Cada mañana, millones de mexicanos salen a trabajar sin contrato, sin seguro social, sin ahorro para el retiro y sin certeza de qué ocurrirá si enferman o envejecen. No son cifras abstractas: son personas que sostienen buena parte de la economía nacional desde la fragilidad. De acuerdo con la última medición de la INEGI, más del 54% de la población ocupada en México trabaja en la informalidad, una condición que no solo limita el crecimiento económico, sino que erosiona la justicia social y la dignidad humana.
La informalidad no es únicamente un problema técnico o fiscal; es, ante todo, un problema humano. Implica vidas sin red de protección, familias expuestas a la pobreza ante cualquier accidente y generaciones enteras condenadas a envejecer sin pensión. En un país donde el trabajo es uno de los valores más profundamente arraigados, la pregunta es incómoda pero urgente: ¿por qué trabajar tanto no garantiza una vida digna?
Crecimiento sin dignidad no es desarrollo
Durante las últimas décadas, México ha presumido estabilidad macroeconómica, apertura comercial y una fuerte integración a las cadenas productivas globales. Sin embargo, estos logros no se han traducido de manera suficiente en empleos formales y protegidos. El Producto Interno Bruto puede crecer, pero si ese crecimiento no se refleja en trabajos con derechos, el desarrollo es incompleto.
La Organización Internacional del Trabajo ha sido clara: la informalidad es uno de los principales obstáculos para el trabajo decente en América Latina. En México, esta realidad se concentra en sectores como el comercio, los servicios personales, la construcción y el trabajo doméstico, donde predominan bajos ingresos, ausencia de contratos y jornadas extensas.
Economistas laborales advierten que el problema no se limita a los trabajadores por cuenta propia. También hay empresas formalmente constituidas que operan con esquemas informales, evadiendo cuotas de seguridad social para reducir costos. El resultado es un mercado laboral fragmentado, donde la legalidad compite en desventaja frente a la precariedad.
Desarrollo: las barreras que empujan a la informalidad
¿Por qué tantos mexicanos permanecen en la informalidad incluso cuando desean salir de ella? Las razones son múltiples y estructurales.
1. Costos y complejidad del sistema
Para un pequeño emprendedor, formalizarse implica trámites, pagos fiscales y cuotas de seguridad social que, en muchos casos, superan su margen de ganancia. “Si me doy de alta, gano menos de lo que ya gano”, explica Rosa Martínez, vendedora ambulante en el oriente de la Ciudad de México. “No es que no quiera, es que no me alcanza”.
2. Bajos salarios y productividad limitada
La informalidad también es reflejo de un problema más profundo: salarios insuficientes. Muchos empleadores, especialmente en microempresas, no generan el valor necesario para cubrir un empleo formal. Esto perpetúa un círculo vicioso: baja productividad → bajos salarios → informalidad.
3. Falta de confianza institucional
Algunos trabajadores desconfían de un sistema que perciben lejano o ineficiente. “Conozco gente que cotizó años y nunca recibió pensión”, señala José Luis, albañil de 52 años en Puebla. “Yo prefiero guardar lo poco que puedo”. La desconfianza, fundada o no, aleja a millones de la seguridad social.
Trabajar hoy, temer mañana
María Elena tiene 47 años y desde hace dos décadas trabaja como costurera desde su casa en Ecatepec. Nunca ha tenido seguro social. “Cuando mis hijos eran pequeños, no podía dejar de trabajar para ir a un empleo formal”, cuenta. “Ahora me duele la espalda, la vista, y pienso: ¿qué voy a hacer cuando ya no pueda coser?”
Su historia se repite en millones de hogares. La informalidad no siempre es elección; muchas veces es la única opción compatible con el cuidado de los hijos, la falta de transporte o la ausencia de empleos formales cercanos. Esta realidad interpela directamente al principio de la dignidad de la persona humana, que exige que el trabajo sea medio de realización, no de desgaste.
La mirada ética: trabajo, justicia y bien común
El trabajo no es solo un factor de producción, sino una vocación. Cuando un sistema económico tolera que más de la mitad de su fuerza laboral carezca de protección básica, se rompe el equilibrio entre eficiencia y justicia.
El principio del bien común exige políticas públicas que faciliten la formalización sin asfixiar a los pequeños productores. La subsidiariedad llama a que el Estado apoye —no sustituya— a quienes generan empleo, mientras que la solidaridad recuerda que una sociedad se mide por cómo protege a sus miembros más vulnerables.
Propuestas y caminos posibles
Expertos coinciden en que reducir la informalidad no se logra con sanciones aisladas, sino con reformas integrales:
- Simplificación fiscal y administrativa para micro y pequeñas empresas.
- Esquemas flexibles de seguridad social, adaptados a trabajadores independientes.
- Incentivos reales a la formalización, no solo obligaciones.
- Educación financiera y laboral, que permita comprender los beneficios de cotizar.
Países con altos niveles de formalidad han demostrado que formalizar puede ser rentable si el sistema es claro, accesible y confiable.
La informalidad laboral en México no es una anomalía marginal; es el corazón de un modelo que ha normalizado la precariedad. Detrás del 54.3% hay rostros, historias y futuros en riesgo. Combatirla no es solo una tarea económica, sino un imperativo ético.
Si el trabajo es fuente de dignidad, entonces ningún mexicano debería trabajar toda su vida sin la certeza de un retiro digno o atención médica. Formalizar el empleo es, en última instancia, una forma concreta de justicia social y un acto de coherencia con los valores más profundos del país.
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