Taller de laboratorios de humanización

El gobierno como un taller efectivo ha de escuchar a las familias y responder con políticas públicas que garanticen beneficios para todos y en los distintos aspectos del rico mosaico de la patria a la que todos pertenecen.


Familia


Cada familia es un laboratorio de humanización y todos sus miembros, sin excluir a ninguno, son los artífices de ese resultado que deseamos sea una realidad. La responsabilidad es muy concreta. Si acaso, los miembros de una familia pueden influir en otras dos o tres familias con el ejemplo de la suya y con consejos. Pero siempre los miembros de una familia serán los profesionales que solos o asociados buscarán subsistir prestando servicios a los demás.

Sin embargo, quien tiene la obligación de crear un entorno adecuado para la buena marcha de todas las familias de su demarcación es el gobierno. Este es el deber ineludible que se concreta en crear políticas públicas que ofrezcan posibilidades para que los miembros de las familias puedan conseguir recursos, y llevar a cabo sus proyectos. De manera metafórica el gobierno atendiendo estos aspectos se convierte en algo semejante a un taller donde las personas, las familias o las instituciones intermedias pueden conseguir incentivos para lograr sus metas en servicio personal y de los demás.

Un taller nunca es un espacio de beneficencia, porque su finalidad es resolver, de manera práctica e inmediata, alguna necesidad. En general se pueden clasificar en dos grupos: en los que se hace un trabajo manual –de ropa, de pintura, de reparaciones-, y en los que se trasmiten conocimientos a quienes se encaminan al dominio magistral –un arquitecto, un médico, un artista y sus respectivos alumnos–. Por eso los ciudadanos pagan contribuciones. Así cada familia resuelve sus necesidades y retribuye lo justo.

Hay derechos sociales y las familias deben señalar los requerimientos necesarios para satisfacerlos. Por lo tanto, todas tienen un protagonismo y si no actúan adecuadamente, provocan serios retrasos para la resolución de los problemas o para abrir nuevos proyectos. No deben desentenderse de los problemas ni de las innovaciones. Se precisa la actuación pública de los miembros de la familia, y siempre empieza con la manifestación de los padres.

Aunque cada familia hace énfasis en sus necesidades, siempre han de abrirse a las necesidades de los demás, es el modo de colaborar con el bien común. Esas demandas oportunas y bien expresadas forjan las virtudes cívicas, especialmente la justicia y la colaboración. Muchas veces las sociedades se deterioran porque los ciudadanos satisfechos se olvidan de quienes no lo están.

Al gobierno le compete asegurarse de que esos derechos sociales cubran a todos los miembros de la sociedad, no sólo a quienes están en las grandes urbes, sino también a aquellos habitantes de otras circunscripciones: ciudades pequeñas, áreas rurales, mineras, etcétera. Para que tengan la infraestructura propia para disfrutar de los adelantos propios de la creatividad humana. El gobierno tiene que ser plural y velar por todos.

El capítulo de la eficiencia administrativa supone una gran responsabilidad que le compete al gobierno. Por eso, los servidores públicos, a los que se les elige de acuerdo a su preparación y a sus méritos, tienen que aplicar sus conocimientos y mantener una actualización permanente, atentos a los adelantos, no sólo de su patria sino de las de otras naciones, para estar a la altura de las circunstancias. Han de saber corresponder a la confianza que se les ha depositado. Su tarea tiene repercusiones a niveles mucho más altos y más extensos.

La participación civil ciudadana no es una entelequia, sino es el fruto de la actividad de los miembros de la familia que salen fuera de sus muros. La conciencia social y la participación se impulsan desde la familia. Los padres han de descubrir las necesidades de otros, y si ellos las tienen satisfechas, ver cómo compartir parte de lo suyo con los demás.

Juan Carlos Romero Hicks en un artículo publicado en El Sol de México el 19 de agosto de 2019, Sección Análisis, página 19, recuerda unas palabras de Manuel Gómez Morin fundador del PAN: el bien mal hecho es peor que el mal en sí mismo porque anula la conciencia del mal. Cada nivel –individual, familiar, extra familiar o gubernamental– tiene la obligación de hacer el bien-bien hecho, de otro modo, veladamente, se contribuye al deterioro humano. De momento casi no se percibe, pero poco a poco se abre paso a la decadencia.

Una manera de practicar el auténtico bien es fomentar el amor a la patria. Y para que ese amor no quede en un anhelo romántico, pero difuso, quienes están a cargo del gobierno de una nación podrían perseguir dos metas: el ejercicio de la auténtica libertad de cada ciudadano y, dentro del marco legal, la autonomía de las instituciones. El trasfondo está en la buena conducta de cada quién y en la buena conducta de cada uno en su respectivo grupo. Todos con su legítima diversidad se unen en el fin común de mejorar a la patria.

Además, este modo de proceder, en un mundo global donde se han facilitado las posibilidades de vivir en otros sitios, forja el auténtico amor a su terruño, combinado con el respeto a otras formas de cultura y al agradecimiento por la oportunidad de convivir con ellos. Esto ahoga cualquier manifestación de resentimiento o de injusticia. Así se forjan mujeres y hombres ciudadanos del mundo, pero orgullosamente afincados en su país de origen.

La meta de lograr el ejercicio de la libertad de cada ciudadano, requiere de una sólida educación, dada en la familia y en la escuela. Este es un terreno donde los padres tienen que ser valientemente propositivos, para que el gobierno diseñe las políticas adecuadas. Políticas adecuadas son las que forman a niños y a jóvenes en el ejercicio del bien, cueste lo que cueste. No hay ejercicio de la libertad sin la búsqueda del bien. Este bien excluye el individualismo y pragmatismo que sólo busca el bien del yo y se olvida del bien de los demás.

La otra meta está en las autonomías institucionales. Esto muestra la creatividad de los grupos para promover el bien. Instituciones de todo tipo: educativas, laborales, recreativas, científicas, etcétera. Cada una en su respectivo campo, haciéndolo bien y difundiendo el bien. El gobierno supervisa, pero no asfixia ni sustituye.

Todo esto derrama la buena salud que evita cualquier tipo de dictadura por parte del gobierno o cualquier anquilosamiento de quienes tienen capacidad. La salud social consiste en contar con instituciones autosuficientes, pero no cerradas en su propio beneficio, que lo deben tener, para lograr el segundo beneficio que es la derrama de oportunidades para los demás. Por tanto, se evita que quienes forman parte de esas instituciones se vuelvan minorías privilegiadas y busquen solamente su bien estar, o si acaso, el beneficio de otros, pero por una finalidad únicamente pragmática: porque al establecer una negociación obtendrán beneficios.

El gobierno como un taller efectivo ha de escuchar a las familias y responder con políticas públicas que garanticen beneficios para todos y en los distintos aspectos del rico mosaico de la patria a la que todos pertenecen.

 

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