¿Por qué la legalización del aborto es contraria al derecho internacional? Porque el 22 de noviembre de 1969, 22 países americanos firmaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, y la ratificaron con su firma en fechas posteriores, México incluido.
En este deber sobre derechos humanos, los estados partes se comprometieron a respetar lo dispuesto en el artículo 4.1, que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, y en el artículo 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.
Lo anterior se complementa con lo determinado en el artículo 1.2: “Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”. Por último está lo dispuesto en el artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
Lo anterior es más que suficiente para considerar al aborto como un hecho contrario al compromiso contraído por la las naciones signatarias en San José de Costa Rica. El aborto provocado es la violación del derecho a la vida de una persona, a partir del momento de la concepción y antes de su nacimiento.
Este derecho se refuerza con el que determina que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, incluyendo al ser humano nonato, y con el del derecho al respeto a su integridad física, psíquica y moral. No puede la ley nacional aceptar esta violación de derecho a la integridad y a la vida a quien no ha nacido aún, ya que el artículo 24, tal como está literalmente citado impide excepciones por discriminación; la ley debe darle igual protección.
En esta forma, el compromiso vale tanto para un niño o adulto mayor, como al ser humano recién concebido. Todo esto es tan claro como el agua, y la única forma de aprobar el aborto, es pisoteando el compromiso adquirido en el ámbito internacional. El pacto de San José obliga como Nación, a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, desde el momento de la concepción.
Quienes están a favor de la desprotección legal a las personas concebidas que aún no nacen, están en contra del derecho a la vida consagrado por los estados nacionales americanos, México incluido. Peor aún es la posición de quienes no solamente pretenden ignorar lo anterior, sino que favorecen el supuesto “derecho” de una persona a decidir la privación de la vida de otra persona no nacida, aunque esté en su vientre.
Estos derechos humanos a la vida y la integridad de las personas desde su concepción, son válidos independientemente de las creencias religiosas de las personas. Es inaceptable, por compromiso firmado y ratificado, que se discrimine contra los recién concebidos para privarlos de la vida, pues ante la ley, todas las personas son iguales y merecen la protección legal de su vida.
Es contraria al derecho internacional la solicitud de que una mujer pueda decidir si priva de la vida a una persona con horas, días o meses de concebida y que está en su vientre. Ningún médico, enfermero, partera, curandero o brujo, tiene derecho a ayudar a una mujer a privar de la vida a la persona en gestación en su vientre.
El artículo 2 reza: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Con base en dicho texto, un estado parte no solamente está obligado a respetar legalmente el derecho a la vida (desde la concepción) sino también a adecuar sus leyes al Pacto de San José, lo cual implica abrogar o derogar toda ley que apruebe el aborto provocado. Esta obligación se ratificó con la firma del “Protocolo de San Salvador”, adoptado el 17 de noviembre de 1988, en su artículo primero.
Ningún legislador puede proponer iniciativas de ley y menos aprobarlas, cuando violentan directamente la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José. Toda organización política, no gubernamental o de la sociedad civil que favorezca y defienda el “derecho” al aborto, está violentado dicho Pacto, hace un llamado a la ilegalidad.
No hay manera de darle vuelta: el aborto es un crimen contra el derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en particular en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado y ratificado hace ya años.
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