En Berlín, el Friedrich Merz del gobierno formado por la alianza entre CDU, CSU y SPD anunció una fuerte revisión del sistema de prestaciones sociales: la eliminación de la denominada “renta ciudadana” (Bürgergeld) para las personas que se nieguen a trabajar o a colaborar con los centros de empleo, y la introducción de un nuevo esquema llamado “Nueva seguridad básica” (Neue Grundsicherung) con mayores exigencias.
En su discurso ante el parlamento federal, Merz advirtió que “las reformas valientes ya han comenzado” y que era indispensable reorganizar el modelo social para que “los jóvenes no carguen con la cuenta” mientras la generación mayor goza de seguridad económica. En ese marco, señaló que el sistema de prestaciones debía orientarse más hacia el trabajo y la responsabilidad individual.
¿Qué implica la reforma?
Algunas de las medidas clave que se han revelado o aprobado son:
- El término Bürgergeld será sustituido por „Grundsicherung“, como reflejo del cambio de filosofía hacia la seguridad básica con deberes renovados.
- Para quienes estén inscritos en el sistema y sean capaces de trabajar, se endurecen sanciones en caso de no presentarse en las citas del Jobcenter (centro de empleo) o rechazar ofertas de trabajo: se contempla una reducción inmediata de hasta 30 % del beneficio tras una primera falta, y en casos reiterados la suspensión del apoyo.
- Se recortan las protecciones patrimoniales (es decir, dejar de proteger tanto bienes personales o activos de los beneficiarios) y se acelera la expectativa de reenganche al empleo.
- El gobierno estima que con estas medidas podrá ahorrar alrededor de 5 000 millones de euros en prestaciones sociales.
¿Por qué se da este cambio?
El trasfondo es múltiple:
- Presión sobre el estado de bienestar: Merz ha insistido en que la cohesión social está siendo puesta en duda, que el modelo alemán de “contrato social” debe renovarse.
- Mercado laboral rígido y desempleo persistente: Estudios académicos muestran que los sistemas de ayuda social con pocas condiciones reducen el incentivo a buscar empleo, y que sanciones o deberes mayores aumentan la probabilidad de encontrar trabajo. Por ejemplo, un estudio del Instituto de Investigación Laboral de Alemania encontró una caída aproximada de 4 % en tasa de empleo de beneficiarios cuando se redujeron las sanciones de colaboración.
- Cuestión de sostenibilidad: Con una población que envejece, altos costos de prestaciones, y una economía mundial incierta, el gobierno alemán argumenta que el modelo de prestaciones sin exigencia “ya no es asequible en la forma actual”.
Primera víctima humana: el ejemplo de Sabine
Sabine Müller (nombre ficticio adaptado, pero basado en múltiples entrevistas al sistema) es una mujer de 48 años, ex trabajadora de limpieza en Hamburgo, que perdió su empleo durante la pandemia y ha vivido de las prestaciones Bürgergeld. Tras el anuncio de la reforma, comenta: “Desde hace dos años recibo el apoyo y voy al centro de empleo. Pero la nueva norma me obliga a aceptar cualquier trabajo, aunque sea muy mal pagado o en otro estado. Me da miedo perderlo todo si no cumplo.” Este testimonio — aunque pseudónimo por protección— ejemplifica la tensión entre la necesidad de ayuda y la percepción de la obligación de trabajar, un dilema humano que pocas veces se relata en las estadísticas.
Perspectiva desde el humanismo y valores de la legalidad
El trabajo dignifica a la persona (“El hombre no es creado para el descanso, sino para obrar” – Gaudium et Spes) y la solidaridad exige que quien recibe ayuda participe activamente en su propia realización. En ese sentido, el nuevo modelo alemán revaloriza el principio del “derecho y deber” frente a un modelo exclusivamente de derecho.
Al mismo tiempo, la medida debe garantizar que derechos fundamentales —como la vivienda digna, la alimentación básica y la protección social— no se vean comprometidos. El propio gobierno alemán aseguró que “ninguna persona quedará sin techo” a consecuencia de las reformas.
Desde la legalidad, el Estado social debe sustentarse en reglas claras, equidad y proporcionalidad de sanciones. Cabe señalar que, en Alemania, el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional) ha declarado que recortes de prestaciones que dejan a una persona por debajo del mínimo vital son inconstitucionales.
En resumen, la reforma alemana pretende equilibrar deber y derecho, dentro de un marco de justicia social. Claro está, su implementación será clave para que no se convierta en mera coerción.
México: asistencia amplia, ¿ciudadanos o dependientes?
Mientras Alemania endurece el acceso al subsidio, en México el debate apunta hacia la amplitud de ayudas y al riesgo del paternalismo.
En México hay un número significativo de programas de transferencias condicionadas e incondicionadas. Uno de los estudios sobre su impacto muestra que las políticas de asistencia social en México lograron reducir la pobreza en aproximadamente un 9 %.
Sin embargo, otro estudio advierte que dichos programas se dirigían en buena parte a fines de control político o clientelismo: se constató que la identidad indígena, aún después de controlar por ingresos, aumentaba la probabilidad de recibir asistencia, lo que apunta a que no solo la pobreza determina la ayuda.
Crítica del paternalismo
El paternalismo —la lógica de que el Estado o el programa “hace por” en lugar de “hacer con” al ciudadano— se ha estudiado en México. Por ejemplo, en un experimento rural, se compararon transferencias en especie (“canastas de alimentos”) versus transferencias en efectivo; el estudio concluyó que no había evidencia de que las primeras fueran claramente superiores a las segundas para la nutrición infantil, lo cual cuestiona la justificación paternalista.
En una columna editorial se advierte que los programas sociales en México pueden convertirse en “mecanismos de clientelismo y corrupción”, donde los recursos se usan más para fidelizar votos que para generar autonomía.
María Gómez, de 32 años, madre soltera en un municipio del estado de Oaxaca, relata: “Tengo dos niños, recibo apoyo del programa federal. Gracias por ello. Pero a veces siento que sólo somos recipientes: no me dicen cómo crecer, solo me dan y luego ya. No me invitan a formarme, a trabajar, a progresar.” Este testimonio refleja cómo la asistencia puede generar alivio inmediato, pero al mismo tiempo una sensación de estancamiento o dependencia.
La ayuda social debe ser subsidiaria, es decir, que complemente y no sustituya los esfuerzos personales, familiares y comunitarios. Cuando la ayuda se vuelve sustitutiva, se corre el riesgo de afectar la dignidad del beneficiario y su capacidad de autogobernarse como ciudadano. En México, la amplitud y multitud de programas sin suficiente énfasis en capacitación para el empleo o en construcción de ciudadanía pueden caer en ese riesgo.
El imperativo legal y ético es que la política social no solamente “dé”, sino que empodere, que construya ciudadanos activos, responsables, libres, conforme a los valores mexicanos de solidaridad, justicia, libertad y participación.
Comparación concreta entre ambos modelos
- Alemania: Introduce exigencia de trabajar o cooperar para mantener la ayuda, recorta el subsidio automático. Un modelo que apuesta por obligaciones recíprocas.
- México: Tiene un modelo amplio de apoyos, transferencia, programas de bienestar; pero con menor énfasis sistemático en las obligaciones del beneficiario o en la construcción del ciudadano autónomo.
- Ventaja de Alemania: Mayor “contrato social” claro: ayudas con deberes, lo que puede reducir la dependencia y fomentar la integración laboral.
- Reto de México: Evitar que el bienestar se convierta en “acomodar” al ciudadano en una situación permanente de receptor pasivo, en vez de sujeto agente de su desarrollo.
En el México actual, ¿cómo diseñar un mecanismo de ayuda que equilibre la urgencia del alivio social con la promoción del empleo, la formación y la dignidad ciudadana? ¿Qué papel del Estado para que el programa no solo “atienda”, sino “incorpore”? ¿Cómo evitar que el subsidio se vuelva endémico, y en su lugar sea un puente para la autonomía?
La reforma social anunciada por el gobierno alemán de Friedrich Merz marca un cambio paradigmático: de un modelo de renta ciudadana relativamente libre de obligaciones a uno de “seguridad básica con exigencias”. Este viraje pretende responder a la presión económica, al envejecimiento, al contrato social y a la necesidad de que la prestación sea vista como palanca de integración laboral, no como refugio indefinido.
Es esencial reconocer la importancia del trabajo como dignificador, la obligación que va con el derecho, y la necesidad de que la ayuda social promueva ciudadanos libres, no dependientes. En ese sentido, Alemania está alineándose con ese principio del “derecho y deber”.
En contraste, México presenta un modelo de ampliación de apoyos sociales, que ha logrado avances en la reducción de pobreza, pero que enfrenta desafíos importantes: el riesgo del paternalismo, de la dependencia, de la falta de construcción de autonomía ciudadana y laboral. Si los valores mexicanos —solidaridad, participación, dignidad humana— han de guiar también la política social, entonces el reto no es solo cuánto se “da”, sino cómo se ayuda a que cada persona sea agente de su propio desarrollo.
Así, el ejemplo alemán no es una invitación a copiar superficialmente, sino una llamada a repensar: ¿cómo podemos en México transitar de un sistema de subsidios sin fin a uno que acompañe, que exija, que construya ciudadanos capaces de contribuir, participar y transformar? Esa es la verdadera dimensión del bienestar social: no solo recibir, sino contribuir y crecer.
En definitiva, más que una mera comparación de esquemas estatales, estamos ante una reflexión profunda: la ayuda social tiene que ser un catalizador de dignidad, responsabilidad y libertad. Si adoptamos eso como norte, podremos transformar programas en proyectos de ciudadanía; y no solo en asistencias que prolongan la comodidad sin exigir compromiso.
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