Uno de los principios de la autoridad es el de la legitimación. Es común que distingamos entre legitimación de origen y la de ejercicio. En el primer caso, estamos hablando de la manera en la que una persona llegó a tener ese cargo, la causa por la que es nuestra autoridad. Por ejemplo, un Rey es legítimo de origen porque llegó bajo las reglas previstas, una presidenta llega por votos emitidos en libertad, que son las reglas de una democracia.
Por otra parte, la legitimación de ejercicio es la que emana de la manera en la que se ejerce el poder, que depende de la condición de éste se cumpla con legalidad. La legitimación de ejercicio se nos exige a todos los servidores públicos. Esa exigencia de legitimación de ejercicio la recordó, en 1988, el diputado del PAN Abel Vicencio Tovar, quien exigió al entonces presidente de la República que tenía que legitimarse en el ejercicio.
Por eso, a esta Corte le decimos lo mismo que dijo don Abel: son “ilegítimos hasta el fin de los tiempos”, ya que lo fueron de origen. Ahora bien, les pedimos además la legitimación de ejercicio, aquélla que emana de la actuación misma en el ejercicio de sus funciones. Difícil decirlo cuando todos se prestaron a intervenir y participar en ceremonias oficiales rituales, purificaciones en las que hasta de rodillas se pusieron. Necesitarán mucho más que mero populismo para legitimarse en el ejercicio.
Sin necesidad alguna nuestro México ha entrado a un desorden institucional en el ámbito de la justicia. Y la inexperiencia combinada con sumisión al ejecutivo está generando, obviamente, un desorden generalizado. Cito sólo algunos ejemplos:
1) Deciden los ministros bajarse el sueldo. Una ministra “electa” se queja porque va a ganar 10 mil pesos más que su secretaria particular y dice que va a cambiar ese tabulador. Es decir, la ministra no sabe que el Órgano de Administración del Poder Judicial es el que fija los salarios.
2) Más de 800 jueces no tienen adscripción alguna. Pequeño detalle, corrieron a todos y no saben cómo suplirlos y ni siquiera cómo se llaman.
3) Los jueces entraron a trabajar y no saben cómo presidir una audiencia. Mientras tanto están ahí verdaderos trabajadores del Poder Judicial que ya saben que no podrán hacer una carrera judicial sin acercarse a un partido político.
4) Ante la urgencia, decidieron hacer un curso de cinco días. Increíble. Lo que significaba aprender en ese periodo de tiempo lo que a otros costó más de 10 años de una carrera judicial. Todo ello lo pretenden subsanar masivamente con un curso de cinco días. Ahora resulta que más de 800 jueces y magistrados decidirán sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas con un curso mínimo. Es ridículo, ya no abundo más.
El desastre es devastador, pero la Escuela Libre de Derecho tuvo la genial idea de publicar una obra extraordinaria pensada y coordinada por, el Juez en Retiro Rodrigo de la Peza con un prólogo estupendo de Rafael Estrada Michel. El título: Manual de Buenas Prácticas Judiciales. Un compendio de consejos plasmados por Personas Juzgadoras Federales. Lo recomiendo, espero que lo regalen en el supercurso anunciado, para el día de hoy, por el Órgano de Administración Judicial.
En cuanto a las entidades de la República, supongo que pasa lo mismo. Por cierto, leí con tristeza las notas en las que señalaban que la imposición de “cuates” para generar obediencia a quien gobierna se repitió también en los estados, incluso en aquellas entidades donde gobierna la oposición. Al respecto, sólo quiero decir que copiar las malas prácticas de Morena agrava la situación de la impartición de justicia en nuestro país y que el hecho está mal, no por que lo haga Morena, sino porque es un mal y daña a México.
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