El crimen organizado es un desafío transnacional que requiere la coordinación efectiva entre países, especialmente en América del Norte, donde México, Estados Unidos y Canadá deberían trabajar en conjunto. Sin embargo, los esfuerzos coordinados son limitados y, en su lugar, han predominado tensiones históricas, particularmente en la relación bilateral México-Estados Unidos.
En un contexto marcado por el aumento de muertes por fentanilo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca responder a las demandas de sus electores afectados por el consumo de drogas. Su estrategia involucra a diversas agencias de investigación y ejerce presión política, comercial y diplomática sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para que México capture y extradite a líderes del crimen organizado.
El gobierno mexicano ha mostrado disposición para colaborar, pero evita actuar contra figuras clave del narcotráfico. Esta cautela responde al riesgo de desestabilizar sectores importantes del partido gobernante y del propio gobierno. Sin embargo, esta postura ha debilitado la narrativa oficial, proyectando una imagen de proteccionismo hacia los capos, alimentada por discursos nacionalistas que no logran diferenciar entre la defensa de la soberanía y la lucha contra el crimen.
Un ejemplo reciente de esta falla comunicativa ocurrió cuando la presidenta Sheinbaum respondió de manera reactiva a las acusaciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman.
Lichtman calificó al gobierno mexicano de “corrupto” y lo acusó de actuar como el “brazo de relaciones públicas” de Ismael “El Mayo” Zambada. Estas críticas, aunque agresivas, también resaltan los errores de comunicación del gobierno: una actitud reactiva, la falta de claridad para diferenciar la defensa de México de la protección a criminales y el uso excesivo de la figura presidencial para responder a todas las controversias, en lugar de delegar en el gabinete.
La presidencia de México necesita urgentemente una estrategia de comunicación renovada y asertiva. La narrativa actual no destaca los esfuerzos del país contra los cárteles, si es que existen, ni subraya el daño que estas organizaciones causan a los mexicanos. Es fundamental comunicar que defender a México no equivale a proteger a los criminales. Los mexicanos no somos criminales; son grupos específicos los que atentan contra nuestra soberanía y seguridad.
Una nueva narrativa debe centrarse en tres ejes:
Transparencia en la acción: Detallar las medidas concretas que México implementa contra el crimen organizado, como operaciones de inteligencia, decomisos y especialmente los programas sociales, educativos y culturales para prevenir el reclutamiento en comunidades vulnerables.
Firmeza sin confrontación: Mostrar una postura sólida ante presiones externas, sin caer en un nacionalismo que pueda interpretarse como evasión de responsabilidades.
Comunicación estratégica: Utilizar al gabinete para fijar posiciones claras y permitir que la presidencia enfoque su mensaje en la unidad nacional y la lucha compartida contra el crimen.
Cambiar la narrativa no solo fortalecerá la imagen del gobierno, sino que también proyectará a México como un país comprometido con la seguridad de sus ciudadanos y la cooperación internacional, sin comprometer su soberanía. El tiempo pasa y Sheinbaum se está enredando en cargar problemas que no generó ella pero sin una buena comunicación puede quedar bajo sospecha.
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