estas formas de maltrato reflejan un fenómeno más
amplio que va más allá de la negligencia individual y se inscribe en modelos culturales y de políticas públicas que
han relegado la atención de la tercera edad.
Desde el Senado, la senadora Corona Nakamura ha señalado que este tipo de iniciativas son un acto de justicia
hacia quienes han sido olvidados por la sociedad. Para ella, la sanción penal es un mecanismo para enviar un
mensaje claro: ninguna forma de violencia hacia los adultos mayores puede ser tolerada.
No obstante, algunos críticos advierten que el endurecimiento de penas no será suficiente si no se acompaña de
políticas públicas más amplias de atención integral para las personas mayores. Instituciones de cuidado, pensiones
dignas, acceso a servicios de salud especializados y programas comunitarios forman parte del entorno que
muchos consideran indispensable para abordar el problema desde sus raíces y no únicamente desde el castigo.
El debate en comisiones legislativas apenas comienza, y todavía está por verse si la iniciativa será aprobada en
sus términos actuales o si sufrirá modificaciones. Lo que sí es claro es que la discusión ha colocado sobre la mesa
una realidad social que hasta ahora había permanecido en gran medida oculta: el abandono de los adultos
mayores no es solo una cuestión de responsabilidad familiar, sino un asunto de derechos humanos y de política
pública.
Con una población envejeciendo rápidamente, México enfrenta retos múltiples para garantizar el bienestar de sus
adultos mayores. El posible endurecimiento de sanciones penales representa una pieza más en un mosaico
complejo de necesidades sociales: desde la protección jurídica hasta programas de cuidado, salud e inclusión
social.
Al final, la verdadera prueba de esta iniciativa será si logra no solo castigar la omisión de cuidados, sino también
impulsar un cambio cultural y estructural que reconozca el valor y los derechos de quienes han construido gran
parte de la vida productiva del país.
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