En las últimas semanas, el Gobierno federal ha destacado que México registra una reducción significativa de homicidios dolosos en 2025: de un promedio diario de casi 87 asesinatos en septiembre de 2024, el país ha pasado a cerca de 55 por día en noviembre de 2025, el nivel más bajo desde 2015 según cifras oficiales difundidas por la Presidencia de la República. La administración atribuye este descenso a la implementación de su Estrategia Nacional de Seguridad, que combina fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia policial y cooperación interinstitucional. Hoy Diario+1
Sin embargo, detenerse en el titular de la reducción porcentual —37 % según el último informe— corre el riesgo de simplificar una realidad más compleja. Más allá de los promedios diarios, la violencia no es homogénea ni lineal. En estados como Guanajuato, Sinaloa y Michoacán, las cifras siguen siendo alarmantes y en algunos casos se observan brotes de violencia extrema, que desafían el sentido de que la seguridad ha mejorado de forma sustancial para todas las comunidades. Mexico Business News
La discusión sobre la seguridad pública en México obliga a mirar más allá de los homicidios dolosos. Por un lado, la mejora estadística puede estar siendo impulsada por cambios metodológicos en la clasificación de delitos o por la concentración de homicidios en regiones específicas, lo que influye en promedios nacionales que parecen más favorables. Por otro, en paralelo al descenso de homicidios, se documenta un incremento de desapariciones forzadas y delitos conexos que no se reflejan con claridad en el índice tradicional de homicidios. Expertos en seguridad advierten que estos patrones pueden ocultar una violencia que se transforma en lugar de disminuir. The Guardian
Además, el impacto humano detrás de cada cifra continúa siendo devastador. Familias que han perdido a un ser querido no encuentran consuelo en un número en descenso, y comunidades enteras siguen impregnadas por la sensación de inseguridad que va más allá de estadísticas oficiales. La justicia y la reparación integral siguen siendo aspiraciones lejanas para quienes enfrentan impunidad, desconfianza en las instituciones y un sistema de investigación que con frecuencia no logra avanzar más allá de la investigación inicial de un homicidio. Este déficit de justicia erosiona la confianza ciudadana y perpetúa ciclos de violencia y vulnerabilidad. Human Rights Watch
Valorar los datos oficiales es indispensable: saber que la tendencia de una variable puede cambiar con el tiempo, que esfuerzos de coordinación y despliegue de recursos pueden incidir en la disminución de víctimas, es parte esencial del análisis público. Pero la lectura de estos datos sin contexto —sin considerar la experiencia social, los delitos conexos, las zonas de alta incidencia o la percepción de seguridad— ofrece una narrativa incompleta. El verdadero desafío es integrar cifras duras con realidades humanas y territoriales, para que la política de seguridad no sea únicamente una liturgia de porcentajes, sino un camino hacia paz cotidiana y justicia palpable.
La paradoja que vive México hoy —reducciones estadísticas de homicidios frente a una violencia persistente y multifacética— exige una conversación nacional más profunda. No se trata de negar avances, sino de enriquecer la agenda pública con preguntas más exigentes: ¿las cifras reflejan realidades vividas por millones de mexicanos? ¿Las estrategias actuales abordan las causas estructurales de violencia? ¿La narrativa de la seguridad incorpora la justicia, la rehabilitación social y la prevención desde las comunidades más afectadas? En último término, la política de seguridad debe trascender la celebración de porcentajes y orientarse a transformar condiciones de vida, restaurar la confianza y garantizar que cada vida importada en una estadística encuentre reconocimiento y reparación en la vida real.
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