Esta ha sido una de las semanas más tensas y ríspidas en las relaciones México-Estado Unidos: la mecha que inició la disputa pública fueron los señalamientos del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, al acusar al gobierno mexicano de “corrupto” y a la presidenta, de actuar como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.
Semanas antes, Claudia Sheinbaum había señalado la falta de congruencia del presidente Donald Trump, por negociar y acordar con el hijo de “El Chapo”, cuyo cártel había sido designado por él como “terrorista”, y que además en diversas ocasiones dijo que no negociaría con ellos. En el mismo evento matutino, la hoy inquilina de Palacio Nacional había exigido “respeto, colaboración y coordinación” entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Fiscalía General de la República (FGR).
Al retomar las declaraciones de la presidenta, el defensor de Ovidio Guzmán recordó el desafortunado capítulo de la detención, con cargos de narcotráfico en Estados Unidos, del General Salvador Cienfuegos, pero también su extradición, liberación y posterior condecoración por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que calificó de “absurdo” que el gobierno mexicano exigiera cualquier tipo de colaboración legal en este caso.
La reacción de la científica derivó en una demanda legal contra el abogado defensor de Ovidio Guzmán, por difamación -delito, por cierto, derogado desde el año 2007-.
Por si fuera poco, unas horas después, el presidente Donald Trump embistió: “los cárteles tienen controles muy fuertes sobre México y debemos hacer algo. Las autoridades mexicanas están aterradas… Los cárteles controlan a los políticos y a las personas electas”.
No se puede tapar el sol con un dedo, como si estos señalamientos no se hubieran hecho en la administración del expresidente Biden. Más allá de las acusaciones mutuas y la batalla en la narrativa de ser o no patriotas, el avance del crimen organizado en nuestro país y su relación con miembros de la clase política del oficialismo morenista ha sido evidente. Los primeros indicios se dieron durante el sexenio del tabasqueño con una promesa que hoy es una lápida para la justicia en México: “abrazos, no balazos”, y como signo de la impunidad, la liberación de Ovidio luego de su captura en noviembre de 2019 y, en el marco de su cumpleaños, el saludo a su abuela por el entonces jefe del Estado mexicano.
Una serie de dichos y hechos del gobierno han dejado ver cómo protege al crimen organizado. Una exalcaldesa morenista negociando con “Los Ardillos” en Guerrero; un exsubsecretario de Estado ofreciéndose como mediador con los grupos criminales; una gobernadora a quien le quitaron la visa junto con su esposo; otro gobernador cambiando escenas del crimen y acusado de ser financiado por el narcotráfico en su campaña, y un empresario que fungió como jefe de oficina del expresidente de la República socio de Vector, señalados de lavar dinero del narco, solo por mencionar algunos casos.
Hoy, los decomisos de drogas y huachicol que se han multipublicitado con la figura de Omar García Harfuch, no han sido suficientes para desmantelar la relación del régimen con estos grupos delictivos.
El hecho más reciente: la orden de aprehensión del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, mano derecha de Adán Augusto López, a quien se le vincula con el grupo criminal de “La Barredora” y que, según información pública, cuenta con el respaldo del Cártel de Sinaloa.
Y mientras los políticos oficialistas se la pasan entre comunicados y declaraciones de apoyo a los suyos -lo hicieron con Américo Villarreal, con Marina del Pilar, con Rubén Rocha y ahora con el ex secretario de Gobernación de López Obrador, Adán Augusto López Hernández-, el gobierno del vecino país del norte no detiene los golpes contra nuestro país, incluido el aumento del 17% de aranceles al jitomate mexicano.
El desgaste político de la presidenta en estos meses ha sido enorme, por más que presuman su popularidad, en tanto nadie sabe dónde ubicar a los ausentes Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, secretario de Relaciones Exteriores y Embajador de México en Estados Unidos respectivamente. El oficialismo nos tiene rondando en una peligrosa impunidad que pone en riesgo nuestra seguridad nacional y hace evidente la falta de conocimiento y herramientas políticas para enfrentar la grave crisis de credibilidad del Estado mexicano, leyes no faltan, lo que abunda es la carencia de voluntad política y sobran las complicidades.
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