Los mexicanos merecemos ser tomados en cuenta, pero el gobierno morenista no lo quiere entender. La presidenta armó una Comisión Electoral encabezada por Pablo Gómez, integrada por subordinados al actual sistema, que busca poner en marcha la inminente reforma electoral. Muchos de ellos ni siquiera han participado en una campaña o pedido un voto ni han representado a ningún partido político en alguna casilla electoral.
La exclusión, en la discusión de una supuesta Reforma Electoral, de personas distintas al oficialismo que personifica Morena no sólo es contraria a la democracia sino también a la historia de nuestro país. Por menos de eso, Morena ya hubiera tomado las calles.
Tomemos como ejemplo la elección pasada de miembros del Poder Judicial. Hace unos días, el Tribunal Electoral de la Federación discutió la elección de los ministros de la Suprema Corte. El proyecto se presentó en favor de la anulación de la misma. Quedó demostrado que los acordeones fueron parte de una estrategia diseñada, coordinada y distribuida por operadores de Morena. Se presentaron decenas de miles de acordeones que fueron repartidos entre los votantes para indicar el sentido del voto. Entre más de 7,400 millones de combinaciones, el 45% de los electores votó exactamente igual. La probabilidad de que esto ocurriera, en libertad, era cercana a cero. Incluso integrantes de Morena denunciaron el fraude por estas listas repartidas por todo el país. Además, hay fotos de votantes con su acordeón en la propia casilla el día de los comicios, entre ellas la del propio Andrés Manuel López Obrador y otros miembros del gobierno federal. Como bien se dijo, fue una elección con una votación coordinada, sistemática, generalizada y organizada. Lo que seguía era la anular toda la elección.
Frente al proyecto que proponía la anulación no hubo razones sino desviaciones sin sentido. Claramente, los tres magistrados que siempre han servido al régimen y al poder no pudieron rebatir ninguna de las argumentaciones que se les hicieron a manera de réplica y llegaron hasta el ridículo con tal de solapar el fraude. Penoso papel.
Pruebas hubo. “Es un fraude diseñado por el expresidente López Obrador para deshacerse de esos jueces que le salían con el cuento de que la Ley es la Ley”, dijo Sergio Sarmiento en su editorial de la semana pasada. Algunos consideran que esta elección es parecida a la elección de 1988, cuando “se cayó el sistema”.
Después de una elección como la que vivimos el pasado 1 de junio, lo que correspondía era un esfuerzo por la pluralidad y el consenso para plantear una reforma electoral bien organizada. Pero no es así, el gobierno de Morena se empeña en la imposición y, con esta actitud, abre la puerta a la sospecha y la amenaza de repetir los mismos actos en las próximas elecciones.
Las señales en política a veces son muy claras. En este caso, si no hay intención de dialogar y llegar a consensos en la próxima reforma electoral, entonces, lo único que se quiere es repetir el fraude cometido el pasado 1 de junio para las elecciones del 2027, cuando se elegirá la otra mitad del Poder Judicial Federal, los miembros de la Cámara de Diputados y a los gobernadores y alcaldes en 17 estados de la República. También es una señal clara de querer repetir esa manera de operar para las elecciones presidenciales y del Congreso en el 2030.
La Reforma Electoral podría parecer un distractor. No lo es. No lo es por sus consecuencias. No lo es porque, apenas hace dos meses, en México se cometió un fraude electoral para la elección del Poder Judicial, lo que trajo aparejada la violación rampante al principio de división de poderes. No lo es, porque ahí están en juego nuestros derechos y nuestro futuro como nación.
Por eso pedimos consenso en la Reforma Electoral, si no es así, no habrá reforma sino imposición.
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