Consulta popular asesinó a Jesús

Las consultas populares solo sirven para que el presidente frene proyectos que no le gustan y justifique los que le gustan.



El gobierno del presidente López Obrador y los legisladores de Morena incorporaron a la Constitución las consultas populares, que de no haberse incluido en la Constitución serían inconstitucionales, pues implican una invasión del poder ejecutivo al judicial y violan varias de las garantías individuales, ahora llamadas derechos humanos.

Los emperadores romanos usaban la consulta popular en el circo. Cuando un gladiador tenía sometido a otro para clavarle la espada y matarlo, volteaba a ver al emperador, quien consultaba al populacho asistente, y según los que gritaban más que lo mataran o perdonaran, el emperador decidía.

La consulta popular más famosa fue la que condenó a Jesús a morir en la cruz. Poncio Pilatos se lavó las manos, pues sabía que era inocente, pero para evitarse problemas con el Sanedrín aprobó ese magnicidio. El pueblo judío tampoco es responsable, pues el 99.9% de los judíos no participaron en esa consulta popular, manipulada por el sacerdote judío Caifás, quien pidió a Pilatos la muerte de Jesús, y llevó acarreados a la consulta popular. Caifás violó las leyes judías en el proceso de cristo.

En México, las consultas populares funcionan en forma parecida. En una consulta popular realizada en Mexicali para frenar la construcción de una fábrica cervecera, no participó ni el 1% de los habitantes de esa ciudad.

En el aeropuerto de Texcoco se legitimó su innecesario abandono con una consulta popular donde la mayoría que votó no sabía ni donde estaba Santa Lucía. Aprobó esa costosa decisión menos del 1% de la población con credencial de elector. El único beneficiado fue un contratista “amigo” del presidente, quien lo engañó y convenció, que había corrupción en su construcción y era más barato construirlo en Santa Lucía.

Las consultas populares son antidemocráticas, violan la división de poderes y le dan un poder arbitrario al presidente. Van contra el Estado de derecho, crean incertidumbre y ahuyentan la inversión, pues el presidente, sin escuchar a los perjudicados, imparte “justicia” en menos tiempo que en los juicios sumarios, utilizados por el dictador Robespierre, al principio de la Revolución Francesa.

Las consultas populares solo sirven para que el presidente frene proyectos que no le gustan y justifique los que le gustan.


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