La frontera sur de México sigue siendo escenario de grandes desafíos y esperanzas para cientos de miles de personas que buscan un nuevo comienzo. La política migratoria actual, ha avanzado en acuerdos regionales que privilegian la protección y dignidad del migrante. La cooperación entre México, Guatemala y Belice, formalizada el pasado 15 de agosto, prioriza la gestión humanitaria, la regularización de flujos y la integración social de quienes migran. Este enfoque destaca en el contexto latinoamericano por anteponer las necesidades humanas en la definición de la política pública.
En lo que va del año, más de 510,000 personas han transitado por la frontera sur en busca de asilo, trabajo o el reencuentro con sus seres queridos. Las nuevas estrategias gubernamentales han intentado fortalecer el acceso a atención médica -sin poder lograrlo- albergues transitorios y programas de regularización migratoria, así como el apoyo a menores de edad a través de canales escolares y acompañamiento psicosocial. La publicación del informe multidimensional de pobreza por INEGI ha sido clave para visibilizar las condiciones de vulnerabilidad de las familias migrantes y ajustar la respuesta institucional a la urgencia de seguridad alimentaria, protección ante violencia y acceso digno a servicios básicos.
Sin embargo, ninguna política es suficiente sin la participación de la sociedad civil. En localidades como Tapachula, más del 70% de la población ha contribuido desde acciones elementales—como la entrega de alimentos y ropa—hasta iniciativas comunitarias de acompañamiento y denuncia de violaciones a derechos humanos. Las redes de ayuda ciudadana han demostrado que la identidad colectiva y la empatía son motores insustituibles en la protección de los migrantes.
En este escenario, la labor de la Iglesia Católica ha sido determinante. Amparada en su tradición de doctrina social, la Iglesia ha sostenido decenas de casas del migrante, distribuyendo alimentos y atención médica a quienes llegan vulnerados por el largo tránsito. Equipos de la pastoral social y organizaciones religiosas ofrecen acompañamiento espiritual y jurídico, gestionando junto a autoridades locales la protección de familias, la reunificación de menores con sus parientes y campañas de prevención ante la trata de personas. Inspirados por el magisterio pontificio, particularmente los llamados a la fraternidad y atención hacia los desposeídos e ir en auxilio de lo que se encuentran en las periferias existenciales del Papa Francisco+, así como la continuación del mismo llamado por parte del Papa León XIV, hombres y mujeres de fe han hecho de lo cotidiano un verdadero testimonio de acogida, especialmente cuando el Estado se ve rebasado.
La articulación entre la acción de gobierno, la ciudadanía organizada y la Iglesia multiplica los efectos positivos: mientras las autoridades trabajan en los marcos regulatorios y en la provisión de servicios, la sociedad y la Iglesia católica ofrecen lo que ningún decreto puede garantizar: hospitalidad, acompañamiento y sentido de pertenencia. En un contexto global donde los discursos de odio y exclusión siguen ganando terreno, la experiencia diaria en la frontera sur de México demuestra la posibilidad de una convivencia incluyente y justa.
La tarea pendiente es grande: convertir los acuerdos regionales y las políticas públicas en realidades tangibles para cada persona migrante; robustecer la coordinación interinstitucional y ciudadana y mantener abiertas las puertas de la esperanza donde los muros parecen imponerse. Nuestro deber como medio digital es dar voz a estas historias, visibilizar los avances y señalar también los retos; pero, sobre todo, dar testimonio de que la transformación es posible cuando la dignidad humana guía la acción social, política y eclesial.
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