Los sistemas de pensiones públicos y privados enfrentan hoy retos estructurales profundos. Según la World Economic Forum (WEF), las crisis de pensiones “empezarán a incidir” de lleno en la próxima década en las sociedades super-envejecidas —aquellas donde más del 20 % de la población tiene más de 65 años— como ocurre en países como Alemania, Japón o Italia.
Otro estudio del Harvard Kennedy School destaca que en 33 países se han identificado problemas de “subfinanciamiento” de los sistemas de jubilación.
El modelo tradicional de “reparto” —donde los trabajadores actuales financian a los jubilados— se ve cuestionado por la caída de las tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la disminución relativa de la fuerza laboral.
En un análisis de las ocho mayores economías, se estima un déficit acumulado de hasta 400 billones de dólares para 2050 en pensiones y jubilaciones.
Esta situación plantea un triple reto: garantizar la dignidad del trabajador (y del jubilado), asegurar la solidaridad intergeneracional y promover la subsidiariedad —invitar a la sociedad civil, la familia y el Estado a colaborar en la solución. El valor mexicano de solidaridad social se ve directamente implicado: no solo se trata de cada individuo asegurar su retiro, sino de construir mecanismos que no abandonen a quienes hoy y mañana dejarán de tener ingresos formales.
El caso alemán: una reforma que representa un experimento global
En este contexto global, el caso de Alemania merece especial atención. El gobierno de Friedrich Merz ha promovido un plan denominado “pensión activa” (o “Aktivrente”), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026: los trabajadores que ya alcanzaron la edad legal de jubilación podrán seguir laborando y ganar hasta 2 000 euros mensuales libres de impuestos.
El objetivo declarado es paliar la escasez de mano de obra cualificada, motivar a personas de mayor edad a permanecer en el mercado laboral, y aliviar la carga sobre el sistema de pensiones. Según un borrador del plan, costará al Estado alrededor de 890 millones de euros anuales desde la entrada en vigor.
No obstante, los expertos en Alemania —como la Bundesbank— advierten que esta medida “no aborda suficientemente” los incentivos al retiro temprano, y que el verdadero desafío está en el tamaño del problema demográfico: firmas que contienen ejemplos de 4.8 millones de jubilaciones previstas para 2035.
Desde la óptica de DSI y valores mexicanos, el modelo alemán recoge elementos positivos: se reconoce la experiencia laboral, promueve la inclusión de mayores en la vida productiva y fortalece la dignidad de la persona al permitirle seguir contribuyendo. Pero también exige reflexionar: ¿Se trata de una opción real o de un paliativo para un sistema que ya está al límite?
Países al borde del colapso: la quiebra de los sistemas de pensiones
Mientras algunos países cuentan con recursos para reformar, otros enfrentan lo que algunos medios llaman ya “crisis de pensiones”. El caso de China representa la magnitud del riesgo: aunque no es europeo, es referente global: la estrategia mixta (obligatoria, empresarial, privada) enfrenta una población que envejece aceleradamente, y se estima que el fondo estatal básico podría agotarse en 2035.
Otro ejemplo es el de Grecia, donde las jubilaciones tempranas y la combinación de deuda pública e incentivos casi generosos pasaron factura: reducciones drásticas en pensiones y condiciones de vida comprometidas.
Esta realidad plantea una pregunta radical para nuestra región: ¿Estamos dispuestos a invertir hoy —en términos de política fiscal, contributiva, cultural— para preservar la libertad de las generaciones futuras? ¿O dejaremos que la carga la soporten los que menos tienen? Para México, aunque no en quiebra inmediata, la situación es de riesgo latente.
¿Y México dónde está? Un sistema con rezago, informalidad y reformas pendientes
En el caso de México, los retos son estructurales: la alta informalidad, la baja cobertura contributiva, y un sistema dual de pensiones que aún no ha logrado cumplir su promesa. Según la Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) en su revisión de México, uno de los problemas centrales no es tanto el sistema de cuentas individuales, sino el “pasivo de transición” y los vacíos en cotización.
Un reciente estudio indica que muchos adultos mayores ya no pueden contar con una pensión justa porque no cotizaron el número mínimo de semanas o trabajaron informalmente. Por ejemplo, las leyes de pensiones: la Ley 73 (para quienes cotizaban antes de 1997) exige mínimo 500 semanas y aplica cálculos basados en salario promedio de últimos años; la Ley 97 (para quienes ingresaron después) exige ya 800 semanas en 2023 y se basa en cuentas individuales.
Lo anterior se traduce en una tasa de reemplazo (la proporción de la pensión respecto al salario final) que muchas veces es baja, lo que afecta directamente la dignidad del jubilado. Un documento advierte que “los riesgos más importantes para el sistema de pensiones en
Un sistema de pensiones justo no puede dejar rezagados a quienes han aportado a la sociedad, aunque sea de forma informal; debe ser solidario y promover la equidad intergeneracional. En México se está avanzando: por ejemplo, se aprobó en 2024 la creación de un nuevo fondo de pensiones para trabajadores con menores ingresos, que busca una pensión equivalente al 100 % del último salario para ciertos beneficiarios.
Sin embargo, el esfuerzo debe redoblarse: cobertura aún incompleta, mecanismos de ahorro insuficientes, y un futuro demográfico de mayor envejecimiento.
¿Qué nos exige la libertad y el bien común? Implicaciones desde los valores
La pregunta que abre este artículo —“¿qué tanto estamos dispuestos a invertir por mantener nuestra libertad y el bien común de todos?”— invita a una reflexión ética más que técnica.
- Libertad: significa que las personas puedan elegir cuándo jubilarse, qué hacer en ese momento, y que no se vean obligadas a seguir trabajando por necesidad. Que su retiro les permita vivir con dignidad.
- Bien común: implica que el sistema de pensiones no privilegie únicamente a unos pocos, sino que sea universal, equitativo y respetuoso de quienes están en la informalidad, de las mujeres, de los trabajadores de bajos salarios.
- Valores mexicanos: solidaridad, esfuerzo, responsabilidad compartida. No basta con decir “cada uno para sí”. El sistema debe reflejar que somos comunidad.
- Legalidad: las reformas deben estar sometidas a la transparencia, al debido análisis técnico, actuarial y democrático.
En el modelo alemán vemos una proposición interesante: prolongar la vida laboral activa puede aportar beneficios —experiencia, inclusión, ahorro social— siempre y cuando no se transforme en una imposición. Pero también es una señal clara de que el sistema se encuentra al límite.
Por eso, en México debemos plantearnos: ¿queremos esperar a caer en el “colapso” y después reaccionar? ¿O anticiparnos, invirtiendo hoy en educación financiera, aumento del empleo formal, mecanismos de ahorro voluntario e incentivos fiscales adecuados? ¿Cómo hacemos para que las personas jubiladas tengan la libertad de decidir sobre su vida, sin angustia por su subsistencia?
A continuación algunas propuestas orientadas desde la justicia social, lo público:
- Promover la formalización del empleo: mientras gran parte del empleo sea informal, muchos trabajadores no cotizan ni pueden acceder a pensión.
- Desarrollar una cultura de ahorro complementario: incentivos para trabajadores jóvenes, fuera del sistema obligatorio, que complementen su pensión futura.
- Diseñar mecanismos de solidaridad intergeneracional: por ejemplo, fondos de estabilización que aprovechen momentos de bonanza para invertir en pensiones.
- Vincular edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida —con justicia—, asegurando que quienes trabajan más tiempo tengan mejores condiciones y no se conviertan en clases de segunda para quienes no pueden seguir.
- Garantizar que la reforma sea participativa, transparente y legalmente sólida, con análisis técnico, rendición de cuentas, y sin afectar los derechos adquiridos.
- Reconocer la diversidad laboral y de género: muchas mujeres han trabajado en lo informal o sin cotización; el sistema debe contemplar su realidad para no dejar “espacios vacíos” de dignidad.
Nos encontramos en un momento decisivo: el ejemplo de Alemania demuestra que incluso economías potentes están reformando urgentemente sus sistemas de pensiones para adaptarse a nuevas realidades demográficas y laborales. Al mismo tiempo, el riesgo global de quiebre de los sistemas es real y requiere acción.
En México, más que cambios técnicos, lo que hace falta es una transformación cultural y de valores: entender que la jubilación no es solo “el fin del trabajo”, sino el comienzo de una etapa digna. Que la libertad no se reduce a elegir trabajar más, sino a tener la posibilidad de no hacerlo sin vulnerabilidad. Y que el bien común exige que nadie quede excluido.
Si hoy invertimos en reformas bien diseñadas —que respeten legalidad, promuevan equidad y sean sostenibles— estaremos garantizando una libertad real para las próximas generaciones: libertad de retirarse cuando quieran, libertad de vivir con dignidad, libertad de que la vejez no sea sinónimo de inseguridad. En ese propósito, como dice el hashtag de este proyecto: #YoSiInfluyo.
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