La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado no tener información sobre investigaciones contra los líderes de la iglesia La Luz del Mundo en el país. ¿En serio? ¿La mujer con más poder en México desconoce lo que es evidentemente público, pero además judicializado?
La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITMPO-CDMX/0000702/2019 existe. Y no es la única. Las víctimas han mostrado una valentía admirable al denunciar, pero se enfrentan a un muro de complicidades políticas y religiosas que las mantiene en la invisibilidad. La cercanía de algunos líderes de esta iglesia con figuras del gobierno federal no debería ser un escudo contra la justicia.
Por eso es importante recapitular sobre este caso de abuso en el nombre de la fe.
Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, condenado en 2022 por abuso sexual de menores. La captura se realizó en Los Ángeles, como parte de una investigación federal que involucra a seis personas acusadas de integrar una red criminal dedicada a la trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, lavado de dinero y crimen organizado.
La acusación formal presentada en Nueva York describe una estructura delictiva conocida como “Joaquín LLDM Enterprise”, que habría operado durante décadas bajo el manto de la fe, utilizando la jerarquía religiosa para someter, manipular y silenciar a sus víctimas. La detención de Eva García no es un hecho aislado: también fueron arrestados otros miembros de la familia, mientras que tres implicados permanecen prófugos en México.
Este tema no es nuevo. Desde hace años, múltiples denuncias han señalado a los líderes de La Luz del Mundo por abusos sistemáticos. Sin embargo, la impunidad ha sido la constante.
Cabe recordar, que la sentencia de 16 años impuesta a Naasón Joaquín en California fue considerada insuficiente por muchas víctimas, y ahora, con la nueva acusación federal, podría enfrentar cadena perpetua.
Pero resulta alarmante el contraste entre la acción decidida de las autoridades estadounidenses y el silencio institucional en México. A pesar de las denuncias, reportajes, columnas y al menos cuatro documentales que exponen testimonios desgarradores, la respuesta oficial ha sido evasiva.
Durante mi labor como legisladora, acompañé a víctimas en su doloroso camino. He escuchado sus historias, sus miedos, sus luchas. Y también he sido testigo del desprecio institucional que enfrentan. Se les cuestiona, se les culpa, se les revictimiza. “¿Por qué no se alejaron?”, “¿Por qué no denunciaron antes?”, “Seguro buscan dinero”. Estas frases, repetidas desde la ignorancia, perpetúan el daño.
La trata de personas es un delito complejo. Involucra manipulación, engaño, coerción, fraude. No es fácil de entender, ni siquiera para quienes aplican la ley. Pero eso no justifica la inacción. La justicia no puede depender de la popularidad de los acusados ni de sus vínculos con el poder.
Además son ya muchos los casos donde miembros del oficialismo gozan de la total protección gubernamental, por ser parte de un mismo movimiento político, porque a cambio de votos se desdeña el sufrimiento de otros y se otorgan licencias de impunidad.
Por eso, resulta ofensivo que en el marco de la conmemoración de la independencia, la presidenta haya elegido como símbolo feminista a Josefa Ortiz, omitiendo su apellido de casada como gesto de ruptura con prácticas consideradas patriarcales, mientras guarda silencio ante los abusos cometidos contra niñas y mujeres por líderes religiosos.
La defensa de los derechos de mujeres y niñas no debería ser estética ni una narrativa simbólica. Es una postura ética que exige coherencia, no puede limitarse a colores de pañuelos ni discursos. Hay dolores que exigen acciones concretas. Hay víctimas que no pueden esperar más. Y hay responsabilidades que no se pueden eludir.
La fe no debe ser utilizada como escudo para el abuso. La justicia debe llegar, sin importar cuán alto sea el púlpito desde el que se predica.
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