Con bombo y platillo se puso en marcha un proceso Constitucional para demoler la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusando a ministros, magistrados y jueces de corruptos, sin probar nunca quiénes, cómo y cuándo. Afirmando que la Corte estaba lejana al pueblo y favorecía a los poderosos y no impartía justicia. Fue una campaña orquestada desde la Presidencia que, hoy se sabe, contó con el apoyo soterrado de quien fuera su Presidente, quien, contradiciendo su discurso original, terminó avalando públicamente un proceso que llevó a un cambio radical, no solo en cuanto al proceso de designación de los integrantes de la judicatura, sino, también, a la pérdida de su talante institucional.
Ya se ha hablado mucho de las irregularidades con las que se llevó a cabo la elección de quienes ahora forman parte, no solo de la Suprema Corte, sino de la mayoría de los jueces y magistrados, gracias a la magia de acordeones distribuidos estratégicamente, para que resultaran electos aquellos que favorecen a la Cuarta Transformación, que más bien parece transformación de cuarta.
Parecía que la reforma que se puso en marcha era más de forma que de fondo. Sin embargo, el inicio del ejercicio de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos mostró una cara desfigurada de lo que debe ser el máximo organismo judicial del país, pues se rompieron todas las formas de un protocolo solemne que debe enmarcar la impartición de justicia, para montar una escena teatral de dizque rescate de una tradición de los pueblos originarios, que en su contenido resultó violatoria del tan cacareado Estado laico.
Acudir a una antigua pirámide, realizar ritos invocando a deidades indígenas, disfrazarse y dejarse realizar una “limpia”, para luego purificar el recinto de la Corte, y, además recibir un supuesto mando ajeno al proceso electoral que solo 12 millones de votantes –frente a cerca de 100 millones de potenciales electores- les habrían otorgado y que les llevan a la dudosa afirmación de que fueron electos por el pueblo. Todo ese escenario puede y debe calificarse como una farsa ideada por el actual Presidente que, por cierto, resultó ganador como resultado de una copiosa y sospechosa votación que lo favoreció.
Las preferencias indigenistas del nuevo Presidente de la Corte, pretendían, incluso, eliminar las togas que, por ley, deben mostrar los ministros cuando actúan de acuerdo a su cargo. Esto le fue impedido al recordarle que eso violaría la ley. Sin embargo, con el afán de exhibir sus preferencias personales –no institucionales- ya decoró su toga con símbolos que nada dicen a la mayoría de los mexicanos y que, incluso, probablemente tampoco tengan un significado común para todos los pueblos originarios que hay en el país. Se trataría, entonces, de un particularismo poco institucional. Las preferencias decorativas que quieran usar los ministros en su vestimenta ordinaria, depende de sus gustos particulares, pero por principio debería respetarse la toga oficial y su significado.
Resulta lamentable, además, que los nuevos ministros se hayan dejado arrastrar al juego particular de su Presidente, quien sin duda alguna actuó más allá de sus facultades de acuerdo con el cargo que ahora ocupa. Pudieron haberlo dejado solo e, incluso, marcarle límites. Pero no, siguieron el juego y ahora son cómplices de las violaciones en que se incurrió a la Constitución que tienen por encargo defender.
Mal empieza la Corte, cuando aún no inicia sus funciones sustantivas, pero ya ha dado un espectáculo que nos recuerda aquella serie radiofónica de La Tremenda Corte, donde la ironía y el humor ponían en entredicho la operación de los juzgados. Esperemos que después del Show inicial de apertura del espectáculo, termine de inmediato y se pongan a trabajar en serio, pues la forma en que tendrán que hacerlo requerirá de un arduo trabajo.
Ya se ha dicho, carecen de legitimidad de origen para asumir sus funciones, ahora les queda adquirir una legitimidad en el ejercicio de sus cargos. Hechos, no palabras.
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