La extorsión en México creció en 20 de las 32 entidades del país y hoy tiene de rodillas a los empresarios lo que limita la operación, la inversión y el crecimiento del país, por lo que obliga a colocar este delito como prioridad nacional de política pública para combatirlo, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El sindicato patronal señaló que si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito. Fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción.
Reveló que al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan una paradoja alarmante: pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva.
Además, sañaló, el incremento registrado desde 2015 se basa únicamente en las extorsiones denunciadas, lo que no refleja la dimensión real del problema, ya que diversas estimaciones advierten que, al considerar la cifra negra, el crecimiento de este delito sería aún más relevante.
La Coparmex afirmó que el balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural, toda vez que en comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de seis mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1 por ciento en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.
Enfatizó que la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, concentran 65.2 por ciento de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula el 81.0 por ciento del total nacional.
Reveló que en 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de mil 300 por ciento; Chiapas, con 364.3 por ciento; Ciudad de México, con 264.4 por ciento; Nayarit, con 171.4 por ciento; Yucatán, con 100 por ciento; y Puebla, con 84.4 por ciento, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos.
Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato con ocho municipios en este grupo, la Ciudad de México concentra cuatro y Nuevo León cuenta con dos. “Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez”, enfatizó.
Agregó que en las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente: 17.35 por ciento de los delitos se concentran en entidades colindantes, de los cuales 12.27 por ciento corresponden a la frontera norte y 5.07 por ciento a la frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, destaca la frontera sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4 por ciento frente al 7.9 por ciento observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.
El organismo patronal dijo que esta tendencia coincide con lo que viven las empresas en la nación. Indicó que según los resultados de #DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que 46.8 por ciento de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos. El 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derechos.
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