Pedro Sánchez, presidente de España anunció que su país se incorporará a la iniciativa internacional para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, al considerar que estas plataformas se han convertido en un entorno hostil para la infancia y la adolescencia.
El anuncio se realizó en el marco de reuniones celebradas en Bruselas, donde el mandatario defendió la necesidad de actuar con mayor contundencia frente a las grandes empresas tecnológicas y advirtió que el actual ecosistema digital “opera sin reglas claras y con consecuencias reales sobre la salud mental y la seguridad de los menores”.
Sánchez sostuvo que no es aceptable que niños y adolescentes utilicen plataformas diseñadas para maximizar la atención y el consumo de contenidos sin mecanismos efectivos de protección. Afirmó que su gobierno impulsará una legislación que obligue a las redes sociales a verificar de manera real y efectiva la edad de sus usuarios, y no mediante sistemas simbólicos o fácilmente eludibles. La medida, dijo, busca trasladar la responsabilidad desde las familias hacia las empresas que obtienen beneficios económicos del uso intensivo de estas plataformas.
El anuncio español se inscribe en un movimiento más amplio dentro de Europa, donde varios países han comenzado a coordinar posiciones para elevar la edad mínima de acceso a redes sociales y limitar la exposición temprana de menores a estos entornos digitales. Francia, Dinamarca, Grecia, Portugal y Austria figuran entre los gobiernos que han presentado proyectos de ley, reformas regulatorias o propuestas en esa dirección, con distintos matices en cuanto a la edad límite y al papel del consentimiento parental.
En Francia, el debate legislativo lleva varios años y ya se estableció un marco que restringe el acceso a redes sociales a menores de 15 años sin autorización de los padres, aunque actualmente se discute elevar el umbral a los 16. Dinamarca ha planteado una prohibición similar para menores de 15 años, mientras que Portugal y Grecia avanzan hacia la definición de una “mayoría de edad digital” que limite de forma más estricta la creación de cuentas en plataformas sociales. Austria, por su parte, evalúa endurecer sus normas de protección infantil en línea ante el crecimiento del uso de redes entre adolescentes cada vez más jóvenes.
Los gobiernos que impulsan estas medidas coinciden en un diagnóstico: las redes sociales representan riesgos crecientes para el desarrollo emocional, psicológico y social de los menores. Estudios recientes y advertencias de autoridades sanitarias han vinculado el uso intensivo de estas plataformas con problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, adicción, ciberacoso y exposición a contenidos violentos o sexualizados. A ello se suma la preocupación por el papel de los algoritmos, diseñados para retener la atención y amplificar contenidos extremos.
En este debate, Australia aparece como el antecedente clave. El país oceánico se convirtió recientemente en el primer Estado del mundo en prohibir de forma explícita el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mediante una reforma legal que entró en vigor a finales de 2025. La normativa obliga a las plataformas digitales a impedir que menores de esa edad tengan cuentas activas y establece fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento. La ley no penaliza a los usuarios ni a sus familias, sino que coloca toda la carga legal y técnica sobre las empresas tecnológicas.
El modelo australiano ha sido citado por varios líderes europeos como una referencia, al considerar que rompe con la lógica de autorregulación y obliga a las plataformas a asumir responsabilidades directas. España, al igual que otros países del bloque europeo emergente, estudia mecanismos similares para garantizar que la prohibición no recaiga en controles parentales voluntarios, sino en sistemas verificables y exigibles.
No obstante, la iniciativa también ha generado resistencias y críticas. Empresas tecnológicas han advertido que una prohibición generalizada es difícil de aplicar, fácilmente evadible y potencialmente invasiva para la privacidad, debido a los sistemas de verificación de identidad que requeriría. Organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión han alertado, además, sobre el riesgo de que estas medidas sienten precedentes para un mayor control estatal sobre el acceso a internet.
A estas voces se han sumado figuras públicas y empresarios del sector tecnológico que consideran que las prohibiciones son desproporcionadas y que el foco debería ponerse en la educación digital, la supervisión familiar y la mejora de herramientas de control existentes. Argumentan que vetar el acceso no elimina los riesgos, sino que puede desplazar a los menores hacia espacios menos regulados.
Pese a la controversia, el anuncio de España confirma que el debate ha entrado en una nueva fase política. Ya no se discute únicamente la responsabilidad de las familias o el papel voluntario de las plataformas, sino la posibilidad de intervenir de manera directa desde el Estado para redefinir la relación entre menores y redes sociales. Con varios países avanzando en paralelo y el precedente australiano sobre la mesa, Europa se encamina a uno de los debates regulatorios más relevantes de los últimos años en materia digital.
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