Una de las grandes paradojas del México actual es que, aunque la pobreza ha disminuido en términos generales, la violencia persiste y se ha tornado cada vez más aterradora. Para comprender este fenómeno, es crucial reconocer que la relación entre pobreza y violencia no es lineal ni directa.
Históricamente, México y el mundo han tenido niveles más altos de pobreza sin los índices de violencia criminal que hoy nos aquejan. Criminalizar la pobreza como la causa principal de la violencia es un error que lleva a políticas públicas ineficaces y simplistas.
El sociólogo Marcelo Bergman, en su libro El negocio del crimen, plantea una tesis provocadora: el crecimiento económico puede alimentar el crimen, especialmente en contextos de gobernanza débil, instituciones corruptas y ausencia de regulación efectiva. México es un caso paradigmático de este fenómeno.
Los programas de transferencias sociales, como los “apoyos del bienestar”, han incrementado el poder adquisitivo de millones de mexicanos. Sin embargo, este aumento en el consumo no siempre se dirige a mercados lícitos. En cambio, ha fortalecido una demanda paralela por productos ilícitos o robados, como celulares, autopartes, drogas recreativas, ropa pirata y bienes asociados al hedonismo. Estos mercados están controlados por redes criminales que han profesionalizado sus operaciones.
A medida que crece la demanda en estos mercados ilícitos, el crimen se vuelve más rentable y sofisticado. En ciudades como Ecatepec, Guadalajara o Monterrey, los mercados ilegales no solo existen, sino que prosperan, a menudo con la complicidad de autoridades. Ejemplos como el comercio de gasolina robada o agua robada superan, en algunos casos, la magnitud del tráfico de drogas. No es casualidad que estados con alta actividad económica, como Guanajuato —un motor industrial del país—, también sean de los más violentos.
Aunque millones de jóvenes tienen ingresos, muchos están excluidos del mercado laboral formal. México cuenta con cerca de 20 millones de trabajadores en empleos precarios, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y los hace vulnerables al reclutamiento por parte de redes criminales.
La gobernanza en México atraviesa una crisis profunda. La policía sigue siendo ineficiente, el sistema judicial es lento y la impunidad es la norma. En este vacío de autoridad, el crimen organizado no solo florece, sino que asume funciones del Estado: regula mercados ilícitos, castiga “traiciones” y cobra impuestos, como el denominado “derecho de piso”.
La militarización de la seguridad pública no ha revertido esta tendencia. Los gobiernos han priorizado el uso de la fuerza, pero han descuidado estrategias clave como la inteligencia financiera y la regulación efectiva de mercados.
Uno de los factores más críticos para prevenir la violencia es la educación, pero este pilar ha sido gravemente debilitado. Más allá de impartir conocimientos académicos, la educación debería fomentar valores, habilidades sociales y pensamiento crítico. Sin embargo, el sistema educativo mexicano no está cumpliendo con este propósito, lo que agrava la vulnerabilidad de los jóvenes frente al crimen.
Para Bergman, la solución no radica en más patrullas o cárceles, sino en políticas complejas que aborden la economía del crimen. Entre las estrategias propuestas se encuentran:
- Cortar los flujos financieros ilegales: Desmantelar las redes que lavan dinero y financian actividades criminales.
- Regular mercados criminalizados: Explorar la legalización y regulación de ciertos bienes y servicios para reducir el control de las redes criminales.
- Fortalecer la justicia local: Agilizar los procesos judiciales y combatir la impunidad.
- Prevenir el reclutamiento de jóvenes: Crear oportunidades de empleo formal y programas educativos que ofrezcan alternativas reales.
México no puede seguir creciendo con la sombra de la violencia a su lado. Si no se transforma la relación entre prosperidad, desigualdad e impunidad, el crimen organizado continuará siendo el negocio más rentable del país. La solución requiere un enfoque integral que combine inteligencia económica, fortalecimiento institucional y una educación robusta que empodere a las nuevas generaciones. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia que amenaza el futuro de México.
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