Desde que Morena volvió a arrasar en las elecciones de 2024, se ha hablado de la consolidación de un Estado hegemónico que se ve como una reedición de lo vivido por casi 70 años con el Partido Revolucionario Institucional. Los signos de esa hegemonía se notan, sobre todo, en el borrado absoluto de las líneas que separan los límites de la división de poderes y, además, de los límites entre Estado y partido. Sin embargo, hay un elemento que no es tan evidente, pero que presenta un panorama todavía más grave e inédito: la dilución de los límites entre el crimen organizado y el Estado-partido.
Hoy más que nunca se está comprobando que la frase “abrazos no balazos” no era una reducción simplista a que se combatiría al crimen de una manera “diferente”; sino que resultó una completa mentira el discurso de atacar las causas, buscar reconstruir el tejido social o enfrentar a los criminales viéndolos con dignidad. La frase sí reflejaba la realidad: se abrazaría al crimen organizado para consolidar una alianza intrincadísima entre todos los niveles de gobierno. Es importante resaltar que cada día es más claro que esta alianza venía desde antes de que se ganara la presidencia en 2018, y que el impulso en 2021 y en 2024 para arrasar en muchos lugares sí se explica gracias a ese “abrazo”.
Con todo, de la extensión de esas redes y la profundidad de esas alianzas, todavía queda mucho por descubrir; pero básicamente hay dos tipos de complicidades las activas y las pasivas. Las activas se pueden ver por ejemplo en el llamado huachicol fiscal donde los indicios llevan a ver que hay políticos en activo operando de forma directa esa forma de tráfico de combustibles. Y hay pasivas como aquellas que no actúan y facilitan conductas delictivas, como la no acción en el cada día más extendido cobro de piso que está mermando la economía de cientos de miles de empresas, desde las más pequeñas hasta las grandes trasnacionales que han dejado de operar de manera silenciosa en muchas localidades.
Una mención aparte de este contubernio terrible entre autoridades y criminales es el tráfico de personas en la “rama” del tráfico de los migrantes, en particular, con los que entran por la frontera sur (ya no se puede decir que sean centroamericanos porque la variedad de nacionalidades es creciente) y que se siguen llevando a Estados Unidos. Claro ahora en “moderadas” cuotas que cuentan con la cooperación de autoridades del otro lado de la frontera (tema del que se habla poco) y se continua de manera más discreta y soterrada aún con todo y el gobierno de Trump. El “control” de los flujos migrantes ocurre en un contubernio entre grupos criminales y autoridades que a veces actúan; pero en los más de los casos lo avalan.
De hecho, se puede decir que, a últimas fechas, si se le rasca un poco a cada problema que llega a los titulares de los noticieros se puede encontrar rastros de esos lazos con la diversificación del crimen organizado. Así ocurre con la presencia de nuevo del gusano barrenador en el ganado mexicano, que se debe a que López quitó las exigencias regulatorias internas y que quitó recursos a los programas de producción de la mosca estéril que lo controlaba; pero también a que la entrada de ganado ilegal por la frontera sur se ha favorecido, habiendo llegado a casi igualar el número de cabezas legales que se admiten.
Esta normalización de la alianza está a punto de encontrar un nivel más grave, e insospechado en las implicaciones que tendrá para los mexicanos, que es la llegada también al Poder Judicial de muchos jueces, magistrados y quizá también ministros de la Suprema Corte en las próximas elecciones del 1 de junio.
El país se acerca de manera acelerada a un callejón sin salida y el desinterés, inmovilidad y conformismo de la mayoría de la sociedad mexicana son factores facilitadores de esta situación. Es imprescindible romper esta inercia, empezando por lo menos por hablar de nuevo de estos temas.
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