El periodo extraordinario del Congreso de la Unión concluyó con la aprobación de 16 leyes que fueron “debatidas” en tan solo diez días. El espectáculo, bajo una perspectiva legislativa, fue lamentable: se violó el debido proceso legislativo, se brincaron etapas esenciales, votaron iniciativas que no habían leído en su totalidad, fueron entregadas “adendas” en la madrugada del mismo día en que se votarían. Todo eso a pesar de que se trataba, especialmente, de la intromisión del gobierno en la vida privada de los mexicanos.
La semana pasada expliqué la verdadera intromisión que se permitía a través de ordenamientos como la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. La aprobación del paquete de reformas terminó de consumarse entre el lunes y el martes. Además de la eliminación de la Comisión Federal de Competencia, se aprobaron otras leyes que permiten, también, la intervención del gobierno en la vida de los mexicanos aprovechando la legalización de su propia opacidad.
La Ley General de Población crea la Clave Única del Registro de Población (CURP) biométrica, que debe ser presentada para que los mexicanos podamos acceder a cualquier servicio público y privado. En otras palabras, existirás si y sólo si muestras tu CURP. Además de dar a la autoridad la facultad de pedir todos tus datos y seguir tu rastro. Durante el “debate” de la Ley en materia de Desaparición Forzada, presenté la manifestación pública de más de cien colectivos en la que denunciaban la vigilancia masiva a la ciudadanía por parte del gobierno con el pretexto de atender desapariciones forzadas.
Finalmente, la Ley de Telecomunicaciones, a pesar de algunos cambios, genera la posibilidad de censurar, controlar y hasta geolocalizar a cualquier persona. Ahora, el gobierno, una vez aprobadas las leyes, le da por discutirlas. Se ponen a discutir lo que no hicieron en el momento oportuno en el congreso o quizás porque apenas las están leyendo.
Hace unos días tanto la Presidenta como el superasesor Jesús Ramírez debatieron —desde el poder— con Jorge Romero Herrera y Jorge Triana, dirigente nacional y vocero de Acción Nacional, respectivamente. Afirmó, el gobierno, que el artículo 16 constitucional prevalece sobre las leyes que habían eliminado todo tipo de restricción y control judicial y legislativo (aunque sea de rendición de cuentas) al Ejecutivo. Dijeron que la geolocalización requería autorización judicial. Mentira.
Me refiero aquí a lo que explicó Jorge Romero: que el artículo noveno de la ley de la Guardia Nacional había previsto la autorización judicial para la geolocalización de las personas, pero con la entrada en vigor de estas reformas recién aprobadas, dicha localización requiere, en algunos casos, tan sólo la conducción del Ministerio Público —que no es autoridad judicial—. Así, este gobierno puede geolocalizar a cualquier ciudadano sin autoridad judicial.
Morena y el gobierno son controladores y, deliberadamente, confunden los conceptos: confunden la “intervención de comunicaciones” —que sí requiere autorización judicial— con la “geolocalización”. Confunden también el requerimiento de la autoridad con el “consentimiento del ciudadano o de una persona”. Como señalé en la publicación pasada, sobre el artículo 39 de la Ley en materia de Investigación e Inteligencia en Seguridad. Y peor aún: confunden la materia penal con la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
Varias de las 16 iniciativas aprobadas en el periodo extraordinario son claramente inconstitucionales, pero esto parece que no generará repercusión alguna porque, antes, se encargaron de debilitar el juicio de amparo, para que los ciudadanos nos podamos defendernos con prontitud y eficacia. Y, por si fuera poco, se apoderaron de la autoridad judicial y se quedaron con una Suprema Corte que parece que únicamente sonará al ritmo del acordeón que los llevó ahí.
Lo que se aprobó, bajo todo tipo de pretextos y confusiones, fue la vigilancia masiva, el control de los ciudadanos y la censura. Vienen “tiempos recios”. Pero los enfrentaremos.
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