La economía mundial atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A la desaceleración económica, la inflación persistente y el endeudamiento récord, se suman dos fuerzas estructurales que ya no pueden ignorarse: la crisis climática y el aumento sostenido de la desigualdad.
Durante el más reciente World Economic Forum, celebrado en Davos, el diagnóstico fue prácticamente unánime: el modelo económico dominante —centrado en el crecimiento ilimitado, la explotación intensiva de recursos y la concentración de riqueza— muestra signos evidentes de agotamiento.
Según el Global Risks Report del propio Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales —eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas— encabezan la lista de amenazas para la estabilidad global en la próxima década. A ello se suma que, de acuerdo con Oxfam, el 1% más rico del planeta posee más riqueza que el 99% restante, una brecha que se amplió tras la pandemia.
“La economía no puede seguir tratándose como un sistema aislado de la vida real de las personas y del planeta”, afirmó en Davos la economista Mariana Mazzucato, profesora del University College London y asesora de gobiernos europeos. “Si no redefinimos el valor, seguiremos premiando actividades que destruyen más de lo que crean”.
Impuestos verdes, transición energética y nuevas reglas del juego
Entre las propuestas que dominaron los foros internacionales destacan los llamados impuestos verdes: gravámenes a actividades altamente contaminantes, como la emisión de carbono, la extracción intensiva de recursos o el uso de combustibles fósiles. La lógica es doble: desincentivar prácticas dañinas y generar recursos para financiar la transición energética.
La Agencia Internacional de Energía ha señalado que, para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la inversión anual en energías renovables deberá duplicarse antes de 2030. Sin embargo, la mayor parte de esa inversión sigue concentrándose en países desarrollados, mientras que las economías emergentes enfrentan limitaciones fiscales y financieras severas.
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, reconoció en Davos que “sin mecanismos de financiamiento más justos y accesibles, pedir a los países en desarrollo que carguen con el costo de la transición climática es simplemente inviable”.
En este sentido, se discutieron reformas a los sistemas financieros globales, incluyendo una mayor participación de los bancos multilaterales de desarrollo, reestructuración de deudas soberanas y esquemas de financiamiento mixto público-privado con criterios ambientales y sociales obligatorios.
El costo humano de no cambiar el rumbo
Más allá de los indicadores macroeconómicos, las decisiones económicas tienen consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de personas. En América Latina, por ejemplo, la CEPAL ha documentado que más de 180 millones de personas viven en situación de pobreza, mientras que los eventos climáticos extremos —sequías, inundaciones, huracanes— afectan de manera desproporcionada a comunidades rurales y urbanas marginadas.
María López, productora de café en Chiapas, lo vive de forma directa. “Antes sabíamos cuándo sembrar y cuándo cosechar. Ahora las lluvias ya no llegan como antes y perdemos parte de la producción. Los precios no suben, pero los costos sí”, relata. Para ella, hablar de sostenibilidad no es una moda, sino una cuestión de supervivencia.
Historias como la de María se repiten en África, Asia y América Latina. El Banco Mundial estima que, sin políticas de adaptación y protección social, el cambio climático podría empujar a más de 130 millones de personas a la pobreza extrema en la próxima década.
Economía al servicio de la persona
Estos debates no son meramente técnicos. La centralidad de la persona humana, el destino universal de los bienes y el bien común son principios que interpelan directamente a los modelos económicos actuales.
El papa Francisco fue particularmente crítico de una economía que “mata” cuando excluye, descarta y destruye. En Laudato Si’, advierte que la crisis ambiental y la crisis social son dos caras de la misma moneda. No se trata solo de proteger la naturaleza, sino de proteger a los más vulnerables.
“Una auténtica transición ecológica debe ser también una transición social”, señala el documento. Es decir, no basta con cambiar fuentes de energía si se mantienen estructuras de injusticia, corrupción o concentración del poder económico.
Para México, este enfoque resulta especialmente relevante. El país enfrenta simultáneamente retos de pobreza, informalidad laboral, deterioro ambiental y debilidad institucional. Avanzar hacia un modelo económico sostenible implica fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y promover una participación responsable del sector privado.
México en el tablero global
México participa activamente en estos foros internacionales, pero el reto está en traducir los compromisos globales en políticas públicas coherentes a nivel nacional. Expertos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han advertido que, sin reglas claras y certidumbre jurídica, la inversión verde difícilmente llegará en la magnitud necesaria.
Al mismo tiempo, organizaciones empresariales han comenzado a reconocer que la sostenibilidad ya no es solo un tema reputacional, sino un factor de competitividad. Empresas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) muestran mayor resiliencia frente a crisis económicas y regulatorias.
Sin embargo, el riesgo de que la transición se quede en el discurso es real. Como advierte el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel, “la coordinación global es indispensable, pero sin voluntad política y mecanismos de rendición de cuentas, las buenas intenciones no cambian realidades”.
Coordinar o pagar el precio
El debate económico global ha entrado en una fase decisiva. Persistir en el modelo actual implica aceptar mayores niveles de desigualdad, conflictividad social y degradación ambiental. Avanzar hacia un modelo sostenible y equitativo exige coordinación internacional, reformas estructurales y, sobre todo, una visión ética que coloque a la persona y al bien común en el centro.
Para las nuevas generaciones —Millennials y Centennials— el mensaje es claro: el futuro económico no se juega solo en los mercados, sino en las decisiones colectivas que hoy definan qué tipo de desarrollo queremos y para quién. La sostenibilidad no es un lujo ideológico; es una condición para la dignidad humana y la viabilidad del planeta.
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