Llegamos al segundo piso de la llamada transformación con la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado México en décadas. Lo que se prometió como un sistema de salud como el de Dinamarca, terminó pareciéndose más a un simulacro tercermundista, donde la propaganda suplanta la atención médica y los spots gubernamentales intentan maquillar lo que los datos oficiales ya no pueden ocultar.
Esta semana, sin sorpresa alguna, se evidenció la deuda del gobierno federal con las farmacéuticas: 19 mil millones de pesos. La filtración de una conversación entre funcionarios de la Secretaría de Salud con sus proveedores, reveló un ultimátum para que cumplan con la entrega en dos semanas. ¿El gobierno pretende que se cumpla la meta en dos semanas, si han pasado siete años sin que asuman la responsabilidad ante su fracaso?
¿Cuál fue el propósito de filtrar esa grabación? ¿Lavarle la cara al oficialismo para dibujarlo como el ente responsable que le exige “a los verdaderos culpables” que por el bien del pueblo cumplan?
Lo presentaron como un acto de “valentía” y compromiso, pero en realidad fue una confesión de ineficiencia. Porque cuando el Estado no paga, no hay medicamentos. Y cuando no hay medicamentos, no hay salud.
Uno de los antecedentes más graves de este colapso fue el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado para sustituir al Seguro Popular sin una planeación seria ni una transición responsable. El Insabi prometía atención médica gratuita y universal, pero en la práctica dejó sin cobertura a millones de mexicanos, especialmente a quienes viven en zonas rurales o en condiciones de vulnerabilidad. Su desaparición no vino acompañada de una evaluación técnica ni de rendición de cuentas: simplemente se borró del mapa, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un vacío institucional y financiero que aún no se ha resuelto.
Y como si no bastara con el desmantelamiento del Insabi, llegaron ocurrencias como las “farmaciototas del bienestar”, que más que resolver el desabasto, lo profundizaron. ¿Cuántas de esas farmacias están realmente abastecidas? ¿Cuántas funcionan como se prometió? La respuesta está en las comunidades que siguen esperando medicamentos básicos.
La herencia de López Obrador en materia de salud es devastadora. El desabasto de medicamentos se convirtió en norma, los hospitales públicos operan en condiciones deplorables, y la contratación de médicos cubanos -con pagos directos al régimen castrista- fue denunciada por organismos internacionales como una forma de trata con fines de explotación laboral. A esto se suma el colapso del sistema de vacunación, que nos regresó enfermedades que ya estaban controladas: sarampión, tosferina, rubéola y varicela. Las más afectadas: niñas y niños, víctimas silenciosas de un Estado que les falló.
Pero si el sexenio anterior dejó una estela de abandono, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum parece empeñado en continuarla. En sus primeros spots, se atrevió a decir que “la salud no es un negocio, es un derecho universal y gratuito”, mientras mostraba imágenes de hospitales de primer mundo, quirófanos equipados y personal de salud “feliz, feliz feliz”, lo que en realidad no existe. La desesperación de los funcionarios en la materia ha sido evidente, se enfrentan todos los días a las exigencias ciudadanas y a las carencias de un sistema que fue abandonado.
La presidenta de México, tiene una narrativa que no difiere de la de su antecesor: ¡Somos MORENALANDIA! ¡Todos estamos felices en un país que prohíbe vapeadores en honor al hijo menor del expresidente, que elimina comida chatarra y alta en calorías, mientras promueve los chocolates del bienestar como tributo a los hijos de López Obrador, a quien sigue defendiendo con fervor, aunque los resultados la contradigan.
Y mientras tanto, el Presupuesto de Egresos para 2026 confirma lo que ya sabíamos: el desprecio del gobierno por la salud de los mexicanos. Como lo escribí en mi anterior entrega, la asignación del 2.6% del PIB está muy por debajo del estándar recomendado por la OMS, que sugiere al menos el 6 por ciento.
Esta decisión no es técnica, es política, y su consecuencia directa es la perpetuación de las carencias sociales, la marginación de los más vulnerables y la consolidación de un sistema que excluye en lugar de proteger.
Nos quieren vender que ya somos Dinamarca, pero los datos nos colocan más cerca de Haití. Y mientras el gobierno se niega a asumir su responsabilidad, millones de mexicanos siguen pagando con su salud -y en muchos casos, con su vida- el costo de una transformación que nunca llegó.
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