Al igual que ciertos rasgos de personalidad definen a las personas y son difíciles de modificar, igual ocurre en los movimientos políticos. Lo ocurrido hasta ahora con la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones es una muestra de los rasgos más negativos del régimen iniciado en 2018, pues denota autoritarismo, centralización del poder, improvisación, reacción ante la crítica con superficialidad, entre otros.
Fue apenas el 23 de abril que en el Senado avanzó en comisiones la iniciativa entregada por la Secretaría de Gobernación; pero redactada en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por Pepe Merino (José Antonio Peña Merino, su nombre completo). La intención de esta iniciativa es subsanar el vacío que causa la supresión los órganos autónomos y colegiados que regían el sector en particular el Ifetel.
Esta agencia creada por administración actual no tiene el nombre de secretaría pero sí las funciones de una y sería la completa y absoluta responsable de regir las telecomunicaciones tanto de empresas del sector como de los individuos. Se le otorgan facultades a quien la encabeza por encima de cualquier orden judicial para bloquear plataformas digitales; cancelar concesiones actuales de televisión y radio sin dificultad; pero también para hacer uso de los registros de usuarios de telefonía, y se dejan abiertas muchas puertas para todo tipo de abusos que cancelarían la libertad de expresión y de comunicación a niveles dictatoriales.
Ahí están pues los dos primeros rasgos señalados: el autoritarismo porque con una sola decisión se podría, si se aprobara, callar a toda la sociedad limitando sus derechos y, sobre todo, en el ámbito más fundamental en la actualidad pues la vida, la convivencia y la interacción se hace fundamentalmente en las redes, en los celulares, en las plataformas. Asimismo, esa autoridad desbordada se centra básicamente en una persona: Merino, uno de los más leales de la actual presidenta, quien además no se ha distinguido por su actuar ético. El más sonado escándalo en que se vio envuelto fue durante la pandemia cuando se “experimentó” sin consentimiento de los enfermos con ivermectina contra el COVID-19.
La ley, al parecer, se presentó se aprobó en el senado de manera improvisada, nuevamente se intentó aplicar el “sin mover una coma” y como denunciaron algunos legisladores sin leerla. Es una ley muy extensa (300 páginas y más de 200 artículos) por lo que era simplemente imposible haberla leído (ya no se diga estudiado) antes de la sesión donde fue aprobada. La improvisación también se notó en las declaraciones de varios miembros de Morena que negaban lo que sí decía y defendían lo que no decía.
Por su parte, la titular del Ejecutivo primero se centró en que era sólo un artículo el que podría suscitar controversia, mas los análisis de algunas organizaciones como R3D y Artículo 19 enumeraron todos los riesgos que implican en su conjunto, como algunos de los señalados más arriba, e incluso hubo observaciones de la ONU. La presión en las mismas redes que quieren callar sí hizo que se detuviera y se recurriera a hacer una especie de Parlamento Abierto, al que llaman conversatorio para analizar y “mejorarla”. Si bien es una buena noticia esta pausa, no es garantía de nada puesto que en otras controvertidas leyes, incluyendo, la que nos tiene la borde de la elección más absurda de la historia como la de judicial, lo dicho en los foros tuvo un impacto muy limitado en cambiar el resultado.
Sin embargo, no hay que cejar en señalar los errores, en continuar la defensa de los derechos, en exigir cambios porque todavía hay una rendija que nos permite hacerlo; pero justamente si esta ley en particular avanza como está, ese margen se cerrará y nos dejará completamente vulnerables como personas y, como sociedad, nos alejará todavía más de la democracia y de la libertad.
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