Hay un tema muy delicado que no debemos soslayar. Es un tema que trasciende las diferencias partidistas y políticas. Y las trasciende porque las tiene que defender: se trata de las amenazas constantes a la libertad de expresión por parte de gobiernos y legisladores de Morena.
El asunto ha dejado de ser una anécdota, una ocurrencia a las que nos tienen tan acostumbrados los personajes de la cuatro té y ha pasado a ser una peligrosa política pública establecida por la clase gobernante.
El día de ayer coincidieron tres analistas en distintos medios en señalar con preocupación lo que sucede. Particularmente llamó la atención el texto de Gerardo Esquivel (Políticos con piel delgada, Milenio 23/06/25) por ser él un elemento destacado del llamado “movimiento”. Esquivel señala que esta nueva representación política ha salido muy alérgica a los comentarios en su contra: “no toleran la crítica. Les falta colmillo y les sobra soberbia. Se suben a un ladrillo y pierden el contacto con el piso y con la realidad”.
Los casos son de sobra conocidos: el despotismo de la gobernadora de Campeche que cerró un periódico y demandó a su director que ya cuenta con una sentencia en la que le impide ejercer el periodismo por dos años a parte de una multa de millones de pesos; el intento en Sinaloa de pasar una ley para censurar la crítica que, dado el clima de violencia en el lugar, no ha sido aprobada, pero en Puebla el gobernador insiste en pasar una ley que castigue el ciber asedio -en lo que cabe perfectamente cualquier crítica-, y es ya un escándalo en ese estado. La esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna, la también diputada Diana Karina Barreras, demandó a una ciudadana que cuestionó si llegaba a la diputación por ser esposa de quien es esposa.
La ciudadana ha recibido un castigo que pretende ser ejemplar: pagar una multa, dar disculpas públicas durante 30 días en sus redes sociales, tomar un curso en materia de género, realizar lecturas de bibliografía especializada, publicar la sentencia en sus plataformas digitales además de quedar inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que depende del INE.
La ciudadana castigada solamente puso un tuit en el que señalaba el parentesco de Barreras con su señor esposo; está el caso también de la actriz Laisha Wilkins que se le ocurrió poner un tuit que decía: “jaja Dora la censuradora jaja”, respecto a una candidata en la elección judicial que se hacía llamar “Dora la transformadora”. Es curioso cómo se usa la política de género por mujeres políticas en contra de mujeres ciudadanas. A todo esto, hay que sumar la humillación pública de un ciudadano a cargo del presidente del Senado, el impresentable Fernández Noroña.
Como se ve, querían el poder para la venganza y el desquite, el desplante y el alarde. Estamos a la espera de que la presidenta haga y diga algo concreto entorno a esta amenaza que pretende regresarnos décadas en materia de libre expresión.
El académico canadiense Michael Ignatieff, en su libro de memorias sobre su paso en la política (Fuego y cenizas, ed. Taurus) menciona lo siguiente: “En la política de baja calidad que debemos soportar, el objetivo explícito del ataque es evitar el debate, para evitar los riesgos inherentes al libre intercambio de ideas. Una vez que has negado a la gente el derecho a ser escuchada, ya no tienes que refutar lo que dicen. Solo hay que ensuciar lo que son”. En esas estamos.
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