La reforma electoral que impulsa el gobierno federal ha reabierto una discusión de fondo sobre el modelo democrático en México y el papel que debe jugar el Instituto Nacional Electoral (INE). Más allá del discurso de modernización y participación ciudadana, el proceso para modificar al árbitro electoral ha seguido una ruta política que revive tensiones conocidas: la desconfianza del poder hacia los órganos autónomos y la apuesta por una democracia más centralizada en la voluntad de las mayorías.
El camino hacia esta reforma no comenzó de manera abrupta. Desde los primeros meses de la actual administración, el tema electoral fue colocado de forma gradual en la conversación pública. En declaraciones recurrentes, la presidenta y funcionarios de su círculo cercano insistieron en que el sistema electoral es costoso, poco eficiente y distante de la ciudadanía. Aunque se evitó un ataque frontal al INE, la narrativa fue clara: el modelo heredado debía ser revisado y ajustado desde el poder político.
Durante la primavera y el verano de 2025, la discusión dejó de ser retórica. El Ejecutivo anunció la creación de una comisión presidencial encargada de elaborar una propuesta de reforma electoral. La instalación de este grupo marcó el primer paso formal para reorganizar el sistema, aun cuando no existía una evaluación pública consensuada sobre fallas estructurales en la organización de elecciones. Desde su origen, la comisión fue integrada mayoritariamente por perfiles cercanos al proyecto de gobierno, lo que encendió alertas sobre la pluralidad del proceso.
A partir de ese momento se desplegó una serie de foros y consultas públicas en distintas regiones del país. Oficialmente, estos encuentros buscaban recoger opiniones ciudadanas y de especialistas. En la práctica, diversos actores políticos y organizaciones civiles señalaron que la participación fue limitada y que muchas mesas estuvieron dominadas por voces alineadas al oficialismo. Los ejercicios no fueron vinculantes ni contaron con reglas claras de representatividad, lo que redujo su peso como mecanismos reales de deliberación democrática.
Hacia finales de 2025, el gobierno confirmó que el proyecto de reforma estaba prácticamente listo y que sería enviado al Congreso en el primer periodo ordinario de 2026. Para entonces ya se conocían algunos de sus ejes centrales: reducción de financiamiento a partidos y autoridades electorales, revisión de los mecanismos de representación proporcional y un rediseño del papel del INE en favor de una mayor participación directa de la ciudadanía. Aunque se reiteró que la autonomía del instituto no estaba en riesgo, el énfasis se desplazó hacia la eficiencia y el control del gasto.
Este proceso contrasta con la etapa en la que Lorenzo Córdova encabezó el INE. Durante su gestión, el instituto se consolidó como un árbitro con capacidad técnica, autonomía operativa y margen de decisión frente al poder político. Fue un periodo marcado por confrontaciones abiertas con el gobierno federal, especialmente cuando el INE fiscalizó campañas del partido gobernante, sancionó irregularidades o defendió su estructura frente a intentos de recorte. Aquella tensión evidenciaba una institución que ejercía su papel de contrapeso, aun a costa del desgaste político.
En el contexto actual, el funcionamiento del Consejo General del INE también ha sido objeto de cuestionamientos. A diferencia de etapas previas, en las que el órgano colegiado se caracterizaba por deliberaciones públicas, votaciones divididas y una lógica de pesos y contrapesos internos, el Consejo ha mostrado una dinámica más alineada con las posiciones del gobierno federal. Consejeros que antes marcaban distancia frente al Ejecutivo han optado por un perfil más discreto, reduciendo el disenso visible y debilitando la imagen de un árbitro electoral independiente.
Este cambio se ha acentuado con la concentración de decisiones en la presidencia del instituto. Bajo el liderazgo de Guadalupe Taddei, el INE ha transitado hacia un esquema en el que el peso político y operativo se desplaza del carácter colegiado del Consejo General hacia la figura presidencial. Analistas y actores políticos advierten que decisiones estratégicas, desde el tono institucional hasta la relación con el Ejecutivo y el Congreso, se definen cada vez más desde la presidencia, lo que erosiona el principio de conducción colectiva que históricamente funcionó como garantía de imparcialidad.
El antecedente inmediato de este momento es el llamado “Plan B” electoral impulsado durante el sexenio anterior y parcialmente invalidado por la Suprema Corte. Aquella iniciativa buscaba reducir la estructura del INE y limitar sus atribuciones. Aunque no prosperó plenamente, dejó instalada la idea de que el árbitro electoral debía ser acotado. La reforma actual retoma esa lógica, ahora bajo un discurso menos confrontacional pero con efectos potencialmente similares.
En el Congreso, la iniciativa ha generado tensiones incluso dentro de la coalición gobernante. Las negociaciones revelan la ausencia de un consenso amplio y el temor de algunos aliados al costo político de modificar reglas electorales sin acuerdos transversales. Aun así, la ruta legislativa avanza con la intención de que los cambios puedan incidir en procesos electorales futuros.
El debate de fondo no es si el sistema electoral puede perfeccionarse, sino si la transformación fortalece o debilita los contrapesos. Bajo la lógica institucional que defendió el INE en años anteriores, la democracia se sostenía en reglas claras y autonomía efectiva. En el nuevo planteamiento, la participación ciudadana se presenta como eje central, pero sin mecanismos claros que garanticen independencia y pluralismo. Los pasos dados hasta ahora sugieren una reforma construida desde el poder, no desde un consenso democrático amplio, y colocan al INE en el centro de una redefinición que marcará la calidad de la democracia mexicana.
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